Justifican que bajen la penas por robar autos

Abogados y directivos de compañías de seguros coincidieron en que la reducción de la pena mínima por el robo de automotores -proyecto que anteayer tuvo media sanción del Senado- no se reflejará en un aumento de ese tipo de delitos.

Las aseguradoras no tienen en sus planes modificar la prestación de sus servicios ni aumentar el costo de las pólizas luego de la determinación de la Cámara alta que ahora debe pasar a Diputados.

Ahora robar un auto en ciertos casos tiene una pena mayor que matar a una persona violarla instarla al suicidio o torturarla. Esta contradicción es la que se pretende cambiar con el proyecto de ley que anteayer fue aprobado en el Senado.

Si se roba un banco una casa un diamante o cualquier otra cosa el delito tiene una pena mínima de cinco años de prisión. En cambio si lo que se roba es un vehículo y se lo hace con un arma en despoblado o en banda eso puede llevar a quien lo haga a una pena mínima de nueve años.

El proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara alta reduce la pena mínima del robo calificado de automotor. No se prevé modificar el Código Penal sino aplicarlo; lo que se haría es derogar los agravantes que están fijados en una ley especial (el decreto ley de automotores).

"La rigurosidad de la pena no significa prevención del delito; lo importante es que la medida sea eficaz. Que se reduzca el castigo no quiere decir que aumente el robo de automóviles. No debería tener ningún impacto sobre la prestación de nuestros servicios" aseguró Claudio Moroni superintendente de Seguros.

Si bien los empresarios de compañías de seguros consultados coincidieron en que el mercado no modificará "ni la calidad ni el valor del servicio" algunos opinaron además insistieron en que como ciudadanos no creen que la medida sea correcta.

Ese es el caso del gerente de siniestros y servicios al cliente de La Buenos Aires Leopoldo Gey quien opinó: "Esta decisión me parece lamentable". Coincidió en que la reducción de la pena no significará un incentivo extra para los ladrones.

No habrá más robos

El constitucionalista Daniel Sabsay consideró que la reducción de la pena no se verá reflejado en un incremento de la cantidad de robos de automotores: "Está demostrado que no se reduce un delito porque el castigo sea más grave". Manifestó que a través de la nueva medida se ha hecho justicia en lo referente a política punitiva.

"En nuestra sociedad tiene más valor la vida que la propiedad por eso era ilógico que la pena mínima por robar un auto sea mayor que la mínima por un homicidio" sostuvo Sabsay.

"El ejemplo más claro es la pena de muerte. En los países donde se ha instrumentado esta medida no se ha reducido la cantidad de homicidios" concluyó.

El abogado penalista Ricardo Monner Sans se mostró de acuerdo con la reducción de la pena fundamentalmente por dos razones: "En primer lugar porque no guarda analogía con otras.En segundo lugar porque está demostrado que en la Argentina las cárceles no son para reeducación sino para empeoramiento de los detenidos. Ante dos males debemos optar por el mal menor: hay que poner entre rejas a la menor cantidad posible de personas por el menor tiempo posible" subrayó Monner Sans. "Lo que ocurre es que nuestro Estado se caracteriza por tener una política criminal y penitenciaria que es la de no tener política" remató el letrado.

Distorsión de la escala de valores

"Creo que es una inteligencia del legislador modificar la pena" expresó el decano de la Facultad de Derecho de la UBA Andrés DïAlessio. Como hace un profesor frente a sus alumnos planteó que "lo que la gente no sabe es que las penas excesivamente altas no son disuasorias por sí solas sino por el contrario; se genera una distorsión en la escala de valores".

El penalista hizo énfasis en la diferencia que existe actualmente entre las penas de los distintos delitos: "Si el Estado pone esta pena por encima incluso del homicidio lo que está haciendo es desvalorizar al mismo tiempo la vida y la libertad".

"No creo que la razón por la que la gente delinque dependa directamente del monto de la pena es más bien en función de problemas estructurales de nuestra sociedad" opinó el penalista Alejandro Carrió.

En el Senado se defienden

Posición: los legisladores que impulsaron la media sanción del proyecto no creen que la disminución de las penas conlleve un nuevo incremento del robo o hurto de los automotores.

Con el ceño fruncido producto del fastidio que le causa la pregunta el senador Enrique Martínez Almudévar (PJ-La Pampa) aseguró a La Nación que ve "intenciones aviesas" en quienes interpretan que la Cámara de Senadores dio piedra libre para que queden en la calle los ladrones de automotores al aprobar anteayer un proyecto de su autoría por el que se reduce -de nueve a cinco años- la pena mínima estipulada para ese delito al derogar un decreto que subsiste desde 1958.

La pregunta sobre si los recientes amotinamientos de presos (registrados en distintos penales del país) influyeron para que se diera media sanción a esta ley fue respondida por Martínez Almudévar sólo con gestos de desaprobación sin palabras.

Cualquiera sea el legislador que se consulte la respuesta es "no" cuando se les pregunta si la última seguidilla de motines en las cárceles fue definitoria para retomar el tema.

El comentario viene a cuento porque uno de los puntos del entendimiento entre un grupo de presos y el gobierno bonaerense para levantar dichas medidas fue recomendar al Congreso la derogación de ese decreto.

