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Un relevamiento vuelve a poner énfasis en la deuda que subsiste con la atención de la salud mental de los adolescentes. Falta de datos, baja inversión y ausencia de servicios de rápido acceso se mantienen entre las falencias estructurales de un sistema sanitario que no termina de proporcionar respuestas a tiempo, según surge de un estudio que tuvo en cuenta el punto de vista adolescente.
“En las instituciones escolares, por ejemplo, si bien trabajan con adolescentes, en lo emocional mucho no están presentes. Por ejemplo, en mi colegio, la psicopedagoga es horrible y lo único que hace es decir: «Chicos, querámonos todos con todos, no al bullying», pero tampoco hace nada para prevenir eso y no sirve mucho”, planteó una alumna de un establecimiento de Mendoza.
Como otros 53 adolescentes, de entre 13 y 18 años, participó con su testimonio en seis grupos de pares de esa ciudad, el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Resistencia, Chaco, durante el estudio “Adolescencias y salud mental: brechas y tensiones en las políticas públicas”, de Fundar, un centro de investigación y diseño de políticas públicas.
Otra estudiante, esta vez del AMBA, relató: “Yo, personalmente, varias veces intenté buscar ayuda para diversos problemas que tuve en la escuela, pero no hay ningún personal del todo capacitado para ayudar al adolescente… Y en los hospitales, en el área de psicología pública, no hay turnos casi, así que es todo muy difícil [para] buscar ayuda”.
Ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, suicidio, dificultades en el sueño y sentimientos de soledad son los problemas de salud mental más comunes con los que se encontraron los investigadores Fernando Zingman y Laura Poverene, de acuerdo con los resultados que presenta hoy el Área de Salud de Fundar. “En menor proporción”, según describieron, surgió el consumo de alcohol y redes sociales en exceso.
Ambos trabajaron con un equipo de consultores especializados en salud mental, adolescencias y políticas sanitarias para relevar el estado de situación de lo que profesionales de centros públicos y privados no dudaron en describir hace ya tres años como una ola de trastornos psíquicos en los más jóvenes que la pandemia de Covid detonó.
Pero, ¿qué pasó desde entonces? De acuerdo con los resultados obtenidos por Zingman y Poverene, ni siquiera se avanzó en relevar la magnitud de esa ola aun cuando la demanda en guardias y servicios especializados no da señales de disminuir.
“La histórica falta de inversión y la ausencia de medidas de promoción, prevención y atención en salud mental han contribuido a las deficiencias en materia de la salud mental” de los chicos y los adolescentes, según definieron los investigadores.
Eso es algo que apuntan habitualmente las entidades y ONG que reclaman la modificación de la Ley de Salud Mental, que desde 2010 dejó establecido destinar un 10% del Presupuesto Nacional a la prevención y atención de padecimientos psíquicos. En octubre del año pasado, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que monitorea sistemáticamente la inversión que el país hace en salud mental advirtió que seguiría sin cumplirse esa meta de ley, como venía sucediendo los años anteriores.
El equipo de Fundar relevó que, a datos de 2023, a la salud mental de los argentinos se destinó un 4,1% del gasto nacional en salud: un 9,2% fue para la atención de adolescentes. Por persona, eso se traduce en $727,5 para la población general y $426,4, para los adolescentes. Entre los distritos con datos presupuestarios declarados estuvieron la Ciudad, con un 7,5% de su gasto en salud destinado a salud mental; Córdoba con un 5% de su presupuesto; Entre Ríos, con un 4,7% y, San Luis, con un 2,1%, de acuerdo con el análisis de la información declarada por los ministerios de Hacienda o Economía de la Nación y las provincias.
“Un desafío identificado en salud pública –continuaron– es reducir la brecha en la atención de las necesidades de salud mental de este grupo, que suele enfrentar barreras de acceso a servicios, limitaciones económicas, procesos de estigmatización y dificultades para compartir sus preocupaciones personales y solicitar ayuda profesional”.
Reafirmaron, como es fácil constatar al intentar dar con estadísticas o tendencias epidemiológicas locales, que “la falta de datos actualizados y exhaustivos sobre la salud mental adolescente persiste”, lo que se traduce en un “manto de opacidad” que “dificulta la reorganización” de servicios de atención y respuesta oportuna en el caso de urgencias.
A la vez, y casi unánimemente, los menores que participaron expresaron las pocas posibilidades que tienen de que los adultos que los rodean –sean padres, docentes o familiares de referencia, por ejemplo– los escuchen cuando necesitan hablar de sus problemas o compartir sentimientos. “Refirieron que se subvaloran y desacreditan sus malestares, así como no se priorizan sus necesidades en salud mental por sobre las de la salud física”, resumieron los autores.
