El control de las armas de fuego quedará en manos de Patricia Bullrich

La circulación de armas es un problema grave y estructural en la Argentina. Más de 1.500.000 escopetas, pistolas y revólveres están registradas, pero una cifra incierta -según especialistas, duplica e, incluso, podría triplicar el número "legal"- se mueve en el mercado negro que alimenta al delito.

Un dato sirve par exhibir la magnitud de las armas que están fuera de la ley: en los últimos diez años se incautaron, en promedio, 25.000 unidades en manos de criminales.

El Gobierno busca ahora poner el foco en los circuitos legales e ilegales de las armas de forma integrada. Tener bajo control el stock de armas y usuarios registrados, pero también perseguir y sacar de circulación las armas que se usan para delinquir y bloquear el trasvasamiento entre el mercado "blanco" y el "negro", que alimenta al crimen organizado con un alto poder de fuego. Con ese fin se prevé traspasar la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex-Renar), que hoy depende del Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, al de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Hasta el momento la Anmac se enfoca esencialmente en el control del mercado legal, como un organismo netamente registral. Se pretende, con el cambio en ciernes, dotarlo de herramientas para que también persiga el mercado ilegal, al estilo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) norteamericana, que es una agencia federal de seguridad.

La intención oficial es generar un grupo de acción con mayor capacidad operativa. Algunos recientes casos encendieron la preocupación de las autoridades. En Mendoza, el hombre que asesinó a su madre y a su tía recién llegadas desde Israel había registrado a su nombre al menos 40 armas a pesar de sus evidentes trastornos personales, evidenciados incluso por su forma de vida. Sin embargo, cuando su casa fue allanada solo se encontraron cuatro pistolas calibre 9 mm; el resto del arsenal nadie sabe dónde está. No se descarta que las hubiera vendido clandestinamente o que las "alquilara" a delincuentes.

En los últimos días la Gendarmería allanó la casa de Mauricio Yebra, "mano derecha" del detenido gremialista empresario Marcelo Balcedo. En una bóveda le encontraron 137 pistolas y fusiles tácticos. Intentó justificar semejante número en su afición por el tiro deportivo y su eventual condición de instructor; pero tenía la credencial de legítimo usuario vencida, caduca la documentación de tenencia y portación e, incluso, poseía armas sin respaldo documental. Al amparo de la "vista gorda" de alguien en el ex-Renar, Yebra pudo armar su arsenal privado.

Antes de la cumbre del G-20 se descubrió que una organización acopiaba fusiles de asalto que enviaba al Comando Vermelho -grupo narco que tiene su base de operaciones en las favelas de Río de Janeiro- y distribuía armas cortas en forma local.

Argumentos

El temor al poder de fuego de las mafias es uno de los pilares del traspaso. En los documentos de trabajo que circulan en el Gobierno se lo "enmarca dentro del plan integral de seguridad para luchar contra el flagelo del narcotráfico y la criminalidad organizada, a través de la disminución de su poder ofensivo, lo que supone desarticular la tenencia y portación ilegal de armas".

Las autoridades quieren tener un equipo con la capacidad de saber quién tiene armas legales, qué cantidad de armas tiene y, tras el análisis de riesgo, verificar si realmente esa persona tiene efectivamente en su poder las armas que están inscriptas a su nombre.

En el Gobierno deducen que Seguridad -que cuenta con las fuerzas federales- tiene mayor capacidad para hacer inspecciones más efectivas. La reforma tendrá como eje la verificación y el control de los acopiadores compulsivos de armas.

Por Daniel Gallo

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