La discriminación viaja en colectivo

Veredas rotas, ausencia de rampas y rejas en las esquinas que dificultan el paso son una carrera de obstáculos que los miles de personas discapacitadas que viven en la ciudad de Buenos Aires deben sortear cada vez que salen de sus casas.

Así se siente Isabel Ferreira, una abogada que usa silla de ruedas desde hace diez años. "Pensar en tomar dos colectivos para ir a trabajar es imposible. Cada día debo pagar ocho pesos de taxi para desplazarme", contó a LA NACION.

Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), sólo un 12% de los ómnibus de servicio urbano y semiurbano están adaptados. Y es casi imposible usarlos, porque no se respetan frecuencias ni se informa sobre ellas.

"El mecanismo de los colectivos adaptados muchas veces no funciona y eso no se controla", agregó Ferreira, que es miembro de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). Viajar en transporte interurbano es aún peor, ya que los ómnibus ni siquiera están adaptados. Apenas cumplen con la reglamentación de reservar dos lugares por unidad, sujeta a espacio.

La odisea de esperar un colectivo con rampa la vive mes a mes Ana María Martínez, madre de Noelia, una chiquita con discapacidad mental que debe atenderse en Buenos Aires. Viven en Colón, Entre Ríos.

Diez horas de espera

"Tenemos que llegar a Retiro, sacar los pasajes y esperar a que podamos subir en algún colectivo. Hubo veces que he esperado hasta diez horas en la terminal", relata Martínez, que es presidenta de la Asociación de Padres y Familiares de Personas Discapacitadas de la Costa del Río Uruguay.

La ley nacional 24.314, de 1994, ordenó a las empresas de transporte incorporar gradualmente unidades adaptadas. Otras leyes establecieron frecuencias diarias mínimas y la obligación de darlas a publicidad. Se fijó un cronograma que iba de 1997 hasta 2002, año en que todas los nuevos colectivos deberían haber sido adaptados.

Tras la crisis de 2001, la Secretaría de Transporte dictó una serie de normas que permitieron sucesivas dilaciones en la renovación de las unidades.

El informe de la Auditoría dice que "el conjunto de resoluciones dictadas por la Secretaría de Transporte de la Nación ha propiciado el incumplimiento de la normativa nacional referida a la incorporación de unidades adaptadas" y también que esas normas "desvirtúan el mandato del legislador que ordenó garantizar la accesibilidad con autonomía y seguridad de las personas con movilidad y/o comunicación reducida al transporte de pasajeros en un plazo máximo de un año desde la reglamentación, y vulneran los derechos establecidos en la Constitución nacional y los tratados internacionales".

Según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), sobre 9297 colectivos urbanos y suburbanos, sólo 1121 están adaptados -766 de piso bajo y 355 de piso semibajo-, lo que representa el 12 por ciento. En cuanto al transporte colectivo interurbano, el cumplimiento es nulo: cero por ciento. Al 31 de diciembre de 2001, la deuda en relación con el cronograma era de 2549 unidades accesibles, es decir, más del doble de las existentes.

Enrique Oteiza, presidente del Instituto Nacional Contra la Discriminación (Inadi), mostró su inquietud: "El 20% de las denuncias que recibimos se refiere a discriminación hacia discapacitados porque no se cumplen las normas que existen. Es muy grave y preocupante", dijo a LA NACION.

El acceso a los subterráneos también presenta dificultad. "Sólo algunas estaciones de la línea D y ahora la línea B en Los Incas y Tronador tiene ascensores. El otro día subí en Juramento para bajar en Tribunales y no funcionaba el ascensor. Como no podía salir de otra forma, tuve que volver a Juramento", explicó Ferreira.

La empresa Metrovías explicó a LA NACION a través de sus voceros: "La idea es que el subterráneo sea para todos. La crisis retrasó las obras para adaptar más estaciones. Pero todas las estaciones nuevas y las remodelaciones incorporaron ascensores", agregaron.

Más barreras

Las veredas rotas, la falta de paradas para personas no videntes y sordas y la ausencia de rampas en las esquinas también actúan como barreras. "Todo esto hace que la persona discapacitada apenas pueda integrarse a la sociedad. ¿Cómo se hace para ir a la escuela, al trabajo, o incluso ir a un bar si ni los baños están adaptados para que podamos usarlos?", pregunta Ferreira.

Voceros de la flamante Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano explicaron a LA NACION que está en marcha la construcción -que debe culminar el 30 de este mes- de rampas de hormigón en la ciudad. En algunos casos se reemplaza las de fibra de vidrio que están dañadas y en otros casos se están haciendo nuevas. Según informaron, se están construyendo unas 85 rampas por cada uno de los 16 Centros de Gestión y Participación (CGP).

Con respecto al acceso a los edificios públicos y a las paradas, se informó que "se trabaja en el tema y que depende de cada organismo y de su presupuesto la instrumentación de las reformas".

Positivo

• A pesar de que el cumplimiento de las leyes es parcial, Enrique Oteiza, del Instituto Contra la Discriminación, cree que el solo hecho de que la legislación exista es positivo. "Es positivo. Por lo menos, se pueden señalar los incumplimientos. Existe la base para que la sociedad sea equitativa con las personas discapacitadas", dijo.

Por Laura Rocha

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