“Está hecha la trampa, pero no la ley”: reclaman una norma para garantizar la seguridad de los chicos en entornos digitales

Los riesgos que enfrentan chicos y chicas en internet no pueden resolverse únicamente desde las familias o las escuelas. Las plataformas también deben asumir responsabilidades sobre los entornos que diseñan, los datos que recopilan y los sistemas que utilizan para recomendar y amplificar contenidos. Ese es el eje de la campaña para convertir en ley nacional la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, que acaban de lanzar de manera conjunta unas 300 organizaciones y referentes.

Desde comienzos de año, vienen impulsando conversaciones con diputados y senadores para que alguno de los 34 proyectos que existen vinculados a la regulación de los entornos digitales para niños y adolescentes, incluyan las bases mínimas que reclaman. Para que la protección real exista, argumentan, no es correcto confundir el foco y creer que los riesgos online que enfrentan chicos y chicas solamente tienen que ver con el tiempo en pantalla o con el control de ese tiempo por padres y escuelas. “El foco principal debe ponerse en las plataformas algorítmicas, en sus diseños, en sus incentivos económicos y en los riesgos que producen o amplifican”, dice el documento que entregaron a los legisladores.

La iniciativa reúne a organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos de la niñez, derechos digitales, educación, salud y protección de datos, junto con defensorías de la Niñez, defensorías del Pueblo de la República Argentina y el Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires.

“Está hecha la trampa, pero no la ley” es la frase elegida por los organizadores de la campaña para alertar sobre el vacío legal que existe en torno de esta problemática. Por eso, exigen una norma nacional que contemple diez puntos mínimos que logren garantizar una protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellos, que las plataformas demuestren que trabajan proactivamente en prevenir daños, que el diseño de la seguridad sea obligatorio para las empresas y no opciones configurables de los usuarios, que la verificación de la edad sea real, que se protejan los datos de los usuarios y que los algoritmos sean transparentes, entre otras cuestiones.

“Entendemos que la Argentina no puede seguir abordando este tema mediante respuestas fragmentadas, tardías o basadas casi exclusivamente en la autorregulación empresaria. Los daños que hoy atraviesan niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales no son hechos aislados ni meros efectos colaterales del avance tecnológico: son, en gran medida, el resultado de entornos diseñados bajo lógicas de captación de atención, dependencia, perfilamiento y monetización de datos”, advierte el texto de la iniciativa.

María Capurro Robles es abogada y referente del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom). “La agenda digital es bastante fuerte en la vida de los chicos y chicas y cada vez más. Y tenemos que pensar que, dado que el Comité de los Derechos del Niño aprobó un estándar específico sobre la vida digital, y consideró que la Convención de Derecho del Niño es aplicable a los entornos digitales, existen ya estándares muy sólidos para entender que existe obligación de los Estados de garantizar los derechos tanto afuera como dentro del entorno digital. Por eso, consideramos que es fundamental que el país avance en una regulación de los entornos digitales, tal como lo hizo Brasil y como lo está haciendo en este momento Europa, para garantizar que la protección sea real y segura. Y para eso tenemos que incluir el papel de las plataformas. Tenemos que llevar esa conversación social a una protección legal”, explicó.

Los diez puntos que plantea la campaña para una ley sobre entornos digitales seguros para los chicos son los siguientes.

• Prevenir los riesgos: que las plataformas identifiquen y reduzcan los posibles daños antes de que ocurran.
• Seguridad desde el diseño: que la privacidad y la protección estén incorporadas de entrada y no dependan de cada usuario.
• Verificación de edad de forma segura: que existan mecanismos efectivos para determinar la edad, sin generar nuevas formas de vigilancia.
• Protección de datos: que los datos de chicos y chicas no se utilicen para perfilarlos comercialmente ni dirigirles publicidad personalizada.
• Algoritmos transparentes: que las plataformas expliquen cómo recomiendan y amplifican contenidos.
• Control estatal: que los servicios digitales evalúen su impacto en los derechos de niños, niñas y adolescentes y puedan ser fiscalizados.
• Políticas públicas: fortalecer la educación digital, la salud, la prevención y el acompañamiento a las familias.
• Participación: que chicos y chicas sean escuchados en las decisiones que los afectan en los entornos digitales que habitan.
• Sanciones efectivas: que existan controles y consecuencias cuando las empresas incumplan sus obligaciones.
• Educación digital integral: garantizar herramientas para que niñas, niños y adolescentes puedan desenvolverse online de manera segura, crítica, creativa y autónoma

