
El gobierno insiste en que demolerá casas de la villa 31
Junto a la UBA se harán peritajes casa por casa; la Justicia frenó 12 causas
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El gobierno porteño insistió ayer en que demolerá las construcciones en altura que representen un riesgo en las villas 31 y 31 bis, en Retiro.
"Hicimos un acuerdo con la UBA para determinar caso por caso las medidas precisas para las construcciones en altura. Si se comprueba un alto riesgo, hablaremos con los habitantes para buscar una alternativa habitacional. No podemos permitir que sigan viviendo en esas condiciones", aseguró a LA NACION Juan Pablo Piccardo, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño.
Según explicó el funcionario, la política de esa dependencia estaba orientada a avanzar con la demolición de las construcciones en altura. Sin embargo, muchas de las causas judiciales iniciadas por el gobierno (son 12 en total) para avanzar con ese fin fueron rechazadas por la Justicia.
Además, aclaró que no existen nuevos peritajes del gobierno de la ciudad sobre las construcciones en riesgo. Cabe recordar que en diciembre del año pasado se conoció un relevamiento realizado por el arquitecto Juan Carlos Poli que detectó 72 construcciones en riesgo de derrumbe después de haber entrado de incógnito en la villa, haciéndose pasar por un fumigador.
"Lo que necesitamos es que los peritajes sean explícitos respecto de la posibilidad de derrumbe. Hoy eso no existe; por eso, hicimos un acuerdo con la Facultad de Arquitectura de la UBA para analizar cada casa, una por una", dijo Piccardo.
Aunque el gobierno organizó el año pasado un sistema de peaje para evitar la entrada de materiales para la construcción de nuevas viviendas en la villa de Retiro, el número de casas siguió creciendo. Para evitarlo, el gobierno acordó con el juez federal Pablo Cayssials, a cargo de la causa, un nuevo sistema que concentra los inspectores en una sola entrada, frente a la terminal de Retiro.
Además, la administración encabezada por Mauricio Macri denunció que la cantidad de habitantes en la villa sigue creciendo.
"Como se ve en el caso de la toma denominada manzana 107, a pesar de las acciones y los esfuerzos, para el gobierno de la ciudad resulta difícil detener el crecimiento, ya que las políticas migratorias no acompañan, la justicia federal no se expide acerca de las denuncias por usurpación y la policía muchas veces no actúa", explicaron en el Ministerio de Ambiente.
El relevamiento de Poli se había realizado en cada una de las 56 manzanas, donde tomó notas y fotos e identificó cuáles eran las viviendas en altura. El experto, que aún asesora al gobierno porteño, había detectado unas 600 casas que exceden las tres plantas y unas 72 propiedades en situación de riesgo inminente.
Según datos del censo realizado por el gobierno porteño en el asentamiento, el 50,6 por ciento de las 26.270 personas que viven allí nacieron en otros países. Además, se comprobó que, desde 2001, entraron en él en promedio 11 familias por semana.





