El fiscal Molina Pico ya está bajo investigación

El fiscal de Pilar Diego Molina Pico está en aprietos: acusador en la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce, él mismo es objeto de una investigación penal por presuntas irregularidades en la instrucción del crimen del country Carmel.

Y, según confiaron calificadas fuentes judiciales a LA NACION, su situación en esa causa paralela, que se instruye en el Departamento Judicial San Martín, podría agravarse en breve. De ser así, no sólo quedaría al borde del juicio político, sino que sería separado de su cargo y el caso García Belsunce debería entonces pasar a manos de otro fiscal.

La principal prueba contra Molina Pico es el propio expediente a su cargo, explicaron esas fuentes. Pero no quedaría solo en el centro de las sospechas: dos jefes policiales bonaerenses también podrían acabar imputados por no haber cumplido con las obligaciones que les impone la ley.

No es el único problema para Molina Pico: esta semana deberá defender su posición en la causa que instruye, luego de que los familiares de la víctima a los que acusó por encubrimiento agravado lo recusaron, precisamente, por su presencia en la escena junto con sus imputados.

Las fiscales de San Martín Laura Pascual y Karina Carbonella investigan desde el lunes último la denuncia presentada el 6 del actual por el abogado Juan Carlos Iglesias, que acusó por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público a Molina Pico, a los jueces de Garantías de San Isidro Juan Makintach y Diego Barroetaveña, y a Juan Martín Romero Victorica, fiscal de Casación Penal y amigo de la familia García Belsunce, con el objeto de "restablecer la justicia ausente".

Las fiscales, aun cuando plantearon su oposición formal a investigar esa denuncia -sostienen que la ley indica que la causa deben instruirla sus pares de San Isidro, donde se produjeron aquellos presuntos delitos- ya recibieron la ratificación de la acusación de Iglesias, que aportó en el acto una copia simple de las primeras 60 fojas de la causa García Belsunce.

Y en la primera lectura, confiaron las fuentes, ya advirtieron claramente que no aparece registrado ninguno de los actos que el fiscal de Pilar, el jefe de Investigaciones de San Isidro, comisario inspector Aníbal Degastaldi, y el titular de la brigada antisecuestros bonaerense, comisario mayor Angel Casafús, protagonizaron pocas horas después del asesinato.

La primera foja de la causa García Balsunce está datada el 30 de octubre, tres días después de la muerte. Pero se sabe que Molina Pico y Degastaldi estuvieron el 28 en la escena del crimen, en pleno velatorio de la víctima, y que incluso vieron el cadáver; y también se conoce que Horacio García Belsunce (h.) llamó a Casafús en la noche del 27 y le dijo que su hermana había muerto en un accidente.

No existen actas que den cuenta de esa llamada ni de aquellas presencias, ni que registren cómo y por qué comenzó a instruirse el expediente.

Pascual y Carbonella ya pidieron copia certificada de la causa de Molina Pico, y les llegaría hoy. Si aquellas fotocopias aportadas por Iglesias coinciden con el expediente real, éste se convertiría en la principal prueba de cargo, por supuestos delitos tales como abuso de autoridad, retardo u omisión de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Aun con la ratificación de Iglesias y el aporte indiciario de las 60 primeras fojas de la causa de Carmel, las fiscales de San Martín avanzan por un terreno espinoso que puede derivar en una crisis en la justicia provincial.

Es que tanto Pascual y Carbonella como su superior, el fiscal general adjunto de San Martín, Fernando Domínguez, plantearon su oposición a la instrucción de la causa ordenada el viernes 17 del actual por el fiscal de Casación Penal bonaerense Carlos Altuve, como subrogante del procurador provincial, Eduardo de la Cruz.

Altuve resolvió enviarla a San Martín por "razones funcionales y por una cuestión de cercanía" con el distrito judicial al que pertenecen tres de los cuatro acusados. Pero en San Martín sostienen que el procurador -o Altuve, en su reemplazo- no tiene potestad para asignar una causa "a dedo", y que de no oponerse a la decisión del fiscal de Casación avalarían una decisión "arbitraria y de graves consecuencias" institucionales.

Altuve rechazó ayer el planteo de oposición y mantuvo su decisión. La fiscalía de Cámara de San Martín ya adelantó que recurrirá la medida ante la Corte provincial. Ante la inminencia de la polémica, fuentes de la Procuración dijeron que De la Cruz, apenas llegue de sus vacaciones, el lunes próximo, tomará el asunto en sus manos para "poner las cosas en su lugar" y evitar la crisis.

Pero no se agotan allí los problemas. Según las fuentes, Molina Pico se negó a enviar copia de su causa, bajo la excusa de que "en la fiscalía de Pilar no hay fotocopiadora y el expediente no puede salir de su sede".

Las copias certificadas, igualmente, podrían llegar a manos de Pascual y Carbonella desde la propia Cámara de San Martín, que tiene un duplicado oficial del expediente porque subroga a la Cámara de San Isidro durante la feria judicial y, en ese papel, debe resolver sobre el pedido de los familiares de la víctima de ser tomados como querellantes en la causa de Pilar.

Actuaciones: a pesar de que el fiscal Diego Molina Pico estuvo presente en la escena del crimen, el 28 de octubre, la primera foja de la causa dando intervención a la policía está fechada dos días después.

Investigación: el jefe de la Brigada Antisecuestros, Angel Casafús, dijo que llamó al comisario Aníbal Degastaldi para que investigara, dando intervención a la Justicia. Esto sólo consta en la causa a partir del 15 de diciembre último.

Presencias: tampoco figura en el expediente ni en ningún acta que el fiscal estuvo en la casa. Sólo es posible saberlo a partir del relato de testigos que lo declararon luego.

Autopsia: no se sabe por qué no se dispone del cuerpo y se ordena realizar la autopsia el 28 de octubre.

Por Por Fernando Rodríguez <br/> De la Redacción de LA NACION

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