Estiman que hay 500 geriátricos ilegales

De haber vivido allí, la persona más feliz hubiera muerto de tristeza.

En el centro de un viejo galpón de chapa se levantan precarias casillas de madera que hacen las veces de habitaciones. En su interior, sobre colchones, en camas o en el piso, vive -sobrevive- una docena de ancianos. El olor a orina domina el ambiente.

En el corazón del galpón, como si fuera un mueble más, hay un gran canasto repleto de zapatos viejos -algunos arqueados por el tiempo y la humedad-, como un indicio del inexorable destino de sus habitantes, una señal indicadora del próximo paso que darán. Los zapatos que nadie usa se acumulan junto a la basura. Pertenecieron a los que ya no están.

El episodio transcurre en Buenos Aires, en un geriátrico situado en Camarones 2551, uno de los 14 que el gobierno porteño lleva clausurados desde el 31 de enero último.

Insalubridad

No todos los establecimientos eran clandestinos: muchos estaban habilitados y aun así mantenían a los ancianos en pésimas condiciones de salubridad e higiene, según informó Horacio Spandonari, titular de la Dirección General de Habilitaciones e Inspecciones (DGHI).

El problema de los geriátricos es antiguo y volvió a tener estado público luego de la gran tormenta del 24 de enero último, cuando cinco ancianas murieron al inundarse el sótano de la residencia donde dormían, en Superí 2262, de Belgrano.

El gobierno porteño aseguró que el lugar estaba habilitado, pero no para que instalaran dormitorios en el subsuelo. El juez de instrucción Juan Cicciaro investiga la responsabilidad de las muertes.

En la ciudad funcionan 869 geriátricos privados habilitados y, según se estima, otros 500 clandestinos. Para la Dirección de la Tercera Edad porteña, el 67% está en buenas condiciones, el 20% es regular, el 9% muy bueno y el 4%, malo.

Aun así, en las últimas inspecciones que realizó la DGHI se hallaron habitaciones en galpones, en garajes, en subsuelos, donde las pertenencias de los mayores se mezclaban con la basura.

En muchos casos se constató que los ancianos estaban desnutridos, con escaras infectadas y algunos postrados sin recibir atención médica diaria.

En otros, las cocinas resultaban ambientes propicios para el hábitat de cucarachas y roedores. Dentro de las heladeras había alimentos que evidenciaban un alto grado de descomposición, listos para ser servidos como almuerzo o cena.

En 1997, un incendio en un geriátrico, en el que murieron varias personas, evidenció la falta de regulación y control sobre el funcionamiento de los hogares privados.

Se decidió entonces la creación de la Unidad de Contralor de Geriátricos Privados, que integran la Dirección General de Habilitaciones e Inspecciones; la Dirección de Tercera Edad dependiente de la Secretaría de Promoción Social; las secretarías de Salud y de Medio Ambiente.

Pero, aunque la creación del organismo concentró las funciones de control en un solo ente, no lo facultó de poder de policía. Esto significa que cuando los inspectores de cada secretaría concurren, sólo pueden ingresar cuando el propietario lo permite. Esto nunca sucede cuando el geriátrico es clandestino o con irregularidades.

Los que sí pueden recurrir a la fuerza pública e ingresar, a pesar de la negativa del dueño, son los inspectores de la DGHI, pero su labor se limita a constatar el estado de las condiciones del inmueble.

Esto, porque según la legislación vigente desde 1979, para ser habilitado, un geriátrico sólo debe garantizar ciertas condiciones edilicias, tal como se exige a un local comercial (Ver aparte).

Qué hacer con los ancianos

Según consideró el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, el vacío legal es sólo una cara del problema: "Una vez que se clausura un geriátrico hay que mandar a los ancianos a algún lugar. Entonces, la falta de camas del gobierno porteño para poder absorber la demanda hace que sea muy difícil luchar contra los hogares clandestinos".

En Buenos Aires hay 17.502 ancianos registrados que viven en geriátricos habilitados. El 77% son mujeres y el 23%, hombres.

Sólo el 31% es autosuficiente, mientras que el 45% es semidependiente y el 24% totalmente dependiente. El gobierno local tiene sólo cuatro hogares públicos, con capacidad para 1632 mayores, es decir, para alojar a menos del 10 por ciento.

La actividad de los geriátricos privados se expandió en los años 70, y el sector se considera PAMIdependiente . Esto es, que la mayoría de las internaciones estaban financiadas por la obra social de los jubilados.

Hoy, según aseguró Marcela Casserata, gerente de Prestaciones Sociales, el PAMI tiene 4200 camas en la Capital por las que paga 590 pesos por internación y 649 cuando ésta incluye atención psiquiátrica.

El resto de las plazas en geriátricos corresponde a particulares. En promedio, una residencia habilitada y con asistencia médica va de los 700 a los 900 pesos, cifra que muy pocos están en condiciones de pagar.

Los geriátricos clandestinos cobran el 40% que los habilitados. Las ofertas salen en los diarios. "Residencia geriátrica, 250 pesos. Visítenos", invita un geriátrico desde un cartel ubicado en el poste de luz en cualquier esquina de la ciudad.

Las dos caras

Según aseguran en la DGHI, muchas de las residencias clandestinas tienen dos caras: la primera incluye una fachada vistosa y tres o cuatro habitaciones acondicionadas que son las que se muestran a los que acuden a conocer las instalaciones. La otra, la verdadera, permanece oculta y sólo la conocen los ancianos.

"Funcionan como verdaderos morideros, como depósitos humanos. Allí los mayores están en condiciones de hacinamiento y abandonados a su propia suerte", dice Semino.

En ocasiones, ante la imposibilidad de pagar un geriátrico habilitado, los familiares del anciano se convierten en cómplices de los dueños del establecimiento: ante los inspectores, juran que los titulares son parientes que se hacen cargo del mayor.

Según la ley, un hogar puede alojar hasta seis mayores sin requerir habilitación como geriátrico. Ese es uno de los argumentos que esgrimen los titulares. Algunos, como el hogar clausurado en Moreno 3387, poseen una cámara oculta en la entrada para observar la llegada de los inspectores e impedirles el acceso.

Cuando los inspectores logran entrar, recurriendo a la fuerza pública, los dueños del establecimiento tuvieron tiempo suficiente para cambiar "la escena" y esconder a algunos de los mayores que allí viven en condiciones irregulares.

Según Daniel Magliocco, director de Tercera Edad, uno de los mecanismos que fallan para que se produzcan episodios como el ocurrido en el geriátrico de la calle Superí es el control familiar. "Si los parientes lo visitaran más seguido y se preocuparan por saber cómo se encuentra, dónde duerme y cómo lo atienden, nunca se llegaría al extremo del abandono", dice el funcionario.

Cerrados

Los geriátricos privados clausurados por la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad, desde el 31 de enero último son los siguientes:

• Superí 2251
  
  
• Moreno 3387
  
  
• Pedro Lozano 4820
  
  
• Avenida San Juan 3886
  
  
• Avenida Córdoba 1454
  
  
• JuanRamírez de Velazco 1161
  
  
• Elías Bedoya 51
  
  
• Barragán 264
  
  
• Ave. de los Constituyentes 5387
  
  
• Lope de Vega 1847
  
  
• Camarones 2551
  
  
• Pinto 4425/45
  
  
• Oliden 201/231
  
  
• Lope de Vega 2113

Por Evangelina Himitian

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