La pena de muerte, centro del debate

El ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, reabrió un debate tantas veces postergado y que suele instalarse en la sociedad cada vez que se produce un hecho que causa conmoción e indignación: el de la pena de muerte.

El crimen de tres jóvenes ocurrido en Cipolletti días atrás tuvo todos los condimentos como para azuzar un fuego que no se apaga.

Es cierto que Granillo Ocampo hizo punta esta vez con la sugerencia de pedir la pena de muerte para los asesinos de Cipolletti. Pero había sido el mismísimo presidente Carlos Menem quien diera el primer paso cuando, de la mano de la ya fallecida diputada nacional Yorga Salomón, presentó un proyecto de ley para que se impusiera la pena capital en casos de secuestros seguidos de muerte.

Menem sufrió en aquella oportunidad un revés, ya que el tema nunca se trató en el Congreso porque, entre otras cuestiones, contenía "errores de forma". A su vez, cuando se reformó la Constitución nacional, en 1994, la Argentina adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, que impide de plano cualquier posibilidad de instalación de la pena de muerte.

Esto no detuvo al Presidente, que amplió su convicción a los casos de crímenes en los que hubiera intervención del narcotráfico y el terrorismo. Basta recordar el énfasis puesto por Menem al recibir la noticia del crimen del hijo de su amigo, el gremialista Diego Ibánez.

Gabinete fiel

Sin embargo, ayer, en el seno del gabinete, no se acallaron las voces en favor de una excepción para los criminales de Cipolletti. El que secundó a Granillo Ocampo fue Carlos Corach, ministro del Interior.

Señaló la necesidad de analizar "con extremo cuidado" la posibilidad de instalar la pena capital. "La pena de muerte es un reclamo de una parte de la sociedad que se siente agredida por la delincuencia de una manera sádica y feroz", dijo.

En la otra vereda, con la costumbre de quien se planta en contra de las opiniones de los funcionarios menemistas, se instaló el vicepresidente Carlos Ruckauf.

Justificó su oposición al considerar que, de existir un "error judicial" en la condena, "ya no hay forma" de solucionarlo una vez aplicada esa sanción.

Insistió Ruckauf con que en "una sociedad imperfecta como la de los seres humanos es preferible imponer reclusión perpetua", la que permite hacer una modificación si se descubre un error". Coincidió así con los juristas consultados por La Nación .

El gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, utilizó el sentido común a la hora de hacer pública su opinión. Consideró, palabras más, palabras menos, que cuando una sociedad se siente amenazada no debe dejar de debatir temas como éste.

Se mostró en favor de que se generen instrumentos que lleven a la gente la sensación de tranquilidad y seguridad que merece.

Desde el alma

Más allá de los reclamos de los políticos, de los funcionarios y de los juristas, se hizo oír en pleno sepelio la voz de los padres de las víctimas. Ellos fueron descarnados.

Juan Villar, padre de Verónica (22), opinó que la pena de muerte sería el castigo más adecuado para los asesinos de su hija. "En casos como éste no se merecen otra pena. El que a hierro mata, a hierro muere", lanzó desde el fondo de su alma.

Del significado de esa frase pareció tomarse la diputada neuquina Norma Miralles (PJ) para plantear su proyecto de someter a tormentos antes de ajusticiarlos a los delincuentes que hayan cometido crímenes aberrantes. No prosperó.

En tanto, la Iglesia señaló que la última versión del Catecismo aprobada hace dos meses por el Papa marca como "muy raros, por no decir prácticamente inexistentes, los casos de absoluta necesidad de supresión del reo".

El documento recuerda que en el pasado la Iglesia no excluyó este castigo siempre que fuera "el único camino posible para defender las vidas de seres humanos de un agresor".

Los hombres del Derecho se oponen

• 1)¿Qué opina de la pena de muerte? ¿Sirve para disminuir el índice de criminalidad?
• 2)¿Es benévola la legislación penal de menores?

• Jorge Bacqué, ex ministro de la Corte Suprema y actual presidente del Colegio Público de Abogados.

1) No soy partidario de la pena de muerte, en primer lugar por razones morales. El derecho a la vida es el único que no se puede reglamentar, no se puede dar más o menos vida a nadie. A un hombre a quien matan, y después se descubre que es inocente, nadie lo puede resucitar. A un preso, si se descubre su inocencia, se lo puede liberar, indemnizar y hasta pedirle perdón.

En segundo lugar, creo que hay impedimentos jurídicos para establecer la pena de muerte en nuestro país. La Argentina está obligada a respetar el Pacto de San José de Costa Rica y para incorporar la pena capital habría que denunciar el pacto y hacer una reforma constitucional.

2) Me parece que la legislación de menores no es débil, de ninguna manera. Más bien lo que se prueba en el caso de Cipolletti es que la pena no ha sido lo indicado para evitar la violencia. Haría falta una verdadera reeducación de todas las personas que delinquen.

• Alejandro Carrió, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles.

1) Me opongo a la pena capital. No conozco estudios serios en nuestro país sobre la influencia de la pena de muerte en la reducción de la criminalidad o la violencia.

Sí sé que los estudios de ese tipo realizados en los Estados Unidos demuestran que no tiene real efecto disuasivo en los criminales.

Sobre la base de esa objetable utilidad, pienso que la decisión de privar a una persona de su vida es demasiado seria, y claramente irreversible, como para dejarla en manos de los hombres.

2) Creo que, más que benévola, la legislación penal de menores tiene una inspiración realista. Está basada en conocer lo dañino que es para cualquier menor su encarcelamiento. Creo que por eso se les ofrece a los menores distintas alternativas para recuperar la libertad en menor tiempo que el que le correspondería a un condenado mayor de edad.

• Roberto Durrieu, director del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

1) En términos generales, la pena de muerte no sólo no sirve para disminuir la delincuencia, sino que parece absolutamente improcedente cuando se puede salvaguardar a la sociedad aplicando la pena de prisión. O sea que la pena de muerte sólo se justifica cuando la pena de prisión no evita que se sigan cometiendo gravísimos delitos contra la sociedad, como por ejemplo el narcotráfico internacional y el terrorismo. Incluso la Iglesia Católica admite para estos casos excepcionales la pena capital.

2) Creo que la legislación penal de menores es benévola porque establece una edad de inimputabilidad que para algunos delitos alcanza a los menores que no han cumplido 18 años y son mayores de 16. También en el régimen general, establecido desde los 16 años para abajo, me parece que la edad es alta, porque modernamente parecería que la madurez para cometer delitos graves se alcanza a los 14 años, como establecía en otra época nuestra legislación.

• Andrés D´Alessio, ex camarista federal y actual decano de la Facultad de Derecho de la UBA.

1) Nunca a lo largo de la historia la pena de muerte ha disminuido el índice de criminalidad. Ni siquiera en los Estados Unidos, donde se ha restablecido sin haber bajado la criminalidad y la inseguridad ciudadana. El pedido por la pena de muerte es una reacción primaria explicable en la gente ante el horror de hechos como el de Cipolletti, pero, en boca de autoridades públicas, sólo importa un acto de demagogia.

2) La ineficacia de la legislación de menores no proviene de que sea benévola o severa, se debe a que no cumple ninguno de los fines para los cuales ha sido establecida. Todos sabemos que los institutos de rehabilitación no funcionan como tales, sino que son verdaderos depósitos de niños y jóvenes a los que, lejos de educar para que sean ciudadanos útiles, se los prepara para la delincuencia más grave.

Creo que lo que debería provocar una ola de indignación es ese funcionamiento inaceptable de los institutos y no sus consecuencias .

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