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Investigan el negocio de la basura
La Justicia imputó a un funcionario del gobierno de De la Rúa por presunta comisión de delitos que beneficiaría a empresas
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El director general de Servicios Públicos del gobierno porteño, Horacio Garlan, está imputado en una causa que investiga el juez Guillermo Carbajal por presunta violación de normas municipales que beneficiaría a las empresas que prestan el servicio de recolección de residuos en la ciudad, según informaron fuentes judiciales.
Garlan es el primer funcionario de la administración que encabeza Fernando de la Rúa acusado de un aparente acto de corrupción.
Según la causa, Garlan habría autorizado la descarga ilegal de residuos en predios de la zona Sur para luego solicitar a las empresas concesionarias que limpien esos mismos terrenos, trabajo que se factura al doble de lo que cuesta la recolección domiciliaria.
Al director general, que también es vicepresidente de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), se le imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, agregaron los informantes.
La causa se inició en el Juzgado Federal Nº 12, temporalmente a cargo de Jorge Ballestero, a raíz de una denuncia del Ceamse, que pidió que se investigue la actividad en numerosos basureros clandestinos que violan la ley de residuos peligrosos.
Ballestero recibió el testimonio de un funcionario del Ceamse que denunció a Garlan por violar las normas. El juez autorizó al denunciante a grabar con una cámara oculta un encuentro con Garlan, y así obtuvo un video en el que se vería a éste amenazando a su interlocutor con despedirlo si revelaba las maniobras que finalmente llevó a la Justicia.
Como ese delito era distinto del que investigaba, Ballestero se declaró incompetente y giró la causa a la Cámara del Crimen para que un juez de instrucción determine la responsabilidad del director de Servicios Públicos. El expediente llegó, entonces, al juez Carbajal.
El negocio pasaría, según la denuncia, por no controlar la actividad de los basurales clandestinos, donde las empresas de volquetes arrojan escombros ilegalmente, y más tarde autorizar a que las empresas concesionarias a que recojan esos residuos y lo facturen como trabajo especial.
Según las leyes, las bolsas con basura domiciliaria deben ser llevadas por las concesionarias a las plantas de transferencia del Ceamse, donde se pesa la carga y se factura a nombre de las firmas una suma cercana a los 2,5 pesos por tonelada. Esos residuos luego son dispuestos como relleno en el Cinturón Ecológico. El Ceamse le cobra un canon a la Ciudad por cada tonelada recibida.
En el caso de basura inorgánica -escombros- deben ser llevados por los volqueteros directamente a los lugares de rellenado, donde deben pagar 10 pesos por tonelada, o a las plantas de transferencia, donde se paga 35 pesos por cada tonelada.
El Ceamse es un organismo integrado por el Estado provincial y por el gobierno porteño, cuyo representante allí es Garlan, encargado, además, de controlar el servicio en la ciudad.
Ante una consulta de La Nación , Garlan negó haber cometido los delitos que se le imputan y denunció la posible existencia de una "mafia" dentro del Ceamse que buscaría perjudicarlo (Ver recuadro).
Irregularidades
Uno de los elementos que el juez tiene en sus manos es un memorándum del Ceamse por el que el coordinador del Area de Actividades para la Protección del Medio Ambiente, Juan Dos Santos, y su segundo, Luis Peña, informaron al secretario general, Atilio Savino, sobre la descarga ilegal de basura en un predio policial de avenida Cruz yEscalada, en Villa Soldati.
Según la nota, Peña se comunicó con la secretaria de Garlan, que le confirmó que la disposición ilegal había sido autorizada por el funcionario, con lo que habría violado la ordenanza 33.691, que sólo autoriza la disposición de basura mediante el sistema de relleno sanitario.
Pero la prueba más comprometedora, informó una fuente judicial, sería el video obtenido obtenido por el denunciante, con autorización de la Justicia.
La misma fuente reveló que en la cinta se lo puede ver a Garlan amenazando al empleado con despedirlo si contaba a alguien lo que sabe. Más adelante, ya muy nervioso, Garlan aparecería en el video gritándole a su interlocutor: "Acá el jefe soy yo, y se va a hacer lo que yo digo".
Otra prueba de irregularidades sería una planilla del centro de transferencia de Flores en la que el camión recolector de la empresa Ecohábitat, patente 1303 CBL 533, pasó ocho veces por la balanza entre las 12.1 y las 12.31 del 23 de mayo último con 6160 kilogramos de basura cada vez, que teóricamente había recolectado por un servicio especial.
