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La Justicia consideró que agraviar a otra persona por ser judía no es discriminación
La Sala Primera de la Cámara Federal porteña resolvió en ese sentido una cuestión de competencias; la causa se había iniciado luego de que un hombre denunciara a otro por "odio racial"
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La Cámara Ferderal porteña consideró que las expresiones de un hombre contra otro por ser judío no constituyen "persecución u odio racial", como había pedido damnificado, sino que representan un delito por "amenazas".
Los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah resolvieron en ese sentido una cuestión de competencia, planteada entre la Justicia federal y la ordinaria, tras una denuncia presentada por un hombre debido a un episodio ocurrido el 1° de julio del año pasado.
Según consta en el fallo, el querellante denunció como persecución y odio racial las frases proferidas por otro hombre hacia él en un bar en Puerto Madero. "Vos sos un judío hijo de puta, te voy a matar. Sos un garca igual que tu familia y todos los judíos...Hitler los tendría que haber matado a todos ustedes", le dijo el imputado, entre otras cosas.
Las agresiones fueron verbalizadas en el marco de un vínculo comercial basado en la contratación de pasajes aéreos de cabotaje entre el querellante y el imputado.
Para el agraviado, estas palabras constituían un delito que debía ser juzgado en el marco de la Ley 23.592, de penalización de actos discriminatorios. El artículo 3 de dicha norma establece que "serán reprimidos con prisión de un mes a tres años…los que por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas".
Sin embargo, para la Cámara "las acciones inspeccionadas no habrían comprometido un interés federal. Ello, por cuanto el contenido de las frases proferidas, por más repudiable que sea, representó un modo -por cierto, poco feliz de exteriorizar el descontento devenido de relaciones comerciales y se enmarcó, en verdad, en una eventual amenaza".
En ese sentido, los camaristas resolvieron que "siendo que la conducta denunciada no supera una estricta motivación particular, no es la justicia federal la que debe continuar con la investigación".
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