
La Metropolitana secuestró 50.000 copias de películas piratas
Pertenecían al sitio de venta por internet Edsullivan, que distribuía los productos a domicilio y facturaba alredededor de 20.000 pesos por día
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Golpe a la piratería. Más de 50.000 copias truchas pertenecientes a 16.000 títulos fueron secuestradas por la División de Contravenciones y Faltas de la Policía Metropolitana, halladas hoy un departamento de Sarmiento 1371 donde operaba el sitio de Internet de venta de películas Edsullivan.
En el lugar funcionaban cerca de 50 torres de grabación en las que se replicaba el material para luego ser distribuido a los domicilios particulares con la modalidad de delivery. El costo aproximado de las películas, según una promoción, era de 50 pesos por diez copias.
Al momento del allanamiento de la fuerza metropolitana había siete personas trabajando en el lugar. Por disposición de la justicia fueron identificadas, pero no detenidass.
En simultáneo se realizó otro operativo en un video club de Hurlingam que alquilaba películas piratas. La propietaria del lugar resultó ser la hermana de los responsables de Edsullivan.
La empresa de alquiler de video Blockbuster, que ya no opera en el país, había denunciado nacional e internacionalmente a Edsullivan por competencia desleal. Las copias ilegales de DVD se vendían a seis pesos cada una y las de blu-ray a 25.
Los cobros los hacían mediante reembolso, tenían una amplia cobertura y los pedidos se hacían a través del correo electrónico que figuraban en la página web. El sitio facturaba alrededor de 20.000 pesos por día.
Desde la Unión Argentina de Videoeditores (UAV) celebraron los resultados y a través de su Presidente, Daniel Parise, adelantaron que pedirán al juzgado la clausura definitiva del sitio.
Parise destacó el trabajo de la Metropolitana y se mostró confiado en lograr el apoyo de la justicia para terminar de una vez por todas con la venta ilegal de películas. El presidente de la UAV recordó que en 2010, mientras el negocio pirata se duplicó pasando de $ 500 millones a $ 1.000 millones, el negocio legal decreció, de cerca de $ 400 millones a $ 240 millones poniendo en riesgo la fuente laboral de 25.0000 familias argentinas.
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