El Gobierno anunció que empezó la auditoría de un millón de pensiones por discapacidad por irregularidades
Lo dio a conocer hoy el vocero presidencial Manuel Adorni; las autoridades definieron la forma en la que operaba el sistema como “un escándalo”
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El Gobierno anunció que comenzó la auditoría de más de un millón de pensiones por discapacidad laboral, tras las irregularidades en la asignación y cobro de esos beneficios que surgieron en un primer relevamiento en las localidades con más anomalías que surgían al cruzar información.
En conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dio a conocer que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) trabajará con el PAMI a través de un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación. En noviembre pasado, LA NACION publicó que la auditoría –que por entonces estaba terminando de diseñarse– alcanzaría también a los servicios de salud, educación y transporte, dado que contaban ya con casos concretos en los que instituciones no operaban adecuadamente. En ese momento, preveían que eso sucediera “en un alto porcentaje” de prestadores contratados.
En la cartera a cargo de Mario Lugones argumentan que la elección del PAMI para auditar 1.013.400 casos con pensiones no contributivas por invalidez laboral otorgadas es su alcance territorial y capacidad operativa para relevar a más de mil prestadores. En una primera etapa, según había podido conocer este medio, se enviarían unas 400.000 cartas documento para revisar caso por caso.
“Este mes se van a empezar a mandar las cartas documento a los beneficiarios, que deberán asistir a un turno asignado para una evaluación médica presencial a cargo de médicos del PAMI. Luego, profesionales de la Andis analizarán la información y documentación. Solo para poner un caso testigo, el mes pasado se citaron a 1100 personas en la ciudad de Buenos Aires y solamente el 31,6% se presentaron; hubo 759 que no cumplían los requisitos o por alguna razón no se presentaron a demostrar clínicamente su discapacidad”, dijo Adorni hoy.
“El objetivo es darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten”, señalaron en Salud sobre el anuncio en Casa de Gobierno.
“Un escándalo”
En esa cartera, las autoridades definen la forma en la que operaba el sistema como “un escándalo”. En Salta, por uno de los ejemplos que habían puesto a LA NACION, detectaron el cobro de prestaciones de educación, transporte o salud que no se habían brindado: obligaban a firmar por el servicio a personas que recibían la pensión por discapacidad con la amenaza de que perderían el beneficio.
“Se espera que, durante los primeros días de febrero, los beneficiarios comiencen a recibir las cartas documento. Todo el proceso se realizará bajo la supervisión del Ministerio de Salud y con el compromiso de gestionar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar que cada peso invertido llegue a quienes realmente lo necesitan. Es por eso por lo que se cuenta con el apoyo del PAMI, que tiene una estructura de alcance territorial única con su red de médicos prestadores”, informaron desde el equipo de Lugones.
En la Andis, fueron surgiendo más irregularidades durante el año pasado del cruce de datos del Programa Incluir Salud –a través del que liquidan esas prestaciones– con los del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Identificaron, por ejemplo, que 150 beneficiarios que habían fallecido seguían apareciendo en la nómina como “activos”, con prestaciones mensuales y presenciales. En la agencia detallaron en ese momento que había beneficiarios con hasta 1800 días de fallecidos que se habían facturado y tenían el pago cancelado a los prestadores.” Calcularon que unas 102 instituciones “percibieron indebidamente” $1355 millones en el país.
La auditoría que el Gobierno informó hoy que comenzó esta semana será “un proceso escalonado y progresivo” para hacer “una evaluación minuciosa y asegurar la toma de decisiones fundamentadas y transparentes”.