Entre las organizaciones y organismos que impulsan esta iniciativa se encuentran: Protección Digital Argentina, Asociación Chicos.net, Asociación de Juristas de Familia de la República Argentina (Ajufra), Red por la Infancia, Observacom, Eforo, Amnistía Internacional Argentina, Sociedad Argentina de Pediatría, Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Icmec, por su sigla en inglés), Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral (Ocedic), Mesa de Articulación de Niñeces y Adolescencias, Asociación Civil Padre Carlos Mugica, Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (Adpra); Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, Bienestar Digital, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Coordinadora de Igualdad y Diversidad, DHyTecno, El Arca, Faro Digital, Forum Infancias Red Federal, Fundación Che Pibe, Fundación Emmanuel, Fundación LA NACION, Organización Género y TIC (Gentic), Grooming Argentina, Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de las Políticas Públicas (Iadepp), La Ronda, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA ), Las Otras Voces. Aula Abierta, Andhes, Comunicación para la Democracia, LatinLab, Manos Libres, PENT, Proyecto Desconfío, Querido Adolescente No Es Tu Culpa y Revelar.

Apoyan la iniciativa Martín Becerra, Sergio Balardini, Carina Lion, Roxana Morduchowicz, Roxana Perazza, Ana Campelo, Silvina Pedrouzo, Silvina Ferreira Dos Santos, Gisela Grunin, Mariana Ferrarelli, Carolina Stanley, Pilar Molina, Daniela Dupuy, Paula Wachter, Santiago Morales, Cielo Salviolo, Sebastián Novomisky, Fabio Tarasow, Carolina Martínez Elebi, Carla Pitiot, Nora Pulido, Andrea Urbas, Marcela Czarny, Mariela Reiman, Facundo Hernandez, Joaquín Cruzalegui, Eliana Groisman, Adriana Krasnow, Santiago Stura, Silvia Bacher, Lucia Fainboim, Ximena Diaz Alarcón, Damián Supply, Betina Perona, Milagros Schroder; Candelaria Kelly, Romina Zapata, Hernán Navarro, Federico Cassani, David Coronel, Paula Chinellato y Valeria Dotro, entre cientos de profesionales adherentes.

“Diversos países del mundo y de la región han regulado o están avanzando a paso firme en la protección desde el enfoque que se propone, así tanto la Unión Europea, el Reino Unido, España en breve, o Brasil son algunos de los ejemplos”, apunta la iniciativa.

“Hoy niñas, niños y adolescentes enfrentan múltiples riesgos en línea: violencia digital, grooming, discursos de odio, difusión no consentida de contenidos, desinformación, acceso temprano a pornografía, apuestas, consumos problemáticos, dificultades para la desconexión y afectaciones al bienestar, la autoestima y la salud mental. Estos riesgos se intensifican en un contexto de desigualdad, sobrecarga de cuidados, debilitamiento de políticas públicas y profundas diferencias en las posibilidades reales de acompañamiento familiar y comunitario”, agrega.

Y continúa: “Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el tiempo de desconexión es hoy un indicador de salud. Desde una perspectiva de derechos, no se trata de excluir a niñas, niños y adolescentes del entorno digital, sino de garantizar condiciones compatibles con su dignidad, desarrollo, privacidad, salud, autonomía progresiva e interés superior. La respuesta no puede ser la inacción ni la prohibición como única herramienta, sino una regulación que reorganice el ecosistema digital desde el deber de cuidado, la prevención del daño y la responsabilidad empresarial”.

Marcela Czarny, de la organización Chicos.net, recordó: “Desde que nos organizamos, nos dimos cuenta que nuestra voz en conjunto tiene mucho peso y también que el debate que traemos no puede demorarse. Quizás, hablar de estas cuestiones hace un año era mucho más difícil, en cambio ahora, después de lo que ocurrió en Estados Unidos, donde las plataformas reconocieron el impacto en la salud mental de los chicos y chicas, estamos en otro tiempo para este debate. También, así como hubo países que prohibieron el uso de redes sociales en la adolescencia, se vio que el problema es que el eje del problema se sacó de la discusión. El riesgo sigue existiendo y se crea una falsa sensación de seguridad. Por eso, en este debate no alcanzan prohibiciones o restricciones. También es necesario determinar las condiciones en que las plataformas van a operar. En otros países eso ya está ocurriendo y es muy saludable”.

Por Evangelina Himitian

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