La Corte Suprema justificó el uso de autos secuestrados

En una conferencia de prensa convocada por la Corte Suprema de Justicia, el secretario general del alto cuerpo, Cristian Abritta, aseguró que es lícito que miembros del Poder Judicial utilicen vehículos incautados en causas penales, ya que lo permite la ley de Autarquía del Poder Judicial.

El funcionario, incluso, distribuyó un listado en el que figuran las características de los rodados y a quiénes fueron asignados, gracias a resoluciones firmadas por los ministros.

Abritta, no obstante, admitió que existe un vacío legal respecto de si debe o no cambiarse la titularidad de los automóviles. El problema es que la posesión de la cédula verde es inevitable para quien use el vehículo, pero ese documento sólo se extiende al titular del dominio.

El secretario general de la Corte explicó que, en su momento, el máximo tribunal solicitó la opinión del Ministerio de Justicia, del que dependen los registros de la propiedad automotor, y que aquel organismo consideró que la única posibilidad de zanjar el problema era transferir el vehículo a nombre del Poder Judicial.

La controversia se originó con la denuncia de Beatriz Díaz, una mujer que estuvo procesada por narcotráfico en la causa denominada Alas Blancas, pero que luego fue absuelta.

Tal como lo informó La Nación el 30 de mayo último, el tribunal que la absolvió ordenó por oficio a la Corte la devolución del Renault Laguna, dominio ALJ-029, pero éste fue entregado a Díaz cuatro meses después y con 70.000 kilómetros más de lo que tenía cuando fue incautado en 1995.

Pero Abritta insistió en que la Corte nunca pidió que se le otorgue la titularidad del dominio: "Solicitamos que el bien se afecte al uso. No hubo transferencia de dominio, sino de uso, porque la Corte no se arroga la titularidad."

El diario Página 12 informó en su edición del lunes último que las juezas que absolvieron a Díaz denunciarán penalmente y pedirán el juicio político del presidente de la Corte, Julio Nazareno, quien utilizaba el vehículo.

Abritta admitió que el ministro no sólo le daba un uso oficial al vehículo, sino también personal, pero afirmó que ello está permitido por la normativa vigente. "Pueden usar esos autos para ir al trabajo, a dar clases a la facultad, a la casa de campo o a jugar al golf", agregó.

Aunque hizo una salvedad: esa prerrogativa sólo alcanza a los ministros de la Corte, mas no a los jueces y fiscales de instancias inferiores, que sólo pueden usar los vehículos para tareas oficiales.

Hay 94 vehículos

De acuerdo con una lista que mostró a los periodistas, los automóviles asignados por la Corte Suprema a otros tribunales y a sí misma suman 94, entre los que sobresalen un BMW 520i, una camioneta Jeep Grand Cherokee y un Mazda 626 GLX.

La Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico también se sumó a la polémica, aunque discute otro aspecto del régimen: el que permite vender los bienes decomisados en causas penales.

De acuerdo con un convenio firmado entre el máximo tribunal y el organismo de seguridad, uno y otro se reparten por mitades el dinero proveniente de la venta de aquellos bienes que hayan sido decomisados en causas relacionadas con el narcotráfico.

Pero el nuevo secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Lorenzo Cortese, quiere que todos esos bienes sean afectados a la dependencia a su cargo, tal como establece la ley 23.737 -que castiga el tráfico de estupefacientes-, para ser destinados a la prevención y represión del narcotráfico.

Abritta también se refirió a la cuestión y, si bien negó que haya habido contactos oficiales entre ambas partes, admitió que el máximo tribunal está dispuesto a redefinir el convenio: "Pueden haber cambiado las circunstancias objetivas. En aquel momento, la Corte necesitaba aquellos medios de transporte y ahora quizá no".

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