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El Gobierno de Javier Milei asistirá a la COP 30, aunque todavía no hay confirmación oficial
La Cumbre del Clima empezará el lunes próximo en Belém do Pará, Brasil; los gobernadores marcarán su propia agenda
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El Gobierno de Javier Milei anunció que cumplirá con los requisitos formales exigidos por Naciones Unidas antes de participar en la próxima Cumbre del Clima (COP 30), que comenzará en apenas cuatro días en Belém do Pará, Brasil. Aunque todavía no hay confirmación oficial de si la administración libertaria, fuentes consultadas dentro del Gobierno nacional aseguraron que enviarán a cinco representantes de nivel medio, al menos de Cancillería y también de la Subsecretaría de Ambiente.
“Es una delegación austera”, dijeron. Hasta ahora no ha habido confirmación de ningún asistente con rango ministerial y mucho menos el presidente de la Nación, que está de gira en el exterior hasta el sábado próximo.
La COP es el cuarto evento internacional con mayor asistencia del mundo después de los Juegos Olímpicos, el mundial de la FIFA y la Asamblea General de la ONU. Hasta ahora, 163 de los 195 países miembros ya confirmaron su presencia. Unos 50 presidentes y jefes de Estado participarán de la reunión de alto nivel que se dará los primeros días de la semana próxima.
Entre los que asistirán, estará el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer, al igual que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Liberia, Joseph Boakai. China enviará al viceprimer ministro Din Xuexiang y Estados Unidos no enviará representante para esta etapa del evento, aunque participarán de las negociaciones.
Una funcionaria con larga trayectoria en el ámbito ambiental reconoció en diálogo con LA NACION que “hay poca claridad” sobre cómo será la participación del país en la conferencia.
Rodrigo Rodríguez Torquinst, exsecretario de Cambio Climático, coincidió con aquella lectura y se cuestionó qué tan trazada está la estrategia de negociación de la Argentina de cara a la COP 30. “Aunque esto es secundario cuando hablamos de la estrategia que debería tener en términos de adaptación al cambio climático. Hoy tenemos campos inundados en la provincia de Buenos Aires y no veo un plan que dé respuesta a esto ni a todo lo que se sufre en el territorio”, ponderó.
En una sesión informativa, el Gobierno anunció que la próxima semana presentará las nuevas metas climáticas de la Argentina en un reporte técnico llamado “Contribuciones Nacionales Determinadas” (NDC), fundamental para cumplir con el Acuerdo de París. El encuentro, encabezado por el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, y la directora de Asuntos Ambientales de Cancillería, Eliana Saissac, buscó mostrar “coherencia entre los objetivos y las acciones del país”.
Las NDC establecen los límites de emisiones, metas de adaptación y métodos para enfrentar el cambio climático, y deben actualizarse cada cinco años con mayor ambición. Es un documento fundamental para las negociaciones multilaterales de las próximas semanas. Y aunque la administración evita mencionar explícitamente el término “cambio climático”, representa un mensaje de continuidad —al menos formal— de alguna política ambiental ante los críticos y socios internacionales que observan con preocupación el debilitamiento del área. Tal es el caso de la Unión Europea y de varios países latinoamericanos, encabezados por Brasil y Colombia.
Durante su exposición, Brom subrayó: “No somos negacionistas, aunque nos critiquen con ello”. Sin embargo, no hace falta retroceder demasiado para comprobar que la administración libertaria ha sido abiertamente crítica de la ciencia climática, a la que suele asociar con el tan denostado “wokismo”. En el escenario internacional, el Gobierno argentino es considerado uno de los más negacionistas del cambio climático.
En la COP 29, celebrada en Azerbaiyán, la Argentina fue centro de un escándalo internacional al retirar su delegación sin dar explicaciones oficiales apenas dos días después del inicio de las negociaciones. Meses más tarde, funcionarios cercanos al Presidente reconocieron que, envalentonado por el triunfo de Donald Trump, el Ejecutivo había evaluado retirarse del Acuerdo de París, algo que luego reiteró el actual jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni. Aquello nunca se concretó.
“Habría sido como dispararse en el pie”, sostuvo Rodríguez Tornquist. Como explicó, en el plano multilateral cualquier gesto puede alterar un tablero que enlaza intereses, alianzas comerciales y acceso a mercados o financiamiento internacional.
Hasta 2023, el país contaba con una cartera activa de casi 17.900 millones de dólares registrada dentro de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Incluía 82 proyectos de infraestructura y equipamiento destinados a la transición energética, la movilidad sustentable y la adaptación al cambio climático. El propio Gobierno libertario, en el Informe Bienal de Transparencia, reconoció que los proyectos vigentes y activos en 2022-2023 se estimaron en poco más de 1000 millones de dólares. Muchos de estos fondos se congelaron con la llegada de la nueva administración, ya que para el Gobierno implicaban endeudamiento y un eventual aumento del déficit.
Durante la sesión informativa transmitida desde el edificio del antiguo Ministerio de Ambiente, el mensaje oficial fue de proactividad, aunque con un claro distanciamiento de la narrativa climática global. “Tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas. Debemos adaptarnos a lo que proviene de una ideología”, sostuvo Brom.
