Abusos en el Próvolo: "Éramos cuatro madres luchando contra el poder que protege a los curas pedófilos"

MENDOZA.– Paola González camina hacia el patio interno de un edificio del Ministerio de Salud de esta ciudad, donde algunas plantas crecen sin mucho empeño. Ella es parte del personal de limpieza. Apoya el escobillón en la pared, enfrenta dos sillas, se sienta y arranca: "Estábamos solas. Éramos solo cuatro madres luchando contra un poder tan grande como el que protege a los curas pedófilos. En el Próvolo todos los chicos eran de familias vulnerables. Estábamos solas porque la mayoría vivía lejos y no tenía ni el dinero para pagarse un colectivo y venir a marchar con nosotras. Lo que sucedió en el Próvolo es lo más terrible que ha sucedido en Mendoza".

González, de 43 años, tiene siete hijos. Su hija "del medio", Mili, hoy de 16 años, fue sometida a abusos y torturas en el Instituto Próvolo, de Luján de Cuyo, en esta provincia. Un colegio religioso, pupilo, para chicos hipoacúsicos de todo el país, que depende del Vaticano. Hoy, el colectivo de madres que ella creó para luchar por la restitución de los derechos de sus hijos abusados es un movimiento troncal en la búsqueda de justicia.

Se enteró de los abusos que había sufrido su hija por los exámenes médicos que le hizo. Mili solía quedarse a dormir en el Próvolo porque su madre no tenía la plata para pagarle el colectivo desde el instituto hasta su casa. "Al final la hacía faltar porque la veía muy rara: llegaba despeinada, enojada, de mal humor. Pensaba que se sentía rechazada en la escuela, no sabía qué pasaba. Y vino con una bombacha con sangre. La llevé a un ginecólogo y, cuando la revisó, me dijo lo que nunca quise escuchar".

El de Mili es uno de los últimos casos de una historia trágica. En la sede principal del Próvolo, en Verona, Italia, entre los años 1950 y 1984 hubo decenas de sacerdotes acusados de abusar sexualmente y torturar a chicos sordos. Cuando esas denuncias tomaron notoriedad, uno de los principales acusados, Nicola Corradi (hoy con prisión domiciliaria por problemas de salud) fue trasladado a la Argentina el 31 de enero de 1970, y lo pusieron al frente del Instituto Próvolo de La Plata, en Buenos Aires. Ahí continuó con los abusos hasta 1997. En esa fecha el escándalo también desbordó los muros de la sede platense, y la respuesta de la Iglesia fue trasladar a Corradi al Instituto Próvolo de Luján de Cuyo. Allí se mantuvo al frente hasta el 26 de noviembre de 2016. Mili estuvo ahí como pupila desde los seis años hasta los 14.

Ojos negros, rasgados y vidriosos, González lleva su ropa de trabajo turquesa y blanca. Sonríe para cortar el camino de las lágrimas que mojan su cara e hinchan sus párpados: "Trato de no recordar muchas cosas y salir a luchar. No se tienen que creer intocables. Se creyeron que nunca nadie los iba a molestar. Ya había habido otras denuncias y lo lograron tapar. Esta vez no. Se encontraron padres y ahora sobrevivientes muy luchadores. Los chicos no nos querían contar nada para protegernos a nosotros. Porque les decían que iban a matar a sus padres si nos contaban algo".

Las primeras marchas fueron a fines de noviembre de 2016. En un principio tuvieron una gran convocatoria por el impacto mediático del caso pero luego la efervescencia de esos primeros meses empezó a mermar y la presión para conseguir justicia se fue diluyendo. Es ahí cuando González decidió empezar a convocar a otras madres de victimas para continuar con las movilizaciones.

Los obstáculos fueron muchos. En primer lugar no se conocían entre las madres porque en el Próvolo no se organizaban reuniones de padres. La intención era que no pudieran conversar acerca de cuál era la experiencia de sus hijos en la institución. Otra barrera era la económica: muchas no tenían plata para pagarse el colectivo hasta las marchas o no podían dejar sus trabajos para ir a pedir justicia por sus hijos. Y el mayor desafío fue volver a captar la atención de la política y de los medios.

"Nuestra primera marcha como el colectivo de madres que pelea por la restitución de los derechos de nuestros hijos fue en el Carrousel de la Vendimia, en marzo de 2017. Solo éramos cuatro. Hicimos nuestras pancartas, todo a pulmón, pero desde el palco oficial donde estaba el gobernador nos dieron vuelta la cara".