Por etapas
Está diseñada en tres etapas, antes de emitir los dictámenes en aquellos casos que no cumplan con los requisitos exigidos, que son: tener incapacidad total y permanente (la invalidez produce una disminución del 66% o más en la capacidad laboral), no percibir jubilación, pensión, retiro o prestación contributiva o no contributiva; no ser empleado en relación de dependencia, ni estar registrado como autónomo o monotributista del régimen general (se puede ser titular del monotributo social); no tener ingresos ni recursos suficientes que permitan la subsistencia (si son menores, se tiene en cuenta el ingreso de madres, padres o tutores) ni tener familiar o cónyuge con obligación legal de proporcionar alimento o sustento económico; ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país (los extranjeros deben acreditar 10 años de residencia continua; si son menores, los padres o los tutores deben haber residido como mínimo tres años sin interrupción), y no estar detenido o a disposición de la Justicia.
El mes pasado se actualizaron los requisitos de la evaluación médica para acceder a una pensión y son: presentar un certificado médico con el diagnóstico y el grado de incapacidad firmado por un profesional de un centro de salud oficial o la Andis, el resumen de la historia clínica actualizado con los tratamientos realizados y estudios complementarios que respalden el diagnóstico y la incapacidad indicada.
“Cada etapa de la auditoría está diseñada para garantizar la integridad del proceso y se pondrá especial atención a las pensiones más recientes, otorgadas durante el Gobierno de Alberto Fernández”, enfatizaron en Salud minutos antes del anuncio oficial.
Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Corrientes eran los distritos que aparecían con más pensiones entregadas durante la gestión anterior y en proporción con el tamaño de la población de esas jurisdicciones.
Para esta auditoría, primero se enviarán cartas documento a los beneficiarios de las pensiones. Recibirán, ya asignado, un turno con un médico de PAMI “para que presenten toda la documentación requerida”, explicaron. Luego, serán los médicos de la obra social de jubilados y pensionados los que harán los controles necesarios para “garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión”, plantearon.
Última etapa
La última etapa será para procesar la información relevada en las oficinas de PAMI. “Los profesionales de la Andis analizarán la documentación de cada beneficiario –continuaron en la cartera sanitaria–. Por último, se emitirán los dictámenes y las resoluciones de cada caso: se determinará si los beneficiarios cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio o si corresponde su suspensión.”
Desde mediados de julio del año pasado, cuando Adorni exhibió en conferencia de prensa copia de actuaciones en las que se veía la radiografía de un perro en un expediente para tramitar la pensión por discapacidad laboral, en la Andis avanzaron con “revisiones segmentadas”, por localidades.
En los primeros más de 10.000 beneficiarios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), menos de la mitad cumplía con los requisitos para acceder a la pensión –que ronda los $260.000–, 212 personas estaban procesadas, con condena o presas. En diciembre pasado, en Chaco, solo un 13,6% de los 2344 beneficiarios que asistieron a la citación cumplían con los requisitos para seguir recibiendo la pensión. Se habían citado a 2689 residentes de Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, General San Martín, Castelli y Presidencia de la Plaza. Hubo 1796 (66,8%) casos que pasaron al trámite de “baja”, según informó la Andis. En ese momento, 183 casos pasaron a revisión médica.
En la agencia citaron algunos ejemplos: el de una mujer que había recibido la pensión por amputación del brazo derecho, pero tenía “ambos brazos intactos” y el de otra beneficiaría a la que se le había otorgado el beneficio por tener cáncer de mama y no solo “nunca le habían diagnosticado la enfermedad, sino que confesó nunca haber realizado una mamografía”.
También detallaron “múltiples casos” con un patrón de falta de coherencia en los diagnósticos y rigor (por ejemplo, una menor tenía una pensión por pie plano). “Una mujer admitió durante la auditoría que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora con el fin de evitar el pago de su salario”, citaron en la Andis por otro de los casos evaluados.
En Salud afirman que las prestaciones por discapacidad son el cuarto presupuesto más grande en la Argentina y estiman que un 60-70% de prestadores no están brindando servicios de forma regular. PAMI recibió de la Andis datos de 1123 instituciones que tienen convenio para brindar atención, transporte o educación a las personas con discapacidad. Hay 32.000 beneficiarios que reciben esas prestaciones.
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