Si finalmente confirma su participación, el Gobierno nacional no asistirá solo: en paralelo, varios gobiernos provinciales también estarán presentes con agendas propias. Según fuentes cercanas a esas administraciones, ya confirmaron su asistencia los gobiernos de Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Jujuy, Misiones, Chaco, Buenos Aires, Córdoba y San Luis.
Aunque no participarán en las negociaciones formales, las provincias buscarán fortalecer vínculos bilaterales con gobiernos nacionales y subnacionales, la banca multilateral y filántropos independientes. Su principal objetivo, según coincidieron dos expertos en política climática, es obtener fondos para proyectos en especial de agricultura regenerativa, mitigación y adaptación.
Qué dice el documento clave
El Gobierno presentó el lunes no solo los lineamientos generales de la nueva NDC, sino también las prioridades que orientan su estrategia. El dato más relevante es el nuevo límite de emisiones fijado. En el informe de hace cinco años, el tope era de 359 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂eq) para 2030. Aunque ese número debería reducirse progresivamente, el nuevo reporte eleva el límite a 375 millones de toneladas y lo extiende hasta 2035. Para dimensionar, en 2022 las emisiones nacionales fueron de 401 millones de toneladas, según datos oficiales. ¿Qué significan estos números?
El aumento proyectado en la nueva NDC podría asociarse con la expansión de actividades emisoras. En Argentina, los principales contribuyentes al calentamiento global son el sector energético (50%) y el agroganadero-forestal (entre 25 y 40%). Si bien el país genera menos del 1% de las emisiones globales, ello no implica que esté exento de comprometerse a reducirlas.
La organización internacional Climate Action Tracker calificó de “críticamente insuficiente” el esfuerzo planteado en la NDC anterior. También, el Observatorio Nacional de Acción Climática de la organización Sustentabilidad Sin Fronteras planteó que, en casi todos los rubros analizados, hubo avances leves o no hubo suficientes para cumplir con las metas planteadas. En el sector en el que más trabajo hubo, según la organización, fue en el de energía; sin embargo, no está cerca de cumplir ni la mitad de los objetivos planteados ahí.
Según el Emissions Gap Report 2025, para alcanzar ese objetivo el mundo debería reducir las emisiones globales alrededor de un 40% para 2030 y un 55% para 2035 respecto de los niveles de 2019. “Sin embargo, con los compromisos actuales las reducciones proyectadas apenas alcanzan el 12% y el 15%, y las políticas hoy vigentes nos encaminan a un calentamiento de hasta 2,8 °C", así lo plantearon la investigadora de Fundar, Elisabeth Mohle, y el exdiputado nacional Juan Carlos Villalonga, en un análisis publicado el miércoles pasado.
El Gobierno explicó la aparente laxitud de sus metas por razones metodológicas: inclusión de más sectores emisores, nuevas categorías, mayor cobertura territorial y cambios en las formas de medición. Brom, sin embargo, dejó clara la posición oficial al afirmar que más ambición no significa necesariamente algo mejor. Y añadió: “Existe una burocracia internacional que ha impuesto metas demasiado ambiciosas que terminan en frustraciones. La ambición debe ser la que pueda cumplirse. En ambiente no se puede ser regresivo, pero debemos trabajar para que lo planteado en Naciones Unidas se cumpla con realismo en las 23 provincias”.
Además de las metas de mitigación, el documento incluye metodologías para la adaptación al cambio climático. Entre las iniciativas propuestas se destacan un mapa de riesgos por región y estrategias de capacitación, educación y asistencia técnica a las provincias.
El mercado que busca impulsar el Gobierno
Una de las principales razones por las que el Ejecutivo considera esencial cumplir con los requisitos del Acuerdo de París es su interés en desarrollar los mercados de carbono en el país.
En términos sencillos, estos mercados implican que empresas contaminantes paguen a otras empresas o países que realizan acciones de mitigación, a través de lo que se conoce como compensaciones o créditos de carbono. El artículo 6 del Acuerdo de París establece la creación y el diseño de estos mecanismos para potenciar la mitigación e incentivar el flujo de capital privado hacia la reducción de gases de efecto invernadero.
Durante la gestión de Eduardo Rodríguez Chirillo en la Secretaría de Energía se propuso implementar un esquema de bonos y créditos de carbono. No está claro si ese proyecto continúa, pero en la presentación de la nueva NDC se los mencionó como una estrategia central para reducir emisiones. Cabe señalar que, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), estos mercados no deben servir como excusa para expandir las emisiones en sectores altamente contaminantes, sino funcionar de manera complementaria a las políticas de reducción directa.
En distintas regiones del mundo, incluida América del Sur, los mercados de carbono han sido objeto de críticas por reproducir prácticas de greenwashing. Científicos y organizaciones internacionales advierten que este instrumento, por sí solo, no contribuirá a alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Además, diversas investigaciones revelan que, en algunos casos, la implementación de estos mecanismos ha promovido la expansión de monocultivos forestales —como pino o eucalipto— que reemplazan la vegetación original y degradan el suelo.
En tiempos en que la acción climática se convirtió también en un terreno de disputa ideológica, el rumbo que tome la Argentina en la COP 30 será leído más allá de sus cifras de emisiones. Servirá para medir hasta qué punto el Gobierno argentino está dispuesto a asumir los compromisos globales o si prefiere convertir la agenda ambiental en otro frente de confrontación política.
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