En Vicente López no investigarán las denuncias por irregularidades

Con los argumentos de que no hay elementos contundentes y de que la Justicia y el Tribunal de Cuentas bonaerense aún no emitieron una sentencia, el Concejo Deliberante de Vicente López rechazó ayer por mayoría la creación de una comisión investigadora para analizar supuestas irregularidades en la contratación de un servicio informático, entre 1996 y 1997.

Si bien no hay sentencia del Tribunal de Cuentas bonaerense, Pablo Lezana, relator del organismo encargado de controlar los gastos del municipio, elevó un informe en el que afirma que no existe Granara y Asociados -una de las empresas contratadas por la municipalidad- a la que se le pagó más de 1.200.000 pesos, y que a Servicios Empres, otra de las firmas a la que se le abonó una cifra similar, no se le pudo comprobar la realización del trabajo contratado.

El informe de Lezana, terminado en abril último, fue trasladado para que las autoridades municipales hicieran el descargo correspondiente. "La falta de remisión de la documentación y los antecedentes para el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas lleva implícita la presunción de perjuicio para el erario municipal", escribió en su informe Lezana. Las supuestas irregularidades también son investigadas por la justicia de San Isidro.

Por tal motivo, los concejales opositores Sonia Martín (Casa Abierta), María Eva Valenzano (Espacio Justicialista), Juan Enrique Romero (Alternativa Justicialista) y Carlos Roberto (Partido Socialista) presentaron un proyecto de decreto para crear una comisión investigadora para estudiar la existencia de las supuestas irregularidades y analizar la suspensión preventiva del intendente Enrique García.

La iniciativa fue rechazada por 20 votos contra cuatro. Sólo votaron en favor de crear la comisión investigadora los ediles autores del proyecto. Los 14 concejales de la UCR, los tres del PJ, dos del Frepaso y uno de Acción Comunal se negaron a aprobar la comisión investigadora.

El presidente del bloque del Frepaso, Eduardo Di Martino, quien en 1998 había sido uno de los concejales que denunció las irregularidades, no apoyó el proyecto porque según explicó "no hay elementos contundentes" para hacerlo.

La concejal Martín dijo: "El Tribunal de Cuentas asevera que hay un daño patrimonial de 3.000.000 de pesos. Nadie fue capaz de detectar la mínima irregularidad. Como no lo pueden explicar [las supuestas irregularidades] no lo quieren investigar".

El primero de los ediles en defender la postura oficialista fue Fabián Gnoffo, quien calificó el proyecto de decreto "como falaz, malicioso y de mala leche" y llamó a alguna de las dos concejalas que presentaron la iniciativa -Martín o Valenzano- como "yegua desbocada" y agregó que ellas "buscan cinco minutos de gloria para salir en los medios de comunicación".

Gnoffo sostuvo que no existe un informe del Tribunal de Cuentas, sino el trabajo de un relator que fue trasladado a la Municipalidad de Vicente López para ser respondido.

"Los ediles de la oposición sólo buscaban un rédito político. Granara y Asociados no es un empresa fantasma."

El Departamento Ejecutivo, a cargo del intendente García, difundió un comunicado donde explicó que "la comuna está cumpliendo en tiempo y forma con la remisión de la documentación solicitada por el Tribunal de Cuentas".

Por Gabriel Di Nicola

---

Conforme a