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Un artículo de Nature revela que Chaco promovió la deforestación ilegal de bosques nativos durante 15 años
Según la investigación, varias administraciones provinciales realizaron cambios en los regímenes de protección del Gran Chaco, el segundo ecosistema más grande de Sudamérica después del Amazonas; la respuesta de la gestión actual
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Un artículo científico publicado esta semana en la revista Nature reveló, mediante un análisis geográfico y de datos oficiales —obtenidos a través de pedidos de acceso a la información pública—, seis estrategias administrativas que promovieron la deforestación y redujeron deliberadamente la protección de zonas conservadas de bosque nativo en Chaco.
En diálogo con LA NACION, los autores explicaron que entre 2009 y 2024, los gobiernos de esta provincia han “blanqueado” zonas deforestadas y promovido la tala mediante estrategias legales que beneficiaron a la producción agrícola, ganadera y a industrias asociadas a la madera.
Los investigadores detrás del artículo —el biólogo Matías Mastrangelo, del Conicet, y la ambientóloga Vera Krause, del Julius Kühn-Institut, de Alemania— determinaron que estas estrategias abarcaron distintas administraciones chaqueñas: los tres mandatos de Jorge Capitanich (PJ) y los mandatos de Juan Carlos Bacileff Ivanoff (PJ), Domingo Peppo (PJ) y Leandro Zdero (UCR).
Durante sus gobiernos, destacaron los autores, se realizaron cambios en los regímenes de protección de bosques que contribuyeron a la pérdida de la porción argentina del Gran Chaco, el segundo ecosistema más grande de América del Sur después del Amazonas. “El desmonte en la región chaqueña es una política de Estado que no distingue partidos”, describió Mastrangelo.
El Gran Chaco es el bosque seco más grande del mundo y se extiende por Bolivia, Paraguay y la Argentina. Entre 1985 y 2020 se perdió casi el 30% de este ecosistema, y la mayor reducción se registró en nuestro país, donde se perdieron 10,3 millones de hectáreas, poco menos que la superficie de la provincia de Santa Fe.
Un estudio publicado el año pasado en la Revista de Investigación de Modelos Financieros de la UBA planteó que esta pérdida ecológica también genera problemas productivos y comerciales e identificó tres riesgos económicos vinculados a la tala del bosque: una menor productividad por la pérdida de servicios ecosistémicos provistos por los bosques; la pérdida de mercados ante los requisitos cada vez más exigentes de cadenas de valor libres de deforestación; y los riesgos financieros, por las condiciones de producción sustentable que exigen organismos de crédito internacional.
Degradación de la protección
Uno de los métodos identificados en el artículo es la recategorización de las zonas de protección de los bosques para permitir actividades productivas. La ley de bosques nativos establece que las provincias deben diseñar un ordenamiento territorial que clasifique las zonas según su nivel de conservación: rojo, donde los bosques son inalterables; amarillo, donde solo se permiten actividades de muy bajo impacto; y verde, donde se puede modificar el terreno con autorización. Este ordenamiento debe revisarse cada cinco años.
Los investigadores revelaron que, ante el pedido de 60 grandes propietarios, las autoridades chaqueñas recategorizaron en 2012 zonas protegidas, pasándolas de amarillo a verde. Entre 2013 y 2018, esas empresas desmontaron 34.300 hectáreas en las 60 propiedades.
Si bien esta es una herramienta que puede ser considerada legal en casos excepcionales, los autores señalan que el mecanismo se volvió sistemático. Tanto la Ley de Bosques como la Ley General del Ambiente se rigen por el principio de “no regresión”, que impide reducir el nivel de protección de un bosque previamente resguardado.
En 2019, la Defensoría del Pueblo provincial presentó un amparo y una medida cautelar para suspender una solicitud de cambio de zonificación de amarillo a verde en 53 predios, la mayoría en el departamento chaqueño de Almirante Brown.
Dos estrategias en la zona amarilla
Dentro de las zonas amarillas existen, según la ley de bosques nativos, algunas actividades productivas permitidas, siempre que sean de “bajo impacto” y estén reguladas por la autoridad de aplicación. En Chaco, esta categoría incluye actividades silvopastoriles y la extracción selectiva de madera. Esta última contempla la tala selectiva de especies como el quebracho y el algarrobo bajo criterios de manejo sustentable.
En el estudio publicado en Nature, se encontró que el 64% del área forestal con permiso de manejo silvopastoril es “indistinguible respecto a la tierra completamente desmontada, debido a la mortalidad gradual de los árboles dispersos y la interrupción forestal”. De acuerdo con el estudio, los criterios técnicos para otorgar estos permisos son muy laxos y no existen hoy directrices estrictas para la regeneración forestal.
