Fentanilo mortal: las familias de las víctimas celebran las detenciones, pero piden investigar “una cadena de negligencias”
Dijeron que “al final se empezó a hacer justicia”, aunque también deben responder los organizamos de control
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LA NACIONLucila Marin
“Nadie nos va a devolver a nuestros familiares, pero sentimos que al fin se empezó hacer justicia por ellos”, sintetiza Vanessa, hija de un hombre que murió tras casi dos meses internado en el Hospital Italiano de Rosario y cuyo nombre pidió no revelar. Ella descubrió que el fallecimiento podía estar relacionado con el fentanilo contaminado cuando el caso comenzó a difundirse por los medios de comunicación.
Así recibieron algunas familias de las presuntas víctimas del fentanilo la noticia de las diez detenciones ocurridas ayer en la causa que lleva adelante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. La lista incluye desde el empresario Ariel García Furfaro, sus dos hermanos y su madre, hasta socios y directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, donde se produjo el fármaco investigado por haber desatado un brote infeccioso de consecuencias mortales.
“Lo primero que hicimos ayer es hablar con Carla y pensar en nuestros papás, que lo estamos logrando por ellos y por todas las familias que encontramos, a las cuales nos abrazamos a la distancia”, agregó en diálogo con LA NACION.
Carla creó la cuenta @casofentanilorosario para nuclear a las víctimas en Santa Fe y difundir la guía que crearon para quienes sospechan que un ser querido pudo haber recibido fentanilo contaminado. “Sentí un abrazo comunitario entre todos los familiares que estamos en este dolor tan injusto y sentí el orgullo de mi viejo por lo que estábamos logrando, no solo contactar con 17 familias de Rosario que no sabían nada, sino hacernos escuchar en este pedido de justicia”, dijo a este medio.
“Estamos movilizados, muy movilizados. Ayer nos tomaron por sorpresa las detenciones. Fue muy fuerte, muchas emociones mezcladas. La incertidumbre de no saber si era real la noticia y, a la vez, la emoción de sentir que históricamente teníamos una Justicia respondiéndonos a las víctimas”, sumó.
Además, García Furfaro fue imputado con la acusación que el grupo de familias representado por la abogada Adriana Franchese –tía de Renato Nicolini, uno de los fallecidos incorporados al expediente judicial– pidió al presentarse como querellante. La fiscal federal Laura Roteta le imputó el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal, que castiga a quien adulterare o envenenare aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales cuando de eso “resultare la muerte de alguna persona” cuya pena mínima es de 10 años de cárcel y la máxima, de 25 años de prisión.
“Lo recibimos de buena manera como una situación lógica, aunque sabemos que la cadena de culpabilidades no termina con la detención de la familia García Furfaro”, opinó Daniel Oviedo, cuyo hijo de 44 años falleció en el Hospital Italiano de La Plata tras haber estado internado en terapia intensiva por una crisis tras una convulsión.
Oviedo extendió la responsabilidad hacia el gobierno nacional. “Entendemos que en lo penal hay distintos tipos de delitos y acciones de distinto calibre. Pero creemos que la cadena de responsabilidades aún está en las sombras, en referencia al Poder Ejecutivo Nacional y los ministros Federico Sturzenegger [Desregulación y Transformación del Estado] y Mario Lugones [Salud], que son el brazo ejecutor de esta línea de política de estado criminal impulsada por Javier Milei. Nuestra familia tiene esta posición, no puedo hablar por los demás. Cada uno entró con una patología distinta y con el mismo desenlace”, detalló.
En esa misma línea opinó Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala, de 32 años, quien fue derivado al Hospital Italiano de La Plata cuando su cuadro de pancreatitis se agravó. Allí fue operado y recibió fentanilo del lote contaminado N°31.202. “Esto fue una cadena de negligencias, de decisiones que fueron tropiezos tras tropiezos y generaron un hecho totalmente prevenible. Y hoy estamos hablando de más de 100 personas que fallecieron”, dijo en una entrevista en LN+.
“Es un gran paso que se dio solicitar las indagatorias de los responsables del laboratorio, pero acá hay responsables administrativos, organismos de control”, remarcó y recordó que debieron allanar la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para conseguir documentación necesaria. Este organismo había efectuado reiteradas observaciones a la cadena de producción de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, pero no avanzó en sanciones o correcciones que podrían haber evitado que el fentanilo contaminado se comercializara.
En ese sentido, el juez Kreplak dispuso que el Miisterio de Salud ya no sea más querellante en la causa, por la investigación impulsada por la fiscal Roteta y el fiscal nacional Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), para determinar la responsabilidad del organismo ante los persistentes incumplimientos en sus deberes de control. Además, el Gobierno separó del cargo a Gabriela Mantecón Fumadó, que dirigía el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y tenía a su cargo de manera directa el control de los laboratorios.
“Estas últimas semanas [el caso] tomó la repercusión que las familias buscábamos y la celeridad y respeto por las víctimas que ya no están. Mi hermano sufrió un infierno, fue horrible verlo en esa situación. Y no hay que olvidarlo”, dijo Ayala.
La eventual demora de la investigación fue uno de los puntos que las familias remarcaban y temían ante la amenaza del Gobierno, que finalmente no se concretó, de recusar al juez Kreplak.
“A nosotros no nos llamó nadie, ningún representante o funcionario público se sentó a hablar con las familias para darnos seguimiento o contención. Hay más de 100 personas fallecidas, hay familias destruidas y hay decenas de decisiones negligentes que llevaron adelante esta tragedia”, cerró.
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