Ex albergue Warnes: la oposición de vecinos posterga la construcción de torres en Paternal

Había sido proyectado para ser un hospital pediátrico modelo, pero la tarde del 16 de marzo de 1991 el Albergue Warnes quedó reducido a una montaña de escombros. Su demolición, transmitida en vivo por televisión y seguida por una multitud desde detrás de un alambrado ubicado a varios cientos de metros, dejó un espacio verde rodeado por viviendas familiares, hipermercados y otras tiendas. En ese predio podría nacer ahora un emprendimiento inmobiliario de once torres que puso en alerta a los vecinos de Paternal, Agronomía y Chacarita por una posible transformación del lugar.

El proyecto de un grupo inversor privado, con normativas que permiten construir edificios de hasta 48 metros y vigentes desde 1997, antes de la reforma del año pasado del Código Urbanístico, ya tiene media sanción en la Legislatura porteña y se debatió en audiencia pública. Cuando todo estaba encaminado para llegar nuevamente al recinto el próximo jueves para aprobarse definitivamente una reunión entre vecinos, funcionarios y legisladores del oficialismo le puso un freno temporal al proyecto.

La propuesta será discutida nuevamente cuando los vecinos puedan exponer sus ideas ante los dueños de las cuatro parcelas donde se construirían los edificios ubicadas dentro del parque La Isla de la Paternal. El objetivo es que las dos partes puedan dialogar y quizás buscar un punto intermedio entre los 48 metros que se permiten edificar y los nueve metros como límite propuesto por los vecinos en su propio proyecto presentado en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura. La decisión fue tomada el viernes pasado en una reunión a la que asistieron el subsecretario de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Alvaro García Resta, y las legisladoras Victoria Roldán Méndez, Cristina García y su par Gonzalo Straface.

El predio en cuestión se encuentra entre las avenida Chorroarín y Constituyentes y la calle Zabala, frente a un hipermercado y tienda de productos para el hogar y al pulmón verde de la facultad de Agronomía de la UBA. Ese polígono cuanto con un espacio público y cuatro parcelas adquiridas por un privado en 1997. Esos espacios están cerrados y tapiados, sin acceso al público; allí se construiría el emprendimiento inmobiliario con mixtura de usos, es decir, con habilitación para viviendas, comercios y otros fines.

"Nuestro proyecto consiste en la construcción de inmuebles, en tres parcelas que dan a la calle Zabala, que respeten la altura máxima permitida en el barrio", explicó Macarena Simón, referente del colectivo barrial "No a las torres en la Isla Paternal" que organiza reuniones periódicas y mantiene activo un perfil en Facebook. En dicha red social suma adhesiones de figuras públicas como Kevin Johansen, Javier Malosetti y Juanchi Baleirón que dejaron sus mensajes con los hashtags #SíAlPulmónVerdeDeAgronomíaYPaternal y #NoALasTorresEnLaIsla! y la consigna "Más verde, menos cemento".

Para el grupo de vecinos la construcción de esas torres implicaría la presencia de entre 4000 y 6000 personas más en una zona donde actualmente viven unas 2500. "¿Se pensó en los servicios públicos, en la salud pública, en la luz", se preguntó Simón. En 2007 un proyecto similar fue frenado por la acción de los vecinos; ahora Roldán Méndez, la presidenta de la comisión de Planeamiento Urbano, se comprometió a no debatir el tema en la Legislatura hasta que no se realice la reunión entre los vecinos y los propietarios de la tierra.

"Siempre hubo diálogo y en la reunión del viernes puntualmente se habló sobre acercar las partes, vecinos y privado. Por eso se suspendió la segunda lectura, prevista para el próximo jueves, hasta que se haga la reunión en los primeros días de abril", resumió García Resta. "Los conflictos no se resuelven con más conflictos y nuestro rol es seguir dialogando con las partes para minimizar el enfrentamiento", agregó.

Sin embargo el funcionario no es optimista sobre un resultado de la reunión que conforme a los vecinos. García Resta recordó que los terrenos en cuestión fueron adquiridos en 1997 y que desde ese año están vigentes los permisos para edificar con una altura de 48 metros o 16 pisos. "Esa autorización sólo permitía construir residencia de perímetro libre y logramos celebrar un convenio urbanístico que hoy permitiría la mixtura de usos. En ese acuerdo pedimos que las calles internas que se abrirán sean mantenidas por el privado", contó.

El convenio al que hace referencia García Resta fue elaborado en octubre de 2018 y luego votado en la Legislatura con el impulso que le dio el presidente de Vamos Juntos, Agustín Forchieri, y de todo el bloque oficialista. Ese proyecto hacía mención a las normativas que permitieron la localización de un hipermercado y la posibilidad de fraccionamiento de una superficie máxima de 22.000 metros cuadrados destinadas a la localización de viviendas. En ese espacio se construirían los edificios de la polémica.

Más allá de la suspensión temporal del tratamiento en segunda lectura los vecinos siguen en estado de alerta mientras analizan las opciones para exponer en la reunión con los propietarios de las parcelas. "No vamos a permitir que se construya. O lo ganamos en la Legislatura, en la calle o en la Justicia", avisó Simón.

Por Mauricio Giambartolomei

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