Por otro lado, los expertos informaron que el gobierno otorgó permisos para extraer más del doble de lo que el bosque puede proveer de madera. En los casi 8000 permisos otorgados entre 2010 y 2024 ‒que abarcan 784.000 hectáreas‒ se superaron los límites o cupos de extracción de madera tanto en las autorizaciones de uso silvopastoril (28%) como en las de extracción selectiva (22%).
Desde el gobierno chaqueño aseguraron que “no hay evidencia en los nuevos permisos aprobados por esta gestión” de que las autorizaciones para actividades silvopastoriles estén sobredimensionadas y señalaron que no se aprobaron nuevos permisos de extracción selectiva.
Posibles efectos
A finales de este año entrará en vigencia el reglamento de la Unión Europea sobre deforestación, vinculante para el acuerdo con Mercosur recientemente aprobado. La norma establece que no se importarán productos asociados a la deforestación ilegal y exige trazabilidad para los productos provenientes de la Argentina. Aunque comenzará a regir en diciembre, contempla como punto de partida el año 2020: si existen campos productivos que sean resultado de desmontes ilegales posteriores a esa fecha, Europa no admitirá su comercio.
Mastrangelo y Krause advirtieron que las estrategias identificadas en territorio chaqueño podrían “socavar y volver ineficaz” la búsqueda de una deforestación cero y permitir “manipular la legalidad” de las reglas comerciales con los socios europeos.
Ante la consulta de LA NACION, desde el Ministerio de Producción, encabezado por Óscar Dudik, señalaron que las medidas actuales han sido efectivas para frenar la tala ilegal. Según datos oficiales de la provincia chaqueña, la pérdida de bosque pasó de unas 54.000 hectáreas en 2023 a 13.000 en 2025, mientras que durante el primer semestre de 2026 se estimaron unas 2000 hectáreas.
Desde el gobierno provincial atribuyeron la reducción a las políticas de control y fiscalización implementadas por la actual gestión, que desde 2025 —aseguran— buscó terminar con la “anarquía administrativa” que durante más de una década facilitó la deforestación ilegal mediante multas irrisorias, falta de control territorial y un uso distorsionado de guías y autorizaciones excepcionales. También sostienen haber actuado frente a las seis estrategias identificadas por el estudio.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas, científicos e incluso la Cámara Federal de Casación Penal han señalado que persiste la incertidumbre sobre la magnitud y la irreversibilidad del daño ambiental en el bosque chaqueño.
“El criterio de legalidad sería fluctuante en el caso de Chaco. Si hay otros países que siguen el camino de la UE, esto produciría problemas comerciales para el país”, advirtió Mastrangelo.
Una fuente vinculada a la Justicia provincial reconoció que en Chaco han mejorado la protección y la fiscalización y que los niveles son superiores a los de Santiago del Estero y Formosa, pero cuestionó los datos oficiales sobre la caída de la deforestación: “Yo verificaría que haya caído tanto el desmonte. No veo que el desmonte ilegal se haya reducido de tal forma”.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció en julio pasado que los desmontes ilegales persisten. Destacaron uno que presuntamente se dio en la localidad chaqueña de Charata.
En 2024, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció un complejo entramado de corrupción en los permisos y la fiscalización de los desmontes en esa provincia que vincula empresarios y funcionarios públicos bajo una modalidad que ellos llaman “puerta giratoria”.
Dentro de los nombres que incluye esta causa se encuentran el exministro de Producción de la actual administración, Hernán Halavacs; el exsubsecretario de Desarrollo Forestal durante los gobiernos de Capitanich y Peppo y asesor de Halavacs, Luciano Olivares; y Miguel López, exdirector de Bosques durante el gobierno de Capitanich.
El actual senador nacional por el PJ se encuentra procesado por fraude y abuso de autoridad por la entrega de tierras a familiares de una funcionaria. Las tierras se encuentran en la municipalidad de Almirante Brown, que es una de las zonas con más deforestación en la provincia y donde el estudio de Nature se desarrolla.
En 2024, el Juzgado Federal de Resistencia dictó una cautelar que suspendía todo tipo de desmonte en la provincia, medida que permaneció vigente hasta mediados de 2025, en el marco de procesos vinculados a desmontes presuntamente realizados en connivencia con exfuncionarios del actual gobierno. En mayo pasado, la Cámara Federal de Casación Penal pidió revocar la suspensión de la cautelar.
“Lavado” de madera
Otra de las estrategias identificadas como promotora de la deforestación es la venta de madera proveniente del desmonte ilegal. La dinámica es la siguiente: se tala una zona de bosque nativo, las autoridades detienen aquella actividad y la madera cortada, en lugar de ser confiscada, se vende a las industrias que la consumen, como las tanineras o las del carbón.
