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Leonardo Fornerón: "En la Argentina no hay justicia para los pobres"
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Cuando habla de ella su rostro se ilumina. Pero cuando recuerda su lucha, que ya lleva 18 años, se quiebra y no puede contener las lágrimas. Leonardo Fornerón, policía de Entre Ríos, de 45 años, lucha por recuperar el vínculo con su hija, que fue entregada en adopción, sin su consentimiento, a un matrimonio de Buenos Aires un día después de su nacimiento, en junio de 2000.
Su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le dio la razón y condenó al Estado argentino no solo a hacer posible el restablecimiento del vínculo entre padre e hija, sino también a investigar penalmente a todos los partícipes de la adopción espuria y a tipificar como delito la venta de bebés. Pero ahora los tribunales nacionales volvieron a darle una mala noticia: un tribunal revocó los procesamientos de primera instancia que pesaban sobre la madre biológica, los padres adoptivos y otras siete personas (funcionarios judiciales de Entre Ríos, abogados y una psicóloga, entre otros) por el delito de sustracción de menor de 10 años.
Fornerón no se da por vencido. Sus abogados, Margarita Nicoliche, Susana Terenzi y Santiago Bertinat Gonnet, ya preparan el recurso que presentarán para que intervenga la Cámara Federal de Casación Penal.
-¿Qué sensación tuvo cuando se enteró de que la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones había revocadolos procesamientos por el caso de su hija?
-Me hace pensar que en la Argentina no hay justicia para los pobres, que solo hay justicia para un sector de la sociedad.
-¿Qué pensó cuando el fiscal Ignacio Mahiques pidió las indagatorias de la madre biológica, del matrimonio que recibió a su hija y de los funcionarios de Entre Ríos que participaron en la guarda y adopción, y cuando después el juez Marcos Fernández dictó los procesamientos?
-Fue la primera vez que alguien investigó lo que había sucedido en el año 2000. Antes nadie había investigado. Sentí esperanzas de tener un poco de justicia por los derechos de mi hija y los míos.
Aquella buena noticia del procesamiento de primera instancia se transformó en un nuevo revés cuando los camaristas Mauro Divito y Julio Marcelo Lucini revocaron esa resolución.
"La resolución del tribunal de alzada es arbitraria y basada solo en afirmaciones dogmáticas", afirmó a LA NACION el abogado Bertinat Gonnet.
El juez Fernández había procesado a la madre biológica, identificada como D.E.E.; al matrimonio adoptivo integrado por B. y Z., y a Raúl del Valle, que hace 17 años, cuando nació la beba, era juez en lo Civil y Comercial de la ciudad entrerriana de Victoria. El magistrado también procesó por el mismo delito a los funcionarios judiciales que en junio de 2000 cumplían las funciones de defensores de pobres y menores, Julio Guaita y Marcelo Balbi; a la perito psicóloga Daniela Kairuz; al abogado que en su momento representó a los adoptantes, Salvador Espona, y a dos hombres que hicieron las veces de intermediarios entre las partes.
"Tanto aquellos imputados que participaron en el primer tramo del delito, es decir, en la entrega de la menor [sustracción], como los que, con sus aportes, lograron que la menor continuase ilícitamente en poder del matrimonio 'adoptivo' [retención] tenían pleno conocimiento y voluntad de apartar a la menor de la esfera de custodia del padre biológico", había sostenido el juez de primera instancia.
Pero los camaristas Divito y Lucini entendieron que se trató de una entrega voluntaria por parte de la madre biológica. "Sobre la base de la apuntada entrega voluntaria, entiendo que las personas que en la ocasión recibieron a [la niña] porque pretendían adoptarla -como finalmente lo hicieron, luego de la tramitación del proceso civil correspondiente- tampoco la sustrajeron ni participaron en una sustracción típica", suscribieron en el fallo.
Fornerón, que tiene otros cuatro hijos de entre 2 y 12 años, no se rindió. Desde que supo que su hija había sido entregada por la madre biológica intentó recuperarla para criarla.
Él y aquella mujer vivían en Rosario del Tala, Entre Ríos. La relación terminó antes de que se enterara de que iba a ser padre. Aunque siempre dijo que quería hacerse cargo de la beba, no pudo conocerla porque la madre biológica, que dio a luz el 16 de junio de 2000 en Victoria, la entregó 24 horas después del parto.
El caso, impulsado por Fornerón, llegó hasta la CIDH, que en 2012 sentenció que el Estado argentino había violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad de la menor. Por eso, obligó a garantizar un proceso que culminara en la revinculación entre el policía y la hoy adolescente.
Fornerón y su hija, que por cuestiones legales solo se identifica como XX, se ven una vez al mes, entre 40 minutos y una hora. El encuentro, que se hace en un local de comidas rápidas -en las primeras citas tenía a los padres adoptantes sentados a otra mesa, muy cerca de ellos- y dura lo que decida la adolescente, no se les hace fácil. "Ella habla solo dos o tres palabras", cuenta el policía entrerriano a LA NACION.
En 2011, Fornerón declaró ante la CIDH. Su testimonio, dicen quienes lo presenciaron, fue conmovedor. No pudo frenar las lágrimas cuando hablaba de su hija. Afirmó que el juez del caso entrerriano [Del Valle] le había dicho que no le daría la tenencia de su hija porque era pobre y el matrimonio que ya tenía a la niña en guarda para su adopción tenía una buena posición económica.
-¿Recibió presiones para que desistiera de su intención de criar y revincularse con su hija?
-Sí, al principio, cuando me enteré de que era mi hija. Vinieron a Rosario del Tala y me ofrecieron lo que yo quisiera para que les dejase a mi hija con ellos. Les respondí que yo solo la quería a ella.
-¿Qué siente cuando la ve?
-Siento un gran amor por mi hija. Orgullo por ver cómo creció, pero también tristeza de no haber sido parte de ese crecimiento.
Fornerón, a pesar del revés judicial y de las trabas, no piensa bajar los brazos. Promete que continuará con su lucha. Sin pausa.