Al relevar la disponibilidad de profesionales, dieron con otro obstáculo: “gran parte” de los centros de atención primaria tienen al menos un especialista en salud mental, pero “su disponibilidad es insuficiente para atender la demanda”, sobre todo en zonas rurales. Las distancias o la movilidad fuera de las ciudades “agravan la situación en áreas alejadas”. Predomina los horarios de atención de lunes a viernes, siempre y cuando sean días hábiles, y por la mañana. “Dificulta el acceso para adolescentes en edad escolar o los tiempos de espera para obtener turnos superan, en numerosos casos, los dos meses”, describieron Zingman y Poverene.
Funcionarios y responsables de áreas en instituciones del sistema de salud coincidieron durante la investigación en ciertas carencias a lo largo del país, lo que los autores resumieron como “falta de articulación institucional, demoras en las derivaciones a dispositivos de mayor complejidad y una limitada vinculación con referentes de la comunidad”.
Zingman, que es médico especialista en pediatría y adolescencia, destacó ante la consulta de LA NACION que, aun cuando “no es una sorpresa”, aún se mantiene la falta de “información en todos los niveles institucionales, poca inversión en salud mental en general con una casi inexistente la inversión en salud mental adolescente y dificultad para identificar dispositivos [comunitarios]”.
En lo que se refiere específicamente a la inversión, no es solo la falta de plata efectivamente asignada, sino la dificultad para identificar las partidas presupuestarias y la ausencia de metas que se puedan monitorear. “No existe la salud mental adolescente en el mapa presupuestario argentino”, refirió el investigador. Identificaron que, en 16 provincias, hay un solo profesional a cargo de psiquiatría infantil y juvenil de más de una decena de centros.
“No hay psiquiatras infanto-juveniles en muchas jurisdicciones y los servicios están centralizados en las capitales, con horarios que no se adaptan a los adolescentes”, apuntó Zingman.
A Poverene, el valor del diagnóstico de situación que pudieron lograr con el estudio estuvo en el punto de vista de los propios adolescentes. “Si bien perciben un mundo adulto que se muestra vacilante para acompañar sus malestares emocionales y es un mundo que, para ellos, por momentos se vuelve muy poco confiable, siguen demandando de los adultos la escucha atenta y la contención, pese a que muchas veces refieren sentir una infantilización de sus problemas o que hay una desestimación de la salud mental por sobre la física”, resaltó la psicóloga, que es doctora en Salud Mental Comunitaria y magíster en Problemáticas Sociales Infanto Juveniles.
Contó que los adolescentes también transmitieron que hay “respuestas insuficientes” desde el sistema educativo y sanitario que se puedan sostener en el tiempo. “Esto se transforma en un caldo de cultivo para que las redes sociales se conviertan en el principal espacio para buscarlas, donde van a poder interpretar sus padecimientos y sus raíces. Ahí se produce un proceso complejo, en el que se autoidentifican con etiquetas patológicas. El riesgo es que eso termine siendo una profecía autocumplida que refuerce el padecimiento e intensifique el estigma asociado con los problemas de salud mental.
A partir de estos resultados, el equipo elaboró recomendaciones y el Protocolo Sa. M. A, de estimación de la salud mental adolescente, con parámetros de encuestas con criterios diagnósticos con consenso internacional y pruebas psicométricas validadas para aplicar a la población argentina. El cuestionario de 132 preguntas indaga, además del contexto socioeducativo y familiar del adolescente, sobre síntomas, hábitos y ocio (uso de redes, apuestas online y juego), desempeño escolar y rendimiento de acuerdo con metas propias y externas, consumos o pérdidas recientes, entre otros puntos.
“La aplicación del protocolo para hacer un rastrillaje de la salud mental en población y grupos grandes puede ser muy útil. La Argentina se debe eso: en las provincias, poder implementar un monitoreo regular del estado de situación, poder saber cuánto impacta cuando hablamos de depresión, ansiedad u otros problemas, y poder compararnos regionalmente”, sostuvo Zingman.
También, citó recomendaciones “que no requieren grandes inversiones”, como capacitar a personal designado dentro de las escuelas y colegios para que ofrezcan contención y escucha confidencial, además de brindar información para los grupos de amigos, “que son los primeros a los que se recurre” ante el malestar psicoemocional.
“Así como con la información para la educación sexual integral (ESI), se pueden implementar primeros auxilios en salud mental, que se pueden brindar en la comunidad”, concluyó el investigador, más allá de las recomendaciones para mejorar la respuesta del sistema de salud.
