La Universidad se prepara para el servicio social

Mientras en nuestro país se discute aún la forma de implementarlo, el trabajo social como requisito para obtener un título universitario es una realidad con años de experiencia en otros países.

La idea de establecerlo en la Argentina fue lanzada hace un mes y medio por el ministro de Educación, Juan Llach, y ya recibió el visto bueno de los rectores de las universidades nacionales. Sin embargo, aún resta acordar en qué condiciones se implementaría, cómo se combinaría la obligatoriedad de la medida con la autonomía universitaria y con las iniciativas de práctica solidaria que varias casas de estudio y agrupaciones estudiantiles ya tienen en marcha.

El Ministerio de Educación espera cerrar los acuerdos con las universidades para lanzar la implementación concreta del programa antes de fin de año.

Como un paso hacia ese objetivo, la semana última se organizó el Primer Encuentro sobre Prácticas Solidarias en la Educación Superior, en el que representantes de universidades del exterior que ya aplican el trabajo social universitario -Costa Rica, México, España y Brasil- contaron sus experiencias e intercambiaron información con docentes, alumnos y autoridades nacionales.

La Nación dialogó con las responsables de los programas de servicio social universitario de Costa Rica y México, dos países con larga trayectoria en esta experiencia.

Ambas remarcaron el valor formativo de las prácticas sociales y mencionaron el financiamiento como la dificultad recurrente. Sin embargo, coincidieron en enfatizar que, en el largo plazo, los beneficios del trabajo social de los estudiantes superan largamente los obstáculos.

Interdisciplinarios

Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica -una de las cuatro universidades públicas del país- tienen que cumplir con 300 horas de "trabajo comunal" para obtener sus títulos de bachilleres y licenciados en todas las carreras.

La obligatoriedad ya tiene 25 años. Según cuenta Rocío Monge Corrales, la supervisora del área, el origen se encuentra en los proyectos de alfabetización que los mismos estudiantes establecieron en el interior del país en los años 70.

Hoy, la universidad tiene 120 proyectos anuales de trabajo comunitario en marcha para sus 26.000 estudiantes, que supervisan 130 docentes, en las áreas de vivienda, educación, salud, recreación, medio ambiente y transferencia tecnológica.

"Las facultades y escuelas formulan y aprueban los proyectos, pero los diagnósticos para desarrollarlos pueden provenir de una investigación, de un curso o de las propias comunidades interesadas", dice Monge Corrales.

Las iniciativas de la universidad costarricense se distinguen por ser interdisciplinarias. "Los estudiantes trabajan en equipos, en los que deben aportar desde su disciplina para alcanzar el objetivo del proyecto", dice la supervisora.

Los alumnos pueden elegir en qué proyectos les interesa participar. Se les exige tener aprobado el 50% de las materias de su carrera y un seminario sobre Realidad Nacional. "Es una preparación teórica. Queremos garantizar que el estudiante haga un verdadero aporte a la comunidad", afirma Monge Corrales.

La supervisora asegura, además, que la mayor dificultad que transitaron fue el financiamiento de los proyectos. "En los últimos años lo hemos solucionado en gran medida con los aportes de las comunidades que se benefician, mediante instituciones que se unen a nosotros para desarrollar los proyectos", dice.

Para Monge Corrales, uno de los secretos del buen funcionamiento del servicio social es el cuidado especial que ponen en que los proyectos representen "un verdadero apoyo profesional para las comunidades, que se asegure la continuidad de las iniciativas y que un estudiante no sustituya a un empleado".

Con jerarquía

En México, la obligatoriedad del servicio social universitario está dispuesta en la misma Constitución, sancionada en 1917.

Hoy existe una dirección estatal de apoyo al servicio social, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y dicta lineamientos generales. Pero cada universidad tiene sus reglamentos para implementar el servicio social de sus alumnos.

"Las universidades impulsan proyectos propios, pero los alumnos pueden elegir dónde cumplen su trabajo social, como instituciones públicas u organizaciones sociales. Se les pide que las actividades estén vinculadas con sus carreras y que representen un aporte a la comunidad", asegura Carolina Romero Centeno, coordinadora del servicio social universitario de la Universidad de Sonora, una institución pública de 24.000 estudiantes.

"El aporte del servicio social universitario al desarrollo de zonas marginadas del país ha sido muy importante", dice. Comunidades pequeñas del país reciben, por ejemplo, estudiantes de Medicina y carreras relacionadas que durante un año desarrollan allí sus tareas.

Los proyectos de trabajo comunitario no sólo se financian con el presupuesto universitario. Cada vez son más los gobiernos estatales y municipales que se acercan a las universidades con una propuesta y aceptan compartir los gastos.

Por Por Raquel San Martín <br/> De la Redacción de <em> La Nación </em>

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