La OIT tuvo a una mujer trabajando en negro cinco años

Mayra Sánchez dice estar "bien anímicamente", pero al recordar la navidad de 2007, su voz no logra disimular la tristeza. Le detectaron un cáncer en el recto y se le hizo imposible cumplir con su labor en la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Al estar contratada como monotributista, carecía de los beneficios la Ley de Contrato de Trabajo, así que cinco meses más tarde este organismo internacional decidió no renovarle el contrato. Hoy, su lucha sigue, pero contra la justicia: implora que un juez determine si se la puede considerar como una trabajadora en relación de dependencia o no.

"Nadie pensaba que iba a sobrevivir", cuenta sin tapujos a LA NACION . En poco tiempo bajó 25 kilos y, además, no podía caminar. Desde el 2004 hasta mayo del 2008, Sánchez, psicóloga de 40 años, formó parte del programa "Apoyo para la Reactivación del empleo argentino", ejecutado por la OIT, con la institución Italia Lavoro SA como agencia de co-implementación y la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Argentina como contraparte.

En ese entonces gozaba de un buen pasar (ganaba por mes $6500). Pero cuando logró sobreponerse a la enfermedad, quedó con importantes deudas. Pese a que la obra social cubría prácticamente la totalidad de la operación, los costos eran altos igual, y por ejemplo, el dinero para la psicoterapia ontológica salió de su bolsillo; a eso se le sumó que estuvo dos años sin trabajo. En agosto del 2010 recién consiguió otro empleo, pero el dinero no es el suficiente. En total debe $150000 a amigos y familiares que la ayudaron. "Mi bache económico todavía no lo he resulto y le prendo a cada santo una velita", dice.

El caso refleja el vacío legal que (des)regula la contratación de personal vía monotributo, por la cual empresas y hasta el propio Estado evitan el pago de cargas sociales, aunque realicen tareas rutinarias. La Corte Suprema estableció que, de acuerdo a la situación de hecho, en cada caso particular se debe analizar si el contrato encubre una relación de dependencia y si corresponde aplicar la ley de Contrato de Trabajo y, para que ellos que trabajen para el Estado, las garantías de la estabilidad del empleo público. Lo cierto es que no hay una doctrina clara al respecto.

LA NACION se comunicó con la sede de la OIT en Buenos Aires, donde se negaron a dar información ya que el director se encontraba en una reunión en Ginebra, Suiza. Además, los voceros adujeron que "el contrato de Sánchez no estaba firmado por la OIT", sino que terciarizaban las funciones a través de Lavoro SA. No obstante, Mayra prestaba servicios diariamente en las oficinas de la OIT, en su sede de Córdoba al 900.

"Lo que habría que determinar es si se violó algunos de los convenios de la OIT ratificados por la Argentina, pero al ser un monotributista, el caso es complejo, ya que es algo propio de la legislación del país", sostuvo un vocero del organismo.

Italia Lavoro, según consta en los documentos, es una agencia técnica del Ministerio de Trabajo italiano que opera en lo que respecta a las políticas activas y el desarrollo de la ocupación. Realiza programas y actividades en colaboración con entes públicos y privados, y con administraciones locales para mejorar la capacidad de creación de oportunidades de empleo. Pero, vale aclarar, no tiene sede en la Argentina hace tiempo.

Sánchez informó a finales del 2009 que estaba lista para volver a trabajar, pero no tuvo suerte. Luego empezó el proceso legal, que dos años después, se encuentra en el mismo estado. "Lo que necesito es que el Ministerio de Trabajo deje de poner obstáculos para que un juez decida si fui o no empleada y si tenía o no derecho a protección laboral. Lo que hace el Ministerio es negarme el acceso a la justicia", dice.

En la misma línea Jorge Bertona, letrado, representante de Sánchez, denuncia que el Ministerio presidido por Carlos Tomada, "cajoneó" el caso. "Necesitamos llegar a la audiencia y que sienten a los dos partes. Se trata de acceder a juez", explica. Y agrega: "Soy abogado desde hace 48 años y nunca me he sentido tan frustrado como ahora. ¿Cómo hago para contener a esta chica?".

La situación la empujó a mandarle una carta a la Presidenta y, finalmente, su respuesta llegó. Le comunicaron que había sido girada al Ministerio de Trabajo, lo paradójico es que en el membrete de la carta decía "2011- Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los trabajadores.

Antecedentes

En abril del 2010 la Corte Suprema de Justicia se expidió sobre dos casos de monotributistas que trabajaban para el Estado. En uno ellos falló a favor del demandante; y en el otro, en contra.

El máximo tribunal le ordenó al Estado pagarle una indemnización por despido a José Luis Ramos que trabajó durante 21 años para el Ministerio de Defensa, aunque, sin que se le reconociera una relación de dependencia ya que debía facturar como autónomo para cobrar por sus tareas. Uno de los ejes argumentales de la decisión de la Corte fue que, si bien el Ministerio de Defensa había sostenido que se usaba un régimen dispuesto por un decreto de 1973, ese sistema sólo preveía contrataciones por un máximo de cinco años.

En la otra resolución de la Corte, Carlos Próspero Sánchez no tuvo igual suerte. El tribunal resolvió que no se debía compensar al trabajador cesanteado, pese a que había estado en la misma situación que Ramos. En este caso, los jueces justificaron su decisión al invocar normas específicas que le permiten contrataciones sin registro de la relación laboral a la Auditoría General de la Nación, donde se desempeñó el demandante.

Por Diego Yañez Martínez

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