El Gobierno niega que quiera abrir los countries

El Gobierno negó ayer, a través de los mismos referentes que habían instalado el tema, la polémica iniciativa para abrir los barrios cerrados. El ministro de Justicia, Julio Alak, señaló que no existe una iniciativa oficial para que los countries y barrios cerrados se transformen en ámbitos de circulación pública y lo excluyó del debate vigente sobre la reforma del Código Civil y Comercial. Así, desestimó el anteproyecto que circula en el Poder Ejecutivo.

El jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, tuvo que aclarar su afirmación de anteayer en el Congreso acerca de que se deberían eliminar las "barreras arquitectónicas" de los countries y barrios cerrados. "Quizás no fui lo suficientemente explícito. No se interpretó en el espíritu y el sentido de lo que yo quería decir", dijo.

Lo cierto es que ayer el tema provocó un enorme impacto negativo, y no sólo entre los vecinos de ese tipo de urbanizaciones. Ante la inquietud generalizada, los funcionarios se vieron obligados a dar marcha atrás: "De ninguna manera queremos eliminar ningún tipo de barrera o cerramiento en barrios cerrados, que se han conformado de acuerdo a la expectativa de los ciudadanos, sino darles más derechos y garantías a quienes han comprado ahí un lote", afirmó Alak, y calificó de "disparate" la interpretación de las expresiones de Rossi. Pero no fue sencillo diluir el efecto de sus palabras, sobre todo cuando ya había dejado plasmado su pensamiento en la versión taquigráfica del plenario de comisiones que se realizó por la reforma del Código Civil y en un anteproyecto presentado en Ministerio de Planificación Federal, que plantea límites al uso privado de los countries.

Rossi había dicho: " Hay un proyecto que está trabajando el Poder Ejecutivo nacional: es un anteproyecto de ley de ordenamiento territorial, que impulsa el Consejo de Planificación y Ordenamiento Territorial. Ese anteproyecto en su principio rector, en su ítem 17, establece la accesibilidad y comunicación universal; se propenderá a la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas de modo de garantizar la accesibilidad de todas las personas y evitar zonas residenciales y de esparcimiento aisladas". LA NACION tuvo acceso al anteproyecto de ley nacional de planificación y ordenamiento territorial. El artículo 17, mencionado por Rossi, habla de cesiones de suelo: "Consiste en la potestad del Estado de imponer cesiones obligatorias de suelo destinadas al equipamiento local, construcción de vivienda social y necesidades comunitarias, vinculadas a proyectos de urbanización u otorgamientos de usos y capacidades constructivas intensivos".

Así como está redactado, el artículo no dice mucho. Sin embargo, tiene una llamada que remite al artículo 25° del proyecto de ley de hábitat popular, para la provincia de Buenos Aires, presentado por el Ministerio de Infraestructura provincial, que habla de la cesión obligatoria y gratuita del 10% de la superficie de los countries a los municipios.

"Será obligatoria la cesión gratuita a favor del municipio del 10% de la superficie neta de los predios con destino exclusivo a la construcción de viviendas y/o de urbanizaciones sociales, en los casos siguientes: emprendimientos de clubes de campo, barrios cerrados y toda otra forma de urbanización privada", dice.

El texto también incluye a los cementerios privados y los grandes emprendimientos comerciales.

Más allá de la posterior desmentida, las palabras de Rossi generaron gran preocupación entre los habitantes de los countries y barrios cerrados, que se sienten blanco de diversos embates del Gobierno en su contra: les quitaron los subsidios a los servicios, están permanentemente en la mira de la AFIP y ahora se desliza la posibilidad de expropiar las áreas comunes del lugar donde viven. "Es un dislate y, sobre todo, cuando muchos de estos barrios cerrados lo que están buscando también es preservación en condiciones de seguridad", advirtió Ricardo Gil Lavedra, jefe de la bancada radical y secretario de la comisión bicameral que analiza el proyecto de reforma del Código Civil.

"La gente va a los barrios cerrados en búsqueda de una mayor seguridad", dijo ayer a radio Mitre el empresario Eduardo Costantini, desarrollador de Nordelta y de otros emprendimientos urbanísticos. "En la reforma del Código Civil se rejerarquiza aún más el régimen de barrios cerrados, pero a su vez hay un proyecto que trata de contrarrestar esto y abrir los countries."

Legislación

Hoy, existen 700 barrios privados, countries y clubes de campo. En total, unos 288.000 habitantes permanentes de este tipo de urbanizaciones y unas 90.000 casas, según datos de la Federación Argentina de Clubes de Campo.

No obstante, hasta hoy no existe una ley nacional que reglamente la propiedad de este tipo de urbanizaciones, que en su mayoría se levanta sobre antiguas tierras fiscales. Los countries hicieron su aparición en los 70 gracias al decreto 8912/77, que favoreció su instalación, aunque, entre los pioneros, hay que señalar el Tortugas, de 1930, y el Mapuche, de 1963.

Este decreto favoreció la instalación de urbanizaciones satélite en tierras que entonces eran del Estado. Tuvieron su auge durante los años noventa. Se estima que el 35% de la clase media alta porteña compró una casa para fines de semana.

Después de la crisis de 2001, como inversión u opción al corralito, los countries continuaron creciendo, alimentados por el sueño de vivir en un ambiente más natural, a sólo media hora del centro, gracias a las autopistas, sueño que para muchos se convirtió en pesadilla, culpa del colapso de los accesos a la Capital. Se pasó a 125.000 habitantes permanentes y, para 2005, el 63% de las casas ya eran viviendas fijas. Hoy son unos 288.000 habitantes.

Desde 1998 a la fecha han existido hubo cuatro proyectos en el Congreso de la Nación, proponiendo un régimen jurídico especial para regular la creación y funcionamiento de Clubes de Campo, Barrios Privados y Urbanizaciones Especiales, pero ninguno ha prosperado. Todos caducaron antes de obtener consenso. El proyecto de reforma del Código Civil busca legislar el tema, les otorga la categoría de "conjuntos inmobiliarios" y los engloba dentro de la propiedad horizontal. Entre otras modificaciones, se prohíbe la aplicación de la llamada "bolilla negra", una práctica muy difundida en los countries más tradicionales, que implica que el consorcio de propietarios se arrogue el derecho de admisión de nuevos propietarios. El artículo 2085 del proyecto establece: "La administración puede prever limitaciones, pero no impedir la libre transmisión y consiguiente adquisición de unidades funcionales dentro del conjunto inmobiliario, pudiendo establecer un derecho de preferencia en la adquisición a favor del consorcio de propietarios o del resto de propietarios de las unidades privativas". Esto significa que, en la práctica, no se podrá impedir la libre transición o venta de una propiedad en un country por el hecho de que el comité se oponga.

También se prohíbe la creación de tribunales de disciplina internos, destinados a aplicar sanciones a los propietarios que incumplan el estatuto interno. No habla en absoluto de eliminar las barreras de acceso a los countries, para habilitar el ingreso de público en general.

MARCHA ATRAS

• Iniciativa.
  
  El controvertido anteproyecto fue presentado en el Ministerio de Planificación Federal.

• Nuevo régimen.
  
  Establece como principio rector "la accesibilidad y comunicación universal".

• Polémica.
  
  Sostiene que "se propenderá a la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas para garantizar la accesibilidad de todas las personas y evitar las zonas residenciales y de esparcimiento aisladas".