Las penas que se aplican en la actualidad

Actualmente quien mata a una persona puede recibir entre 8 y 25 años de cárcel mientras que a quien roba un automóvil le corresponden de 9 a 20 tal como están las cosas actualmente.

"¿Cómo un bien como la vida puede ser menos importante para nuestras leyes que algo material?" se preguntó Martínez Almudévar quien sustenta esa preocupación no ya como jurista que no lo es sino como médico y como presidente de la Comisión de Salud.

Otra iniciativa

Pedro Villarroel (Frente Cívico-Catamarca) ex abogado fiscal y juez en su provincia es autor de otra de las iniciativas presentadas con anterioridad y ofició anteayer como miembro informante del dictamen que resultó aprobado en el recinto.

También fue duro- a la hora de defender la derogación del decreto: "Toda la demora en solucionar este problema jurídico penal se debe en parte a las opiniones ligeras superficiales e indoctas de ciertos comunicadores que tienen características comunes pues los dos que yo recuerdo dicen ser amigos del presidente de la Nación y nunca han tenido el menor roce con la disciplina jurídica" sentenció el legislador.

El proyecto al que se le dio media sanción tiene las siguientes características:

• Amplía la protección penal a todo tipo de vehículo no sólo a los de cuatro ruedas.
• Se pena a quienes adulteren patentes o las dupliquen (autos truchos denominados mellizos) un delito que suele quedar impune pues el decreto en cuestión castiga la adulteración de números de motores estampados por el Registro de la Propiedad Automotor cuando que en realidad ese registro no estampa números sino que deja constancia de los que vienen de fábrica.
• La norma recoge la calificación de hurto para cuando se trata de vehículos dejados en la vía pública lo cual a juicio de los legisladores mejora la protección legal.
• También se incrementa esta última al incorporar como otra hipótesis del hurto calificado -es decir con mayor pena- el apoderamiento de un vehículo mediante el uso de la llave confiada por su dueño.

Mientras que el catamarqueño Pedro Villarroel recuerda que fue la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación la que lo sugirió al Parlamento mucho antes Augusto Alasino ( presidente del bloque del PJ) opina que "no se trata de dejar nada impune pues estas figuras penales ya están contenidas en el Código Penal" y agregó: "Estamos convencidos de que la protección de la propiedad del automotor no puede depender de la gravedad de penas con se conminan ciertos delitos sinos de la eficacia de la tarea de seguridad y prevención".

El decreto que sobrevivió 38 años

La siguiente es la historia de la supervivencia por 38 años de un decreto por el que la pena mínima para quien roba un automotor es de nueve años uno más que la prevista en el Código Penal para quien comete un homicidio.

* Ese decreto fue dictado durante la Revolución Libertadora con el propósito de instituir un régimen penal especial para los delitos contra la propiedad de ciertos vehículos y penas para los que se cometieran contra la fe pública como los casos de falsedad de documentos.

* Más tarde el gobierno de Onganía derogó dicho decreto volviéndose al Código Penal que encuadra dentro de las normas comunes a los delitos contra la propiedad automotriz. Es decir le quita el régimen especial que se le había conferido.

* En 1973 Héctor J. Cámpora derogó toda la legislación de facto al momento de su asunción con lo que se restableció la vigencia de aquel decreto de la Revolución Libertadora.

* Posteriormente el Proceso de Reorganización Nacional advirtió ese hecho y dictó una ley por la que derogó las normas de facto o sea se volvió una vez más al Código Penal.

Sigue con la democracia

* Raúl Alfonsín a principios de 1984 a través de la que se denominó ley de defensa de la democracia derogó la anterior norma de facto (la del Proceso) con lo cual el decreto de hace 38 años volvió a entrar en vigor.

* En 1986 la Justicia comenzó a tener disidencias respecto de la aplicación de este decreto. Algunos tribunales lo calificaron de inconstitucional.

* La propia Corte Suprema en 1986 en dos fallos se pronunció categóricamente sobre la inconstitucionalidad de este decreto sobre la base de la escala de sanciones que estipula el Código Penal.

* En 1991 en la causa "Pupelis" la Corte con su actual integración de nueve miembros (con votos disidentes) decidió que el Poder Judicial no podía expedirse sobre la constitucionalidad dado que ello era facultad de ponderación legislativa.

* En 1993 el entonces diputado radical Antonio María Hernández presentó un proyecto para derogar el decreto de 1958 que fue votado por unanimidad por la Cámara baja.

* La iniciativa fue recogida en el Senado el año último por el entonces legislador radical Jorge Cendoya por Pedro Villarroel (Frente Cívico catamarqueño) y por Enrique Martínez Almudévar (PJ-La Pampa). Pero no se llegó a tratar y el despacho caducó.

Durante este año Almudévar volvió a presentarlo en el Senado con pequeñas modificaciones de forma respecto del dictamen del año último.

El que se aprobó anteayer en el recinto fue suscripto por el PJ la UCR el Frepaso el Movimiento Popular Neuquino y el Frente Cívico con lo cual la derogación volvió a tener un amplio respaldo del Congreso.

Por Graciela Guadalupe

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