Intervienen la Policía Bonaerense

La nueva estructura de la Policía Bonaerense, que el gobernador Eduardo Duhalde anunciará hoy, estará encabezada por un jefe civil, designado como interventor en la fuerza, que con sus 48.000 efectivos constituye la mayor organización de hombres armados del país.

El gobernador, tras reunirse desde hace un mes con diversos asesores, finalmente optó, en un último encuentro realizado ayer, por transformar la institución sobre la base de un proyecto elaborado por el ex camarista federal y ex ministro de Justicia León Arslanian y por el abogado experto en derecho procesal penal Alberto Binder.

El interventor elegido por Duhalde fue el ex diputado provincial Luis Lugones, quien tendrá bajo su mando a un jefe operativo de quien dependerán las direcciones generales de la fuerza. De acuerdo con lo que revelaron a La Nación fuentes allegadas al plan, estas direcciones podrían ser ocupadas por civiles.

Paralelamente, en un afán por descentralizar la fuerza, se crearán 18 policías departamentales, de modo de que cada una de ellas se corresponda con cada uno de los departamentos judiciales.

Estas policías departamentales serán autónomas, tendrán un jefe policial y una suerte de auditor encargado del control permanente del funcionamiento policial en cada jurisdicción.

El plan prevé la dotación de un presupuesto de acuerdo con la población y las tareas de cada región.

"Lo que se busca es una descentralización efectiva de la policía. Queremos terminar con la estructura militarizada, jerarquizada y burocratizada que tornaba inmanejable la fuerza. El diseño prevé 18 policías distintas", explicó a La Nación uno de los hombres que trabajó en el diseño del nuevo organigrama de la fuerza.

Detectives civiles

Estas 18 policías departamentales, dependerán de la denominada Policía Judicial, un organismo nuevo, cuya creación está prevista en la Constitución provincial y que funcionará desde el 1º de marzo de 1998.

Los fiscales de cada departamento judicial tendrán la función de instruir las causas penales, apoyados por un cuerpo de unos 500 detectives civiles que colaboren con ellos en la tarea.

"No será un gran cuerpo, sino que se lo visualiza como un organismo muy técnico que esté en condiciones de supervisar un sumario", explicó la fuente.

De este modo la policía volverá a las funciones que le son propias, como la de brindar seguridad a la población, y dejará de lado las tareas administrativas y judiciales, que hasta ahora los jueces ponían en mano de los instructores uniformados.

Estas policías departamentales trabajarán en cooperación con las direcciones generales. Hasta hora hay cuatro, pero su número se ampliará a nueve y estarán especializadas en las distintas ramas del delito, como narcotráfico, homicidios y seguridad, entre otras.

El gobierno provincial enviará en el futuro un proyecto de ley a la Legislatura para que los jefes de cada uno de los departamentos policiales sean elegidos por la ciudadanía, al estilo del sistema vigente en los Estados Unidos.

Las nuevas cabeceras de las policías departamentales serán: La Plata, Junín, Mercedes, San Nicolás, Dolores, Bahía Blanca, Azul, Mar del Plata, Trenque Lauquen, Pergamino, Necochea y Zárate-Campana, en el interior.

En el Gran Buenos Aires se contempla la regionalización con sedes en San Isidro, Morón, San Martín, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza.

De todos estos departamentos van a depender las comisarías de cada ciudad y barrio de la provincia de Buenos Aires.

Todos estos ambiciosos cambios se van a hacer en muy poco tiempo, unos tres meses, para que tengan un efecto de "shock" que quiebre el foco centralizado de corrupción y consiga un control no sólo vertical sino también horizontal.

Organismos de control

La nueva fuerza, según el proyecto que sedujo a Duhalde, va a estar inusualmente vigilada: el Poder Judicial, los fiscales y la Policía Judicial serán los que ordenen las tareas de los uniformados.

Además se creará la institución del defensor de la comunidad y se prevé el funcionamiento de juntas vecinales que evaluarán el desempeño de cada una de las seccionales barriales.

Las jefaturas de los cuerpos serán policiales, pero su dependencia funcional, control y supervisión estará a cargo de ministros o secretarios del Poder Ejecutivo provincial.

El control se acentuará en una nueva estructura denominada Comisión de Asesoramiento y Seguimiento policial que estará dirigida por el propio Arslanian.