Ecohábitat, UTE conformada por las firmas Emepa y Transportes 9 de Julio, es una de las concesionarias del servicio de higiene urbana.
Peña y Dos Santos denunciaron también en un memorándum la existencia de otros basureros ilegales que, tras ser saneados por el Ceamse y el Gobierno de la Ciudad, volvieron a estar invadidos de basura y la Dirección de Servicios Públicos encargó a las empresas que los limpiaran.
Este trabajo se debió pagar como servicio especial. Cada limpieza de un basural ilegal implica recolectar unas 500 toneladas de residuos, según fuentes del Ceamse.
El propio gobierno local reconoció la existencia de una veintena de basurales clandestinos que habrían sido desalojados, pero tras una recorrida realizada por La Nación se pudo determinar que algunos de ellos están repletos de desperdicios.
Licitación controvertida
Para la recolección de residuos la ciudad fue dividida desde febrero último en cinco zonas; en cuatro de ellas operan empresas privadas que ganaron una licitación el año último -Cliba, AEBA, Solurbán y Ecohábitat- y la quinta quedó en manos del gobierno porteño. Es la mayor concesión de la administración local, que paga por año 165 millones de pesos por este servicio.
Aunque con el cambio de manos del negocio de la basura el Gobierno calcula que ahorrará unos 40 millones por año, según un informe de ese organismo al que accedió La Nación , la cantidad que se paga en concepto de servicios especiales se incrementó un 42 por ciento entre abril de 1997 y ese mismo mes del año actual.
Además, en febrero y marzo, los dos primeros meses bajo el nuevo sistema de concesión, aumentó considerablemente la cantidad de basura recolectada:se pasó de 259.854,71 toneladas a 295.894,99. O sea, 36.000 toneladas más.
La licitación de la recolección de basura ya fue cuestionada todos los bloques menos el radical de la Legislatura porteña, que citaron en mayo último a Garlan y al secretario de Producción y Servicios, Nicolás Gallo.
Además, la mayoría de las fuentes comunales consultadas coinciden en que la licitación habría sido el motivo que provocó la renuncia del ex secretario de Hacienda y Finanzas Adalberto Rodríguez Giavarini, que varias veces habría cuestionado esa operación.
La Legislatura pide datos
"El manejo de los basurales clandestinos demuestra, al menos, una actitud negligente del Gobierno de la Ciudad", aseguró el legislador porteño Jorge Srur, de Nueva Dirigencia, que presentó un pedido de informes al Ejecutivo sobre la política encarada en materia de depósitos ilegales de basura.
Srur fundamentó su pedido en las estadísticas recientes del Ceamse, que revelan el aumento en la recaudación de las empresas prestatarias en concepto de trabajos especiales, entre 1997 y el año actual.
"Con la licitación nueva el gobierno bajó el canon por servicios normales, pero les concedió a las empresas la posibilidad de facturar más por estos trabajos especiales, en muchos casos injustificados", aseguró el diputado.
Los servicios especiales son trabajos que la Ciudad encarga a las empresas, entre los que figura la limpieza de basurales y operativos en determinadas zonas porteñas como, por ejemplo, la plaza Constitución.
Otro de los cuestionamientos que le hacen al Poder Ejecutivo desde el bloque de Nueva Dirigencia es la decisión de ceder la responsabilidad de recoger los residuos en villas de emergencia que están dentro de la zona 5, en que que debe operar el gobierno, a las empresas Solurbán y Ecohábitat. Estos casos también se pagan como especiales.
Los empresarios
- Ecohábitat: "Si existe una denuncia que involucra a un camión nuestro, se debe seguramente a un error en las planillas del Ceamse, porque todo está controlado satelitalmente. La causa no tiene ni pies ni cabeza." (Luis María Gilligan, presidente.)
- Cliba: "No tenemos nada que ver con esta denuncia. Nunca limpiamos basureros clandestinos. Los servicios especiales suman entre el 25 y el 30 por ciento de la facturación." (Susana de Vuga, gerente de Relaciones Públicas.)
- Solurbán: "Nos contratan para servicios especiales, pero no en basurales, aunque en algunas villas a veces haya residuos tirados ilegalmente." (Oscar Alesso, gerente general.)
- AEBA: "Nosotros alquilamos camiones y palas mecánicas a la Ciudad para que limpien basurales clandestinos. Pero ellos controlan y realizan ese servicio." (Javier Ros, gerente general.)
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