"Mili es mi hija del corazón", dice González. La adoptó porque su madre biológica tiene una discapacidad severa y no puede hacerse cargo de ella. "Nadie en mi casa es sordo. Nadie entendía lenguaje de señas y en el Próvolo no se lo enseñaban. Tampoco les enseñaron a leer o a escribir, para que no se puedan comunicar. Me di cuenta de que mi hija tenía 14 años y era analfabeta".

Por este motivo también se dificultaba avanzar con las declaraciones ante la justicia y que la causa avance. "La defensa de los acusados nos atacaba a nosotros, nos decían que nuestros hijos eran conflictivos, que el problema estaba en la casa, no en el Próvolo. Por suerte hemos recibido el apoyo de muchas ONG, que junto a nosotras recogieron el guante y a partir de ahí tuvimos el respaldo como para poder enfrentar a la Iglesia".

Carlos Lombardi dirige la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico en Argentina, una de las organizaciones que, en un principio, estuvo más cerca de las madres en su lucha para conseguir justicia. "Paola es una madre muy luchadora –dice Lombardi–. Cuando explota el caso salimos a primeriar. Los reventamos mediáticamente. La Iglesia coacciona a las víctimas de múltiples maneras. Pueden ser amenazas verbales, ofrecimientos de dinero, entre otras. A la Iglesia solo le importa blindar su imagen. Ponen la imagen de la institución por sobre las personas".

Y agrega: "El Papa Francisco envió a dos comisarios apostólicos para iniciar una investigación interna sobre el caso Próvolo. Hoy, uno de ellos, Dante Simón, está denunciado por encubrimiento tras negarse a entregar información a la Justicia".

Monseñor Alberto Bochatey es el arzobispo auxiliar de La Plata y está a cargo de la comunicación eclesiástica en lo que respecta a lo sucedido en el Próvolo. Sobre el caso del enviado del Papa, Dante Simón, que fue denunciado por no entregar información a la justicia, explica: "La querella nunca pidió información sobre la investigación que hizo Simón. Él directamente le envió la información al Vaticano porque el responde al Vaticano. Si la querella hubiera querido podría haber solicitado la información y se la hubieran brindado".

El fiscal del caso, Gustavo Stroppiana, dice: "Ellos hicieron una investigación basada en el derecho canónico. Yo esperaba que ellos nos den la información que habían recolectado. Se los emplazó para que aporten toda la información que habían juntado y nunca cumplieron. Yo seguí adelante con la causa porque el que más información tiene soy yo, pero uno de los querellantes, el doctor Salinas, lo denunció por no entregar la información".

En cuanto a las denuncias de las víctimas, Bochatey dijo: "No queremos negar lo que pasó pero también hay denuncias falsas, gente paga. Nosotros ni tenemos acceso al nombre de las víctimas o sus familiares, no podemos mover un dedo y nos acusan de todo".

En el patio interno del edificio del Ministerio de Salud se pone el sol del mediodía. La temperatura agita a los moscardones que desprenden un ruido eléctrico. "Me genera mucho dolor pensar que tantas veces la dejé en manos de Corradi", dice Paola. "Han hecho de nuestra vida un infierno. Ya no somos los mismos. Siempre le vi el lado bueno a la vida y ahora no se lo encuentro. Pero no queremos venganza, queremos justicia".

Es hora de volver al trabajo. El de todos los días. Con el balde, la escoba, los trapos. Parecido al que hace con las pancartas en la calle. Lucha por llevar algo de luz a los lugares más oscuros, polvorientos. Paola se pone de pie, acomoda las sillas y se va.

Para asistencia y derivación:

• Línea 101: línea de atención a niños, niñas y adolescentes
• Línea 0800-222-1717: Programa Las Víctimas contra las Violencias. Ministerio de Justicia de la Nación
• Línea 137: Programa Las Víctimas contra las Violencias. Brigada de Atención (CABA)
• Línea 144: Violencia contra la Mujer. Consejo Nacional de la Mujer
• Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Para hacer la denuncia, comunicarse con la comisaría o comisaría de la mujer más cercana, fiscalías penales o unidades fiscales específicas para delitos contra la integridad sexual, juzgados penales y de familia, asesorías o con defensorías de menores.

Por Alejandro Horvat

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