El nuevo organigrama establece que desaparecerán las unidades regionales como tales y las brigadas de investigaciones.

Estas últimas, caracterizadas por sus efectivos vestidos de civil, siempre trabajaron al límite de la legalidad. Se sumergían en el bajo fondo del hampa ya sea para obtener información de sus "buchones" o para encontrar la oportunidad de un negocio propio.

De acuerdo con los lineamientos de la propuesta, todos los jefes de las Unidades Regionales serán reemplazados, al igual que los titulares de las brigadas. Sus reemplazantes serán comisarios mayores recientemente ascendidos.

Brown no estuvo de acuerdo y se fue

Las renuncias de Carlos Brown y de la cúpula de la Policía Bonaerense rompieron el frágil dique que contenía la cuestionada política de seguridad del gobierno provincial.

Acuciado por las feroces críticas sobre el desempeño de los efectivos de la fuerza a la que calificó, hace poco más de un año, como "la mejor del mundo", el gobernador Eduardo Duhalde decidió impulsar la reestructuración de la policía provincial, colocando a un jefe civil al frente de la fuerza.

Este fue, justamente, el fusible que aceleró el alejamiento de Brown de la Secretaría de Seguridad bonaerense, cargo que podría ocupar a partir de mañana Daniel Castruccio, actual subsecretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería, hombre vinculado con León Arslanian, impulsor del proyecto de reforma policial por el que optó Duhalde.

La necesidad de modificar y mejorar el funcionamiento de la Policía Bonaerense no era el punto de discordia. La diferencia radicó en la metodología apropiada para lograr el cambio de imagen de la fuerza.

Para Brown, el comisario general Adolfo Vitelli debía continuar al frente de la Bonaerense. Sin embargo, Duhalde decidió patear el tablero y, el miércoles último, presentó al ex diputado provincial justicialista Luis Lugones como el futuro interventor en la Policía.

Esta decisión aceleró la renuncia del hombre que, desde 1991, acompaña al gobernador provincial y, en una acción concatenada, la caída de la cúpula policial en pleno que, con Vitelli como cabeza visible, solicitó el pase a retiro voluntario "con el objeto de facilitar la tarea" emprendida por el jefe del gobierno bonaerense.

Posiciones irreconciliables

De manera explícita, Brown y Duhalde ya estaban distanciados a la hora del anuncio oficial.

Mientras en el estadio Obras Sanitarias, donde se desarrolló el Congreso Nacional Justicialista que lo consagró como presidente de este órgano partidario, Duhalde reconocía la novedad, en La Plata, el funcionario saliente confirmó su renuncia a la Secretaría de Seguridad, y admitió que tomó esa decisión porque discrepaba con la línea de acción que decidió seguir el gobernador.

Respecto de la decisión de nombrar a un civil al frente de la fuerza, Brown fue certero: "Las decisiones que observo que se están por tomar no se compadecen con las que yo oportunamente propuse.

"Por ello, al no estar convencido de ellas, no puedo continuar al frente de la Secretaría de Seguridad. Lo que se venía planteando no contaba con mi aval y, por lo tanto, correspondía que le dejara a Duhalde las manos libres para que él hiciera lo que le parece más lógico y correcto", explicó.

Duhalde optó por un mensaje más críptico para oficializar la renovación, y sólo se limitó a decir: "Tenemos que decidir algunos cambios importantes, y en breve anunciaremos la renovación de la cúpula policial".

Quién es Lugones

LA PLATA.- Justicialista de toda la vida, el abogado Luis Lugones, que estará al frente de la intervención civil en la Policía Bonaerense, tiene raíces en el cafierismo, aunque desde hace seis años milita en la Liga Peronista Bonaerense (Lipebo).

Pocos habrían aventurado su nombre para desempeñarse en este momento en la cuestionada repartición de seguridad.

Natural de 25 de Mayo, se radicó en la capital provincial en la época en la que vino a estudiar derecho.

Tiene 48 años, está casado y es padre de una nena por adopción. Católico práctico y sin vinculaciones con el arzobispado, se lo puede considerar como un laico crítico, cercano a los sacerdotes que desarrollan una tarea social.

Tiene un hermano jesuita y otro desaparecido durante la dictadura militar.

