Investigación. Qué hay detrás de las quemas en el Delta del Paraná

Las quemas en las islas el Delta del Paraná, en Entre Ríos, afectaron unas 18 mil hectáreas de humedales y cubrieron de humo a la ciudad de Rosario durante semanas, desde fines de mayo hasta este viernes, cuando la lluvia, sumado al trabajo de más de 100 brigadistas, lograron apagar los más de 600 focos que azotaban la zona. Ayer, todavía quedaban cinco incendios, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Efectivos de la Prefectura Naval permanecerán en la zona por al menos diez días.

Las quemas estaban prohibidas desde diciembre debido a las altas temperaturas, la bajante histórica del Río Paraná y la falta de lluvias. "Ninguna de estas quemas fue autorizada. Ni siquiera habían solicitado los permisos para realizarlas", indicaron a LA NACIÓN en la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

Autoridades nacionales, provinciales y locales coinciden en afirmar que se trata de incendios intencionales, en especial, para aumentar la superficie de pastura del ganado. Por este motivo, hasta ayer se presentaron cinco denuncias penales en la Fiscalía Federal de Victoria. Los denunciantes son el Ministerio de Ambiente de la Nación, el Gobierno de Entre Ríos y las municipalidades de la ciudades santafesinas de Rosario, Arroyo Seco y San Lorenzo.

A raíz de estas denuncias, el fiscal federal Carlos García Escalada investiga los delitos de incendios, entorpecimiento de los transportes por tierra, agua o aire, lesiones y contaminación. Según el delito, las penas tienen un mínimo de entre dos meses y tres años de prisión hasta el máximo de 15 años, en el caso de incendio. En la fiscalía informaron que ya identificaron a presuntos responsables, pero evitaron difundir los nombres.

"Partimos de la hipótesis de que la mayoría de los incendios son intencionales. Se encienden para generar zonas de pasturas, pero después, como está muy seco, los fuegos tienden a unificarse y generan focos muy grandes, de hasta 600 hectáreas", explicó a LA NACIÓN Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, que trabajó en la coordinación del operativo para controlar y apagar el fuego.

Las quemas son recurrentes y denunciadas todos los años. En esta oportunidad, habían comenzado en febrero. Sin embargo, desde fines de mayo, la situación se agravó hasta ser considerada como de emergencia ambiental.

Una de las diferencias que notaron entre las quemas de febrero y las de mayo-junio es que las primeras se daban, sobre todo, a la vera de ruta nacional 174, que une Rosario con Victoria. "Cuando son a los costados de la ruta, pueden ser causados por un asado, por algún pescador o un cazador furtivo que prendió un fuego", explicó Fuks. "Pero estos últimos fueron a entre seis y 10 kilómetros de la traza. Eso indica que son fuegos encendidos desde adentro, no que se prenden solos o accidentales. Se quema una cuadrícula y al lado se quema otra, y luego otra, y otra. En una secuencia que indica que hay un plan. Con los sobrevuelos que hicimos, vimos a gente prendiendo fuego. Tenemos pruebas que están a disposición de la Justicia."

En paralelo a las denuncias penales, autoridades nacionales y provinciales informaron que reactivarán el Plan Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), lanzado en 2008 por la entonces Secretaría de Ambiente, pero que hasta ahora no tuvo avances significativos.

"El Delta del Paraná es un inmenso humedal y como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, cumple funciones como la recarga y descarga de acuíferos, el control de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes, la estabilización de costas, la protección contra la erosión, la regulación del clima", describe el documento del Plan, que al mismo tiempo advierte: "Pese a tan importantes funciones, los humedales figuran entre los ecosistemas más vulnerables y sensibles a la acción humana". Ya en 2008, el documento advertía que una de las actividades que afectaban al Delta eran "los incendios originados a partir de las quemas de pajonales".

Además de reactivar el Piecas, el Ministerio de Ambiente de la Nación anunció que declarará el área como zona crítica de protección ambiental, pero hasta este viernes no se había publicado la resolución oficial.

De fondo, organizaciones ambientalistas de todo el país reclaman que se sancione la ley de presupuestos mínimos de protección de humedales, que obtuvo dos veces media sanción en el Senado, en 2013 y 2016, pero nunca se aprobó en Diputados. El abogado ambientalista Enrique Viale, que trabajó junto al entonces senador Fernando "Pino" Solanas en la promoción de esta ley, advirtió que hay al menos tres sectores que presionan para que no sea aprobada: el agronegocio, el sector inmobiliario -porque perjudicaría la construcción en zonas de islas-, y el sector minero, ya que los salares son considerados humedales de alta montaña.

En Entre Ríos, tres leyes provinciales ordenan la protección de los humedales: la 9.485, que declara al sector del Paraná Medio como área protegida; la 10.479, que establece el Sistema de Áreas Naturales Protegidas; y la 10671, que declara Área Natural Protegida a la zona de humedales e islas ubicadas dentro del ejido urbano de la ciudad de Victoria, justo donde se dieron los incendios.

Por Lucía Guadagno

• Delta

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