Golpe histórico a Meta: la acusan de exponer a menores a depredadores sexuales y deberá pagar 375 millones de dólares
La sentencia llegó tras un juicio de seis semanas en Nuevo México, donde se revelaron fallas sistemáticas en los controles de seguridad de la compañía
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LA NACION
El gigante digital Meta [empresa matriz de Instagram, WhatsApp y Facebook] quedó en el centro de una decisión judicial sin precedentes en Estados Unidos después de que un jurado de Nuevo México determinara que la empresa infringió la legislación estatal, engañó a los usuarios sobre la seguridad de Facebook, Instagram y WhatsApp, y permitió que menores de edad quedaran expuestos a depredadores en sus plataformas. El veredicto, emitido tras un juicio de seis semanas celebrado en Santa Fe, marca la primera resolución de este tipo contra la compañía en el contexto de la creciente ola de demandas que cuestionan el impacto de las redes sociales en la salud mental y la integridad de niños y adolescentes.
El jurado concluyó que Meta violó la ley de protección al consumidor de Nuevo México y ordenó a la empresa pagar US$375 millones en sanciones civiles, una cifra considerable pero mucho menor que los más de US$2000 millones que había reclamado el estado. Aun así, las autoridades locales celebraron la decisión como un hito en la protección de los menores y un mensaje claro para las grandes tecnológicas. Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, calificó el fallo como “una victoria histórica para todos los niños y familias que han pagado el precio de la decisión de Meta de anteponer los beneficios a la seguridad de los niños”. Según sostuvo, la compañía sabía desde hacía años que sus productos podían perjudicar a los jóvenes, pero ignoró advertencias internas y engañó al público sobre los riesgos reales.
El caso involucró la presentación de 40 testigos, cientos de documentos, informes y correos electrónicos, y se centró en determinar si la empresa había permitido, durante años, que adultos con fines delictivos accedieran sin restricciones a usuarios menores de edad, generando situaciones que en muchos casos derivaban en abusos en el mundo real y en episodios de trata de personas. Durante los alegatos finales, la abogada del estado, Linda Singer, afirmó que los algoritmos de la compañía amplificaban la exposición de los adolescentes a adultos desconocidos y potencialmente peligrosos, mientras Meta habría ocultado hallazgos internos que alertaban sobre esos riesgos.
El veredicto llega en un contexto especialmente sensible para Meta, que enfrenta un escrutinio creciente por la forma en que gestiona la seguridad de niños y adolescentes. El tema cobró notoriedad tras el testimonio de una exempleada ante el Congreso en 2021, quien aseguró que la compañía estaba al tanto de que algunos de sus productos podían resultar dañinos para la salud mental juvenil, pero optó por no tomar medidas decisivas.
En paralelo, un jurado en California delibera actualmente en otro proceso que podría convertirse en un caso referente para miles de demandas similares en todo el país, en el que se evalúa si Meta y YouTube deben ser consideradas responsables de daños vinculados a contenidos adictivos dirigidos a menores.
Ante la sentencia de Nuevo México, Meta reiteró su posición. Un portavoz de la empresa dijo: “Con el debido respeto, no estamos de acuerdo con el veredicto y lo apelaremos”. La compañía defendió que implementa amplias medidas de seguridad para proteger a los usuarios más jóvenes y que realiza esfuerzos constantes para identificar y eliminar contenido perjudicial, así como actores malintencionados. En su declaración, insistió en que las pruebas presentadas en el juicio demostraban que Meta “no mintió al público a sabiendas e intencionadamente”, destacando lo que describió como divulgaciones robustas y esfuerzos continuos por reforzar la seguridad.
La defensa había argumentado durante el juicio que, si bien los riesgos existen, la empresa es transparente sobre las dificultades técnicas que supone detectar y eliminar de manera eficaz a quienes buscan explotar a menores en entornos digitales.
Sin embargo, para las autoridades de Nuevo México, las fallas de Meta fueron sostenidas y sistemáticas. Torrez señaló que la compañía priorizó el crecimiento y las ganancias por encima de la protección de los menores y que permitió que las plataformas que administra se convirtieran en terreno fértil para la actividad de depredadores. Tanto desde el estado como desde la fiscalía, remarcaron que la empresa “fracasó una y otra vez a la hora de actuar con honestidad y transparencia” y que no tomó las medidas que tenía a su alcance para evitar que los jóvenes quedaran expuestos a situaciones de peligro.
Tras conocerse el veredicto, las acciones de Meta subieron 0,8% en operaciones posteriores al cierre bursátil, una reacción moderada en comparación con la magnitud del caso. Pero los desafíos legales están lejos de terminar: en mayo comenzará una segunda fase del juicio, en la que la oficina del fiscal general solicitará al tribunal que ordene a la empresa introducir cambios obligatorios en el diseño y funcionamiento de sus plataformas, junto con sanciones económicas adicionales. Según adelantó Torrez, la intención es garantizar que Meta adopte medidas concretas y verificables para reforzar la seguridad de los menores y evitar que episodios como los expuestos en el juicio vuelvan a repetirse.
La empresa enfrenta así uno de los desafíos regulatorios más significativos de su historia reciente. Si bien las plataformas digitales operan bajo marcos normativos que varían de estado en estado, y la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la protección de sus usuarios sigue siendo un terreno legal en evolución, este veredicto abre un precedente que podría influir en litigios similares en todo el país. Para los expertos legales, la decisión del jurado de Nuevo México podría actuar como un catalizador para nuevas demandas y presionar a las compañías tecnológicas a realizar cambios más profundos en sus sistemas de moderación, algoritmos de recomendación y mecanismos de atención a usuarios vulnerables.
Mientras tanto, Meta se prepara para apelar la sentencia, en lo que promete ser un proceso judicial prolongado y seguido de cerca por legisladores, familias y organizaciones que reclaman mayores garantías de seguridad en el entorno digital.
Con información de la agencia AFP y Reuters.
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