Fue parte del equipo que realizó la transformación de la Dirección de Energía en la posterior Empresa Social de Energía. Se especializa en derecho administrativo y ha realizado varios cursos de posgrado.

Como diputado, actividad en la que se desempeñó hasta el 10 del actual, se le reconocen buenas relaciones políticas con representantes de otros partidos, que encomian su trabajo como relator de la comisión que redactó el nuevo Código de Procedimiento Penal.

También fundamentó la reforma administrativa y se destacó como miembro de la comisión bicameral que siguió el caso Cabezas.

El martes se estaba preparando para asumir como interventor en el hipódromo local. Ese mismo día Duhalde le pidió que lo acompañara en esta difícil y azarosa gestión.

Un cambio traumático, pero muy necesario

"Divide y reinarás", fue la consigna que terminó con la Policía Bonaerense que se conoció hasta ayer. El plan de reestructuración que pondrá en marcha Eduardo Duhalde contempla como dato saliente la descentralización de esta institución vertical de 48.000 hombres y su dispersión en 18 cuerpos autónomos y vigilados por la ciudadanía.

Otros 5000 efectivos, los mejores sumariantes e investigadores, integrarán la Policía Judicial, auxiliar directo de la Justicia y con jurisdicciones que dependerán de cada uno de los fiscales de instrucción.

Con esta profunda reforma se pretende quebrar los focos de corrupción enquistados en la propia Jefatura de la Policía Bonaerense y reformular estructuras viciadas que toleraron la corrupción en las unidades regionales y en las brigadas de investigaciones.

En esas dependencias, a pesar de la firme disposición del renunciante jefe Adolfo Vitelli, seguían haciendo su agosto los "recaudadores", que obtenían ganancias ilegales a través de la protección de aquellos delitos que debían perseguir: juego clandestino y prostitución.

La inventiva de esos malos policías no se quedó allí, sino que aparecieron nuevos "negocios". Entre ellos figuran el fraguado de sumarios de accidentes de tránsito, la incursión en la distribución de drogas y la cobertura del narcotráfico. También la desembozada complicidad con los piratas del asfalto.

Uno de los creadores del proyecto de reforma, el abogado Alberto Binder, resumió en una frase el espíritu del cambio: "Esto es como una fábrica del delito. No hay que conformarse con cambiar a los gerentes".

La corrupción no desapareció con las sucesivas purgas en la cúpula policial que dispusieron el ex secretario de Seguridad Eduardo de Lazzari y su sucesor Carlos Brown.

El cambio también implicará una nueva tónica en el trabajo de los jueces y funcionarios judiciales, que en muchos casos amparaban estas conductas policiales, ya sea por omisión o inacción. Así ocurrió en el caso de la invención de sumarios por accidentes de tránsito que derivó en la licencia forzosa de un juez de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora.

Un último recurso

Antes de presentar su renuncia, Vitelli intentó un último y desesperado recurso para evitar que la jefatura recayera en un civil: propuso a Duhalde una profunda purga policial que incluía a un centenar de comisarios.

Todos ellos estuvieron bajo investigación a lo largo del año, y Vitelli ya estaba convencido de que eran irrecuperables.

En un principio, Duhalde se entusiasmó con la idea, pero rápidamente comprendió que era más de lo mismo y decidió profundizar los cambios. La idea central, dijo a La Nación una alta fuente de la Gobernación, es tratar de restablecer el vínculo entre la policía y la comunidad a través de la creación de mecanismos de participación ciudadana en los controles de la institución.

Estos mecanismos aseguran una doble fiscalización de la acción uniformada: horizontal a través de asociaciones de ciudadanos y vertical mediante el control de funcionarios políticos.

Algunos de los propios jefes policiales afectados por la reforma están de acuerdo, porque creen que es mejor que sea un político el que reciba las cachetadas si la cosa no funciona como se espera. No hay espacio para más desprestigio, dicen los uniformados.

No son pocos los que sospechan que otras de las razones que tuvo Duhalde para aplicar el bisturí tiene que ver con un rediseño de su estrategia para llegar a la Presidencia en 1999.

Especulan, así, que el gobernador decidió el cambio como parte de un pacto de gobernabilidad con los dirigentes de la Alianza, victoriosa en Buenos Aires, como una forma de consensuar sus reclamos.

Por Hernán Cappiello

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