Escándalos que signaron el desprestigio definitivo

Cuando faltaban cinco meses para que expiren sus funciones, el ya desprestigiado Concejo Deliberante porteño recibió el tiro de gracia de quien menos lo esperaba: su entonces titular, José Manuel Pico, fue acusado de liderar una asociación ilícita y de haber estafado a 534 personas con la venta de viviendas.

Las acusaciones pesaban sobre el ex edil desde 1995. El 11 de julio último, cuando un juez libró una orden de captura contra él, Pico huyó a Brasil. Para salir del país, junto con su novia y con dos hombres vinculados con el ex agente de inteligencia militar Raúl Guglielminetti, utilizó un DNI falso.

El ex titular del Concejo está detenido en la cárcel de Devoto, procesado por los cargos que se le imputaban y por falsificación de documentos.

Mientras Pico era tapa de los diarios, un escándalo más con los ñoquis del cuerpo confirmó que el final de esta institución no sería con bajo perfil.

El 23 de septiembre último, el juez Mariano Bergés allanó el Concejo y comprobó la existencia de 148 empleados que no concurrían a trabajar. Entre otras irregularidades, encontró personas ya fallecidas cuyos sueldos seguían cobrándose.

Al igual que los ñoquis, las excepciones al Código de Planeamiento Urbano fueron moneda corriente. Pero las irregularidades habían empezado tiempo atrás.

El cuerpo goza del dudoso privilegio de haber albergado al primer funcionario público condenado por un hecho de corrupción desde la restauración de la democracia, en 1983.

En febrero de 1995, el Tribunal Nº 8 sancionó al concejal justicialista Juan Carlos Suardi con tres años de prisión en suspenso por malversación de caudales públicos.

Las razones del demérito

Estos son otros casos que contribuyeron a mancillar la imagen del concejo porteño:

• Mayo de 1994: el justicialista Raúl Padró fue procesado por 96 casos de fraude al Estado y debió pagar una fianza para no ser encarcelado. Además, una empleada del bloque Lealtad Peronista, Elsa Villarreal, lo acusó de haberla golpeado y acosado.
• Septiembre de 1994: laCámara del Crimen ratificó la prisión preventiva al concejal justicialista Jorge Pirra, acusado de enriquecimiento ilícito. Sus bienes fueron embargados por 500 mil pesos.
• Enero de 1993: en la medianoche del 15, los concejales decidieron aumentarse las dietas un 70 por ciento. Sólo siete votaron en disidencia. Días después, el presidente Carlos Menem decretó la nulidad del incremento.
• Diciembre de 1990: tan sólo cinco ediles se opusieron al voto de los 42 concejales que aprobaron el expediente mediante el cual la planta baja de la Escuela N¼ 16 D. E. 2¡ Presidente Mitre, se convertiría en una galería. El caso conocido como la escuela shopping fue una de las páginas más oscuras en la historia del cuerpo.
• Diciembre de 1989: dos barras peronistas antagónicas generaron tumultos durante la elección del presidente del cuerpo. La aparición de un arma de fuego en manos de Juan Carlos Suardi, que dijo habérsela arrebatado al subsecretario general de la Comuna, Francisco Carrere, fue el corolario de una batalla que incluyó varias butacas que volaron por el aire y ceniceros estrellados contra las columnas del recinto.

La sesión fue postergada por unas horas. Luego, con la ausencia de los bloques justicialista, ucedeísta, intransigente y federal, Suardi resultó electo titular del Concejo.

• Abril de 1988: ediles radicales agredieron a golpes y lanzaron ceniceros y vasos a un grupo de supuestos docentes que los habían abucheado.
• Diciembre de 1985: los concejales radicales Pedro Tula del Moral y Eugenio Vinciguerra fueron denunciados y detenidos por presuntas exacciones ilegales en la habilitación de una concesionaria de automotores.

El compromiso es cambiar la imagen

"Vamos a promover un cambio de 180 grados", aseguró a La Nación Enrique Olivera, vicejefe de Gobierno y presidente de la Legislatura porteña, que asumirá el 4 del mes próximo.

La promesa apunta a sepultar el descrédito popular con que termina sus días el Concejo Deliberante, una de las misiones fundamentales del nuevo cuerpo.

Según Olivera, tres directrices guiarán las funciones de los diputados de la ciudad: transparencia, austeridad y apertura a la participación efectiva de la población.

-¿Cómo se puede garantizar el cumplimiento de esas premisas?

-Ya desde el texto de la Constitución porteña, la Legislatura está obligada a convocar a la ciudadanía para que participe de audiencias públicas cuando se traten leyes de relevancia.

Eso ayuda a la transparencia, al igual que el sesionar en horarios accesibles para el público que quiera concurrir al recinto.

Por otra parte, se va a gastar menos de la mitad y va a haber cerca de 800 empleados menos. Además, los que ingresen a trabajar en la planta permanente serán elegidos por concurso público.

-¿No cree que la gente va a seguir desconfiando por el arrastre de los escándalos en el Concejo?

-Va a depender del ejemplo de rectitud que podamos dar, pero desde ya doy por seguro que hay una voluntad de trabajo para el bien público en todos los legisladores.

-¿Qué se espera desde el Ejecutivo del cambio de órgano legislativo?

-Estamos ansiosos, porque podrá empezar a conseguirse la autonomía de la ciudad. Eso se logrará cuando se empiece a legislar sobre la creación del Poder Judicial, de los organismos de control, del código contravencional, de la ley de salud y tantas otras. Va a ser muy beneficioso para el Gobierno de la Ciudad.

-También van a estar más controlados.

-Pero al mismo tiempo habrá un espacio más importante para debatir los proyectos que nuestra ciudad necesita para crecer.

De todos modos, un mayor control también contribuirá a mejorar la calidad y el prestigio de las instituciones porteñas .

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