Las cuatro valijas que cambiaron la historia de la droga en el país

¿Cuántos kilos de clorhidrato de cocaína hacen falta para descabezar a la Fuerza Aérea de un país, comprobar que un aeropuerto es perfectamente violable, que por él pasan 30.000 bultos sin revisar, que un gobierno subsidia a una empresa comprometida con el supuesto contrabando de droga y que un presidente se enoje tanto como para decir que las "lagrimitas" de un brigadier no lo conmueven?

En la Argentina, sólo 60 kilos.

Hace hoy un mes, LA NACION publicó los pormenores del contrabando de 60 kilos de drogas que viajaron a España en cuatro valijas que, como única identificación, llevaban un sticker con la leyenda "Embajada Argentina en Madrid".

Los bultos iban en un vuelo de Southern Winds (SW), acomodados en la bodega destinada a las maletas de la tripulación, que son las que bajan primero, y no había pasajeros en ese vuelo que las reconocieran como propias.

En la causa consta que las "valijas voladoras", como rápidamente fueron bautizadas, habían sido puestas en la aeronave por pedido expreso del empleado de la compañía Walter Beltrame. Dice el expediente que tenían como destinatario a la pareja española compuesta por Elena Toimil Batán y Ramón González Villar, cuestión que ambos niegan.

La sola publicación de la noticia causó conmoción. En principio, por que Walter Beltrame, empleado de SW, es el hijo del comodoro Alberto Beltrame, por entonces jefe del aeropuerto de Ezeiza y responsable de la custodia del lugar para que no se trafiquen drogas y para que no viajen valijas sin acompañantes.

Beltrame padre fue mantenido en su cargo hasta el 11 de febrero, cuando su hijo llevaba ya más de un mes prófugo de la Justicia por el narcoescándalo.

La Fuerza Aérea, de quien dependía Beltrame, alegó ignorancia sobre lo que ocurría y, como un eco, lo mismo repitieron la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), la división drogas peligrosas de la Aduana, la empresa Aeropuertos Argentina 2000 y varios ministros del gabinete presidencial.

Juan Maggio, dueño de SW, dijo que Ricardo Jaime, Secretario de Transporte de la Nación, era su "jefe", sólo porque el Estado se había asociado con SW para formar Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima, Lafsa, que absorbió a Lapa y Dinar.

Acusados de contrabando agravado de estupefacientes están detenidos Claudio Baudino, jefe de pista de SW en Ezeiza, Fernando Arriete, gerente de ventas internacional de la compañía, y Walter Beltrame, encargado de pasajeros frecuentes de la empresa.

Con pedido de indagatoria con prisión preventiva están los hermanos Juan y Cristian Maggio, titular y gerente general de SW, respectivamente; Enrique Montero, vicepresidente de la empresa; Carlos Lepori, supervisor de seguridad de la compañía, y Flavio Cañoto, jefe de pista de la empresa en Madrid.

La historia, en realidad, comenzó el 17 de septiembre de 2004 cuando las cuatro valijas quedaron dando vueltas en la cinta del aeropuerto de Barajas, sin que nadie se hiciera cargo de ellas.

La Guardia Civil las rescató, las abrió y en el interior descubrió los 60 kilos de cocaína.

Una extraña declaración

Nada se sabía del caso en Buenos Aires hasta que, más de un mes después, Cristian Maggio fue de la mano de su abogado Eamon Mullen, ex fiscal federal y separado de su cargo por irregularidades en la causa AMIA, a declarar a un tribunal no competente y con identidad reservada. Maggio denunció a sus empleados por "infieles" y dijo que su empresa era víctima.

Y ésa es la palabra que usaron los Maggio cada vez que se conocía algo nuevo: Florencia Bullgarelli Maqueda, azafata de SW, fue detenida con droga entre sus pechos; la ruta Tacna-Córdoba fue denunciada como una vía del narcotráfico; las declaraciones de una fuente de la Aduana anunciaron que los vuelos de SW no se revisaban y que habían "volado" en el año más de 50 bultos con droga. SW ignoraba todo.

Y quiso el escándalo que el gobierno se alborotara de tal manera que comenzó a tomar medidas.

La crónica habla por sí misma de lo que sucedió en un mes: relevaron al comodoro Beltrame. El ministro de Defensa, José Pampuro, respaldó a la Fuerza Aérea y a su jefe, el brigadier general Carlos Rohde, y al de la PAN, brigadier Horacio Giaigischia. Dos días después, Kirchner relevó a Rohde y pasó a retiro a 12 brigadieres para nombrar en su lugar al brigadier Eduardo Schiaffino.

Luego disolvió la PAN y nombró a Marcelo Saín como interventor de la creada Policía de Seguridad Aeroportuaria. Una semana más tarde se conoció el contenido del sumario interno de la Fuerza Aérea, donde Giaigischia aseguró que Beltrame pidió videos de seguridad del aeropuerto para colaborar con la defensa de su hijo.

En el ínterin, SW perdió el subsidio del Estado con el que pagaba sueldos y combustible. La empresa chilena Lan le asegura continuidad, pero sólo por 90 días.

Una comisión de brigadieres retirados investigó la actuación de la fuerza en el caso y recomendó llevar a Rohde a un tribunal militar. Este, al igual que Giaigischia, está hoy bajo arresto.

Un nuevo elemento puede cambiar esta historia: existe un testimonio en el expediente de alguien que sabe demasiado y que dio importante información al juez y a la fiscal María Gabriela Ruiz Morales sobre la vinculación entre por lo menos dos funcionarios y el affaire de la droga. Ese testigo cree estar en peligro y por eso su nombre es un secreto.

"Hay funcionarios involucrados"

• El juez Carlos Liporace, titular del Juzgado en lo Penal Económico N° 4, dijo ayer que hay varios funcionarios de Drogas de la Aduana que han sido vinculados al proceso de investigación. "Los representantes de Drogas Peligrosas de la Aduana han sido vinculados al proceso, y el titular de la Aduana -por Ricardo Echegaray- sólo declaró como testigo. Si no fallaban los controles, el envío -por las valijas con los casi 60 kilogramos de cocaína que arribaron a Madrid el 17 de septiembre último- a España no podía haber llegado", sostuvo Liporace en declaraciones radiales.

Por Alejandra Rey

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