El Senado tratará la designación del defensor del niño
En las sesiones extraordinarias se formalizará el nombramiento de Marisa Graham
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Parece difícil creer que la designación de un defensor que vele por los derechos de los menores pueda demorar tanto tiempo. Transcurrieron más de 13 años y, pese a que en 2019 fue elegida Marisa Graham la funcionaria que ocupará ese cargo, aún resta que el Senado apruebe formalmente su nombramiento. El gobierno nacional oficializó ayer que en estas próximas sesiones extraordinarias se tratará la elección de la abogada especialista en derecho de familia.
Con la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se incorporó, entre otros temas mencionados en el Boletín Oficial, la designación de la defensora y de los defensores adjuntos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme con la propuesta que realizó la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes tras un exhaustivo proceso de selección entre 14 postulantes.
"La decisión del Presidente va en línea con los compromisos internacionales y con la sentencia judicial de la Cámara Contencioso Administrativo y Federal. Ahora es el turno del Senado y es urgente que intervenga para hacer cesar una grave violación a los derechos de la infancia y conformar el sistema de protección de derechos que le debemos hace casi 15 años a la infancia argentina", dijo Carmen Ryan, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e Infancia en Deuda.
El 23 del mes pasado, las organizaciones que integran el colectivo Infancia en Deuda enviaron una carta al presidente Fernández solicitándole que se incluyera el tratamiento de este tema en las sesiones extraordinarias. "La conformación y puesta en marcha de esa defensoría debe ser tratada por el Senado de forma urgente ya que la garantía de los derechos de la infancia requiere su aprobación", indicaron en la misiva.
"La gravedad de la crisis económica y social y su especial impacto en la niñez y en la adolescencia ponen en evidencia la necesidad ineludible de contar con una defensoría que exija y controle las políticas públicas destinadas a la infancia", se agregó en el texto.
Según los últimos datos publicados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la situación de pobreza alcanza hoy al 59,5% de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
Largo proceso
Entre octubre de 2017 y abril de 2019 se celebró un concurso de oposición y antecedentes, llevado adelante por la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El proceso de selección contó con el asesoramiento técnico de organismos especializados como la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), además de los defensores provinciales. Finalmente, Marisa Graham fue la elegida para ocupar el puesto como defensora y Facundo Hernández y Fabián Repetto como defensores adjuntos.
La Cámara de Diputados aprobó las nominaciones, pero está pendiente su tratamiento por parte del Senado –a pesar de que desde el 17 de julio pasado este asunto cuenta con una moción de preferencia–.
El cargo de defensora de niños, niñas y adolescentes fue creado el 28 de septiembre de 2005 por la ley 26.061 de protección integral de la infancia, para visibilizar sus problemáticas, priorizar sus derechos en la agenda pública y controlar las políticas destinadas a ese colectivo. Aunque la norma dispuso un plazo de 90 días para designar a su titular, tarea a cargo del Congreso Nacional, el tiempo transcurrió y solo hubo inconvenientes que demoraron la elección. Recién en los últimos años se reactivó el tema gracias a la insistencia de decenas de organismos.
Graham, en diálogo con LA NACION, había indicado que priorizará temas como la desigualdad en los sectores más vulnerables y la pobreza, entre otras problemáticas. Sobre el aborto opinó que está a favor de la despenalización "en las condiciones del proyecto de ley que se presentó". Y agregó: "Creo que como defensora tengo que impulsar que se cumpla la ley de educación sexual integral (ESI)".
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