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En medio del conflicto con el Gobierno: Los rectores universitarios votaron el presupuesto 2027 y adelantaron que buscarán “sensibilizar” al Congreso
Con el consenso de las 60 instituciones participantes, el proyecto definido en Bariloche será enviado formalmente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias
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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El 96° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), desarrollado en esta ciudad cordillerana, aprobó hoy el anteproyecto de presupuesto para 2027, estimado en 11 billones de pesos.
Con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) como institución anfitriona, el encuentro congregó a las máximas autoridades de 60 universidades públicas nacionales y provinciales. El plenario se desarrolló en medio de un escenario de profunda tensión entre las autoridades de las casas de altos estudios de gestión estatal y el Gobierno nacional, marcado por una reciente paritaria sin acuerdo y sucesivas medidas de fuerza en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El presupuesto base aprobado está conformado por los gastos en personal docente y no docente (con una recomposición proyectada a julio de 2026), los gastos de funcionamiento indispensables, programas de investigación, el sostenimiento de hospitales y equipamiento técnico, y el financiamiento de las becas Manuel Belgrano a valores de 2023.
La elaboración de la propuesta estuvo a cargo de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN. Mónica Biasone, rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y titular de esa comisión, defendió la solidez de la presentación al señalar que necesitaban un presupuesto “trazable, consistente y que nos represente”.
Por su parte, Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y vicepresidente de la comisión, remarcó la importancia estratégica de estas partidas al advertir que “la función universitaria es compleja y es lo que el país necesita para el desarrollo”. Agregó que las instituciones de educación superior son “la solución y no el problema”.
Más allá de los 11 billones de pesos solicitados para el normal funcionamiento de las universidades, el plenario aprobó un requerimiento de 7,086 billones de pesos adicionales por fuera del presupuesto base. Este bloque extrapresupuestario está destinado a cubrir áreas críticas que los rectores consideran esenciales. Allí se incluyen 1,913 billones de pesos de las Becas Progresar, 109,4 mil millones de pesos para infraestructura universitaria, y 5,064 billones de pesos para inversión en ciencia y técnica.
Con el consenso de las 60 instituciones participantes, el proyecto definido en Bariloche será enviado formalmente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Sin embargo, la estrategia de los rectores no se limitará a la vía de presentación administrativa. El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, adelantó los pasos a seguir de cara al debate legislativo: “Ahora viene una tarea más compleja, que es la de sensibilizar a los legisladores de cada provincia”.
Para cumplir con este objetivo, Bartolacci anunció que convocarán a una reunión pública en el Congreso de la Nación dentro de los próximos 15 días, donde presentarán la propuesta de financiamiento directamente a todos los legisladores, instándolos a hacer cumplir las leyes vigentes de financiamiento educativo y de ciencia y tecnología.
El plenario se llevó a cabo en un clima de alta conflictividad gremial. Esta misma semana, las universidades llevaron adelante medidas de fuerza tras el rechazo a la oferta del Gobierno nacional de un 3% de recomposición salarial para el mes de septiembre, una propuesta que contrasta drásticamente con el 30% de aumento que exigen los sindicatos docentes y no docentes junto con los rectores. De hecho, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó hoy a un paro nacional en las universidades para el próximo martes, tras el fracaso de la reunión paritaria con el Gobierno.
La gravedad de la situación financiera se evidenció en la composición misma del gasto: según Biasone, aproximadamente el 92% de los recursos universitarios se destinan a salarios, dejando apenas un 8% para el funcionamiento básico y políticas de acompañamiento estudiantil.
Durante el plenario presentó su renuncia el director general del CIN, el contador Pablo Pagola. Su dimisión se produjo inmediatamente después de exponer un informe detallado sobre el déficit estimado para este año, calculado a partir de la brecha existente entre los gastos reales de las universidades y las transferencias efectivamente enviadas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, prorrogó hoy la designación de Juan Marcos Oudin como director nacional de Presupuesto, Control e Información Universitaria. Oudin continuará durante otros 180 días hábiles dentro de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
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