El exvacunatorio de Pilar: cruce sobre el destino de los insumos sanitarios abandonados y retirados en el allanamiento

Los insumos sanitarios valuados en varios cientos de millones de pesos que se perdieron por abandono en un predio que la Municipalidad de Pilar utilizó como centro de vacunación durante la pandemia ya se habrían eliminado en el circuito local para la disposición de residuos hospitalarios, según pudo conocer LA NACION. Sin embargo, en la intendencia afirman desconocer qué destino les dio la Justicia.

Cajas con jeringas sin uso, mascarillas y batas desechables estériles para protección del personal de salud, suero fisiológico, alcohol en gel y hasta una heladera y un tubo de oxígeno hospitalario quedaron en uno de los pisos de esa construcción en el kilómetro 46 del Acceso Norte (ramal Pilar), junto a las vías del ferrocarril. Ahí, la gobernación de Buenos Aires celebró en mayo de 2021 la aplicación de la dosis número 3 millones de las vacunas para Covid en territorio bonaerense. En ese momento, la compra y distribución de las vacunas a las provincias dependía del Ministerio de Salud de la Nación. Los ministerios de Salud de cada jurisdicción, a la vez, las iban asignando a los municipios. La provisión de elementos, equipos e insumos dependía tanto de la Nación como de cada provincia, por donaciones o compras.

En 2017, una investigación judicial por lavado de dinero contra los propietarios de la firma Pilar Bicentenario –dueña del predio de Pilar donde planificaban desarrollar un emprendimiento con estacionamiento de cinco pisos más planta baja– hizo que el manejo de ese terreno quedara en manos del Estado nacional, que en 2020 lo cedió a la municipalidad para su uso como centro de vacunación. Esto finalmente ocurrió a partir de abril de 2021. Recién el año pasado el juzgado federal a cargo del expediente ordenó al Estado hacer efectiva una orden de 2023 de restituirle el predio a su dueño, que este año fue sobreseído, medida que el Ministerio Público Fiscal apeló. Tanto la municipalidad como el ministro de Salud bonaerense salieron a dar explicaciones en la red X cuando LN+ dio a conocer el desperdicio de insumos sanitarios tan necesarios para el sistema de salud bonaerense.

“El 13 de marzo de 2025 de manera intempestiva la Justicia desalojó el predio del km 46 de la Panamericana, donde funcionaba un vacunatorio y otras dependencias municipales de Pilar, sin dejar retirar los elementos de trabajo, las vacunas y los diferentes insumos que correspondían al funcionamiento del vacunatorio. Por más de un año, ese lugar estuvo custodiado para hacer cumplir la orden judicial que restituía el edificio a sus anteriores dueños y dar por terminada la cesión de dicho predio al municipio, cuestión que imposibilitó el retiro de los diferentes elementos”, argumentó Nicolás Kreplak.

A la vez, la intendencia a cargo de Federico Achával (FdT) confirmó en su descargo que en el lugar también funcionaba una oficina de licencias de conducir. De ahí que en el lugar se encontrara información personal de las personas que utilizaron esa oficina. Según fuentes judiciales, el contenedor en el que se encontraba esa documentación había sido vandalizado.

Pero en el escrito del juzgado federal que había ordenado restituir el inmueble también consta la autorización a la Municipalidad de Pilar el año pasado a “retirar aquellos bienes que acreditara como propios, bajo la supervisión de la fuerza de seguridad interviniente, garantizando que no se afectaran derechos de terceros ni se ocasionara perjuicio alguno” a la empresa propietaria. Tras el informe periodístico, el exconcejal de Pilar Matías Yofe (Coalición Cívica-ARI) presentó una denuncia penal ante el Departamento Judicial de San Isidro para que se investigue “la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negligencia en el resguardo de bienes y documentación sensible de la ciudadanía”.