Esta medida está contemplada en la ley, aunque Mastrangelo advirtió que estaba pensada como una autorización especial excepcional. Desde el gobierno provincial señalaron que “se busca, en determinados casos, evitar la acumulación de material combustible que pueda favorecer la propagación de incendios y, al mismo tiempo, promover el aprovechamiento de esa madera dentro de la forestoindustria”. Sin embargo, para los científicos la cantidad de casos es muy superior a lo excepcional.
“Hallamos que la autoridad subnacional había emitido autorizaciones especiales sobre 6800 hectáreas hasta 2019, mientras que en los últimos cinco años [2020–2024] emitió autorizaciones especiales sobre un área casi diez veces mayor [62.700 hectáreas de desmonte ilegal] que en la década previa”, detallaron en el estudio y agregaron: “En 2024, el 55% de la madera extraída en la provincia del Chaco provino de desmontes ilegales a través de autorizaciones especiales”.
Multas insuficientes
Un argumento que tres fuentes, incluyendo a los autores del estudio, resaltaron es que las multas por desmonte son incluidas, en varios casos, dentro de los costos de producción. Mastrangelo y Krause calcularon que, en promedio, entre 2010 y 2024, la sanción costó US$850 por hectárea desmontada.
“Pero la relación entre el costo de la multa y la ganancia potencial cayó de 5 entre 2010 y 2015 a 2,5 entre 2015 y 2020, y a apenas 0,72 entre 2020 y 2024”, explicaron en la investigación y sumaron: “En 2024, la venta del quebracho colorado extraído durante un desmonte podía cubrir la multa y dejar una ganancia inmediata de US$126,5 por hectárea. Además, quienes pagan voluntariamente reciben un descuento del 50%”.
Desde el Ministerio de Producción informaron que a partir de 2025 se modificaron las alícuotas de la ley de infracciones al régimen forestal. “Se impulsó un proyecto de ley que fue aprobado y permitió elevar sustancialmente las multas por desmontes, pasando de dos a 12 salarios mínimos vitales y móviles”, explicaron. Sobre esto, Mastrangelo aclaró que el análisis que realizó junto con Krause muestra un problema histórico y que la modificación reciente no se contempló en el análisis.
El nuevo ordenamiento
La protección de los bosques en el país se rige por un semáforo que determina el nivel de conservación de cada zona mediante un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que debe actualizarse cada cinco años. En Chaco, sin embargo, durante una década se acumularon tensiones por la falta de actualización del ordenamiento y varias irregularidades en su elaboración. En distintas ocasiones, la Justicia intervino para impedir la aprobación de documentos que excluían la participación ciudadana o convertían en aprovechables zonas protegidas o deforestadas ilegalmente.
En 2024, Chaco actualizó su OTBN y, en apariencia, aumentó la protección: crecieron las áreas amarillas y rojas y disminuyeron las verdes. Sin embargo, el estudio publicado en Nature identificó al menos dos decisiones regresivas desde el punto de vista legal.
Según el análisis de Mastrangelo y Krause, el nuevo ordenamiento excluyó 270.000 hectáreas de bosques desmontados ilegalmente entre 2009 y 2024, “con lo que legalizó de hecho la deforestación pasada”. A su vez, redujo la protección de otras 220.000 hectáreas de alto valor de conservación y fuerte presión de conversión, donde se concentraban grandes propiedades previamente degradadas y desmontadas. Como compensación, elevó la protección de 126.000 hectáreas con baja presión de conversión.
Para los autores, el resultado fue un ordenamiento aparentemente progresivo que, en la práctica, incorporó decisiones que favorecieron la deforestación y a quienes la habían realizado. Desde el gobierno provincial negaron que el análisis planteado fuera verdad. “La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de 2024 no es una medida regresiva, sino un sinceramiento técnico y legal indispensable para establecer una línea de base real tras años de desmanejos territoriales”, plantearon desde el Ministerio de Producción. Por sinceramiento, se refieren a zonas ilegalmente desmontadas en las que la protección se redujo.
“Las áreas desmontadas ilegalmente fueron tomadas como áreas a restaurar en el OTBN”, sumaron y aclararon que existe un área que está en revisión, dado que desde la Subsecretaría de Ambiente de la Nación habían hecho comentarios sobre el cambio de zonificación propuesto por la provincia. Finalizaron explicando que “el corazón de la política actual es la redacción y ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Forestal Provincial” que incluye el desarrollo de mercados de carbono y programas internacionales de conservación.
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