La protección integral de derechos sigue pendiente

Con la sanción de la ley 26.061 de protección integral de la infancia, en 2005, se consagró como principal derecho del niño el derecho a la identidad. Con la nueva norma, se instó a los distintos niveles del Estado a instrumentar políticas públicas de fortalecimiento familiar para lograr mantener a los menores con su familia nuclear y evitar la vulneración de otros derechos en el seno familiar. Funcionarios, defensores de menores y ONG que trabajan por los derechos de la infancia admitieron que todavía resta mucho por hacer.

"La situación varía de provincia a provincia. Puede verse un esfuerzo de las áreas provinciales, apoyadas por el Consejo Federal de Niñez, por reforzar los procesos de revisión y transformación de las viejas prácticas institucionales; muchas están mutando hacia programas alternativos que es necesario acelerar y mejorar. El reto es que estas tendencias se puedan consolidar en el tiempo", dijo la responsable del área de Protección de Unicef Argentina, Gimol Pinto.

Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento de la Aplicación de la Convención por los Derechos del Niño, fue contundente: "Desde la ley, no se avanzó casi nada. No hay programas de fortalecimiento a las familias en ningún nivel".

Laura Mussa, asesora tutelar de menores de la ciudad de Buenos Aires, coincidió en que faltan políticas y no sólo para la infancia. Además, opinó: "No cesaron las institucionalizaciones; empezaron a disfrazarlas y entregan a los chicos a privados, a familias de acogimiento. Se sigue creyendo que es una forma de protección, pero, en realidad, hay que trabajar para restituir a los menores a sus familias, aunque esto implica la formación y contratación de equipos profesionales que son más caros".

Algo similar propone el juez en lo civil Lucas Aon. "Las necesidades de la niñez en riesgo superan ampliamente los recursos económicos, de infraestructura y humanos que el Estado dispone. Hay que proveer a los organismos del Estado que trabajan con la infancia en riesgo de personal idóneo suficiente, tanto para restablecer en las familias de origen condiciones tendientes a revincular a los chicos como para acompañar a los adoptantes luego de entregar un chico".

Marisa Graham, directora nacional de Promoción y Protección Integral, destacó como política de fortalecimiento familiar la asignación universal por hijo y reconoció: "Somos conscientes de que el Estado debe tener dispositivos de calidad. Hicimos todo lo posible, y seguiremos".

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