El denunciante solicitó “la incautación preventiva” de esos elementos para “esclarecer los hechos denunciados y resguardar los derechos de la ciudadanía”, como ya dio cuenta LA NACION. La denuncia recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1, a cargo del fiscal Raúl Casal, que ordenó un allanamiento al que concurrieron agentes de las policías científica y ecológica de la provincia de Buenos Aires. Fueron los que determinaron que, de los insumos sanitarios, “nada se podía utilizar” y debían recibir tratamiento como residuos patogénicos. Según pudo conocer este medio, se labraron actas y, con autorización judicial, se dispuso el traslado de los elementos a uno de los dos hospitales principales de Pilar para su disposición en el circuito de tratamiento de residuos peligrosos del sistema sanitario municipal.

Desde la gestión de Achával dijeron, inicialmente, desconocer el destino de esos residuos. Tampoco hubo respuesta sobre si la Secretaría de Salud de Pilar, a cargo de Hernán Galimberti, estaba al tanto de que la empresa que se ocupa de la recolección, el traslado y la disposición final de residuos patogénicos en hospitales como el Central o el Sanguinetti había hecho su trabajo al día siguiente del allanamiento.

De acuerdo con fuentes judiciales, contarían con la información o la prueba necesaria para continuar con la investigación a pesar de la destrucción. A diferencia de lo observado en las imágenes del informe periodístico en LN+, señalaron que el volumen de los insumos sanitarios trasladados cabía en la caja de una camioneta policial. Había trascendido que el total de lo hallado en el lugar, incluida la documentación, habría demandado el traslado de alrededor de 300 bolsas tipo consorcio. Ante la consulta, no hubo respuesta del Ministerio de Seguridad provincial ni del área de Ambiente provincial.

Yofe, en diálogo con LA NACION, confirmó que tras el allanamiento hizo una nueva presentación judicial ante la UFIJ N° 1. En este caso, solicitó información sobre el registro de lo retirado en el operativo, los responsables de definir el destino de la documentación y los insumos sanitarios, como así también finalmente qué sucedió con ellos.

“Estas medidas –consideró– son necesarias no solo para conocer el destino de los elementos retirados, sino también para garantizar que los que pudieran ser de riesgo para la salud pública reciban el tratamiento que corresponde y que la documentación que contenga datos personales de ciudadanos quede debidamente protegida. Son bienes, insumos, documentación y datos relacionados con servicios públicos y que, por lo tanto, exigen responsabilidad, pero también custodia y trazabilidad. Son clave para determinar responsabilidades”.

En el Concejo Deliberante de Pilar, el abandono en el que se encontraba esa documentación y la pérdida de insumos médicos también tuvo repercusiones. La concejal Analía Leguizamón (PRO) elevó a la presidencia de ese cuerpo legislativo municipal un proyecto de pedido de información a las secretarías de Gobierno y de Salud, y el área responsable de otorgar las licencias de conducir.

“Entiendo que, además del abandono del edificio del exvacunatorio del Km 46 de Panamericana sobre el que ya se determinará de quién es la culpa, hay responsabilidad de los funcionarios de Pilar en una infracción a ley de protección de datos personales -explicó la concejal a LA NACION-. El municipio respondió públicamente que [el lugar] fue desalojado por la Justicia. Sin embargo, cantidad de licencias de conducir y documentación abandonada son, en la práctica, un archivo que implica un riesgo enorme para miles de habitantes de Pilar: hay números de DNI, direcciones y fotografías que podrían usarse para falsificar identidades. Todo eso podría acarrear inclusive responsabilidad penal”.

En siete puntos, Leguizamón pidió que se informe si “al momento del desalojo o después” había vacunas para Covid vencidas o próximas a vencer”, con información que permita su mayor identificación, junto con “estado, resguardo y cadena de custodia” de los registros de las personas que concurrieron a vacunarse, como así también la fecha “exacta” en que la municipalidad “dejó de tener acceso al predio” y las presentaciones administrativas y judiciales para el resguardo de los insumos y la documentación en el lugar.

Por último, avanzó sobre la situación que impidió la entrega de esos registros de conducir encontrados en el lugar y qué dependencia municipal estaba a cargo de la emisión y entrega en el exvacunatorio, así como si se hizo o prevé realizar la denuncia correspondiente para “deslindar responsabilidades por la exposición de datos personales y de salud hallados en el predio”.

Por Fabiola Czubaj

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