Es ley la educación sexual obligatoria para las escuelas

La Cámara de Senadores convirtió hoy en ley el proyecto que establece la obligatoriedad de que las escuelas primarias y secundarias de todos el país, de gestión privada y estatal, impartan un programa integral de educación sexual para sus alumnos.

El proyecto fue aprobado sin modificaciones, tal como llegó desde la Cámara de Diputados, por 54 a favor contra 1 de la justicialista disidente Liliana Negre de Alonso, que reclamaba la mención explícita de los padres como participantes del programa, en el texto de la ley

Durante la sesión estuvo presente en el recinto el ministro de Educación, Daniel Filmus, y la titular del INADI, María José Lubertino, como expresión de respaldo político a la norma.

La iniciativa aprobado por Diputados a mediados de agosto establece los cinco años como edad mínima para comenzar a recibir instrucción en esta materia, y obliga al Ministerio de Educación, que "fija los lineamientos básicos para la educación sexual integral", a poner en marcha en 180 días "un plan que permita el cumplimiento de la presente ley", en un plazo máximo de cuatro años.

La ley recibió cuestionamientos de parte de la Iglesia Católica y de sectores conservadores de la cámara alta, que critican que no incluya expresamente a la familia en la elaboración de los contenidos de la materia.

A ellos la primera dama y senadora Cristina Fernández de Kirchner, una de las promotoras de la iniciativa, les respondió que "nunca vi una discusión sobre la participación de los padres en la enseñanza de la historia o de educación cívica".

"Me parece que hay sectores que se oponen a que se enseñe educación sexual en los colegios. No está mal que alguien piense así, pero no podemos discutir durante horas si se menciona o no a los padres", agregó.

La ley. Establece que todos los estudiantes "tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal".

Se especifica que como educación sexual integral se entiende "la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos".

La norma aclara que la ley tendrá una aplicación "gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente", y fija un plazo máximo de cuatro años para el cumplimiento de sus disposiciones.

Para la implementación de esos contenidos se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, que será aplicado "desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria".

En uno de los artículos dispone que las jurisdicciones involucradas "garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares" para el cumplimiento del Programa Nacional.

Pero después aclara que "cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros".

Estos conceptos, incluidos en el artículo 5, fueron los que más debate provocaron, ya que varios senadores propusieron incluir específicamente la participación de los padres en la elaboración de los contenidos

"Mi disidencia tiene que ver con no incorporar expresamente y con el rol protagónico que la Constitución y los tratados internacionales le dan a la familia en la formación, en los contenidos, en la ley de educación sexual", sostuvo Negre de Alonso haciendo punta en el planteo. Después adhirieron su compañero de bancada Adolfo Rodríguez Saá y los representante del Partido Renovador de Salta, Ricardo Gómez Diez, y de Fuerza Republicana de Tucumán, Delia Pinchetti de Sierra Morales.

Pero la vicepresidenta de la comisión de Educación, la justicialista Silvia Gallego, quien actuó como miembro informante del proyecto, rechazó esa posición por considerar que "al hablar de comunidad educativa la ley federal de educación incluye directivos, docentes, padres, alumnos ex alumnos, personal administrativo y auxiliares".

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