Fentanilo: familiares de dos fallecidos en Córdoba piden a la Justicia que investigue si fue por el fármaco contaminado
Denunciaron las muertes de un hombre de 87 años y de una niña de 11; ambas se produjeron en clínicas privadas
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.– Dos nuevas denuncias judiciales se registraron en Córdoba por sendas muertes, de un hombre de 87 años y de una niña de 11, presuntamente asociadas al uso de fentanilo contaminado. Se suman a otra denuncia por el fallecimiento de una mujer de 78 años y a la de los padres de Giovanni Bustamante, el bebé de 3 meses que permaneció igual tiempo en terapia intensiva. Hay un deceso más bajo la lupa, de un hombre mayor, pero los familiares hasta el momento no acudieron a la Justicia. Los casos ocurrieron en dos clínicas privadas y en un hospital nacional. El Ministerio de Salud de la Provincia será querellante en la causa.
Una de las muertes sospechadas es la de Rodolfo Antolín Argüello, de 87 años, que falleció en el Sanatorio Mayo. Su hija Carina Argüello, enfermera, presentó la denuncia a través del abogado Carlos Nayi, representante también de los padres del bebé y de la familia de la mujer fallecida en el Hospital Nacional de Clínicas.
En diálogo con LA NACION, Argüello detalló que su padre –apodado “Toro”– ingresó el 15 de mayo a la guardia del Sanatorio Mayo porque tenía fiebre. “Le hacen laboratorio y detectan una bradicardia. Me dicen que debe colocarse un marcapasos, por lo que queda internado para control hasta que el PAMI lo mande. Queda en la UTI lúcido, orientado. El 27 mayo llega el marcapasos, se lo colocan y comienza la descompensación. A la noche me avisan que lo van intubar, para lo que le deben poner fentanilo y midazolam. Queda con goteo permanente y oxigenoterapia. No salió más; el 15 de junio a las 12 del mediodía muere”, describió.
Argüello añadió que, “enterada por los medios de lo que pasaba con el fentanilo”, presentó una nota por escrito al director del Mayo cuando su padre estaba siendo tratado. “Nunca me respondió; nunca me dio la historia clínica porque no tenía el DNI de mi papá. Los partes médicos era escuetos y un día que le hablé al médico de mi preocupación por el fentanilo, me respondió que no estaba para controlar ampollas, que eso correspondía, por protocolo interno, a la farmacia. Un trato deshumanizado”, se quejó.
Insistió en que, durante el tiempo en que no mejoraba, los médicos les señalaron que “habían hecho una interconsulta con un infectólogo”. Y afirmó: “Nunca hablamos con él, nunca supimos qué dijo. Somos una familia presente, no en el sanatorio, en todos lados estábamos con mi papá. Él era sano, no tenía diabetes, no era hipertenso”.
El caso de la niña
La muerte de Liz Evangelina Gómez, de 11 años, se produjo en la Clínica Vélez Sarsfield –donde hay cuatro casos de pacientes afectados por el fentanilo contaminado, entre ellos, un deceso– el 31 de marzo. El director médico, Claudio Pereyra Sueldo, descartó de plano que el fentanilo contaminado haya sido la causa del fallecimiento de la menor.
La niña era hija de Claudio Gómez, titular del Juzgado Civil, Comercial, Familia, Conciliación, Control, Menores, Violencia Familiar y Faltas de Corral de Bustos, y fue atendida inicialmente en la Clínica Privada de Pediatría y Neonatología de Marcos Juárez.
El abogado de la familia, Pedro Despouy, sostuvo ante LA NACION: “No tenemos sospecha fundada de que haya sido fentanilo contaminado. No podemos aseverar que haya sido esa droga la causa o concausa de la muerte. Cuando ella llega a la Vélez Sarsfield desde Marcos Juárez llega muy mal; por eso demandamos por presunta responsabilidad penal y civil por mala praxis a esa clínica donde estuvo tres o cuatro días y donde, ante el pedido de los padres, demoraban en aceptar el traslado”.
Precisa que, en el ingreso a la Vélez Sarsfield, se le diagnosticó neumonía unilateral y falla multiorgánica. “En los dos días que estuvo agonizando se constata que usaron fentanilo, pero no sabemos si es de la partida del contaminado –apuntó–. Hubo autopsia y estamos esperando el informe de anatomía patológica, allí podría surgir la confirmación o no de si apareció la bacteria. En ese caso, habría concurrencia de culpas”. La denuncia contra la clínica de Marcos Juárez fue radicada en abril en la fiscalía provincial de Bell Ville. “Entonces no se hablaba de fentanilo en el país”, concluyó el letrado.
Ministerio provincial
Ricardo Pieckenstainer, ministro de Salud de Córdoba, adelantó que la gobernación será querellante en la causa concentrada en La Plata.
Por otro lado, ratificó lo publicado por este diario respecto de que las clínicas privadas deben informar los casos sospechosos al juzgado y al SISA.
Planteó que “esa obligación es indelegable y es responsabilidad de cada uno de los directores de las clínicas. Nosotros no tenemos la potestad de poder hacerlo porque nosotros no conocemos cuáles son las clínicas que habían comprado el lote. Lo que nosotros tenemos que hacer es informar en la alerta, pesquisar en los hospitales públicos e instruir a cada uno de los directores de la presencia de este lote”.
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