Ley de Glaciares, en la mira: el Gobierno evalúa cambios en la normativa que ya ponen en alerta a los ambientalistas
La reforma limitaría la protección de estos bloques que son claves para el abastecimiento de agua; ya hubo intentos similares en 2016 y con la Ley Bases
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Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a LA NACIÓN que busca hacer modificaciones por decreto a la Ley Nacional de Glaciares (N°26.639). El anuncio fue repudiado por el sector ambientalista. Sin embargo, para ninguno fue sorpresa que el Gobierno baraje esta posibilidad. Hace poco más de un año se buscó lograr lo mismo a través del primer borrador de la Ley Bases y en 2016 también se intentó un cambio.
Desde el Gobierno advirtieron a este medio que “no hay consenso aún” para que el decreto se publique ni tampoco sobre qué modificaciones se acordarán. Precisaron que la intención sería la de habilitar actividades productivas en la zona periglacial.
El ambiente glacial no solo se compone de esas columnas blancas que deslumbran en la Cordillera de los Andes. Existen también otro tipo de cuerpos de hielo, menos vistosos, más pequeños y mezclados con rocas o cubiertos completamente por tierra, que conforman lo que los científicos llaman el ambiente periglacial. En conjunto con los grandes glaciares, funcionan como una reserva fundamental de agua para los animales, las plantas y para alrededor de siete millones de argentinos.
La ley de glaciares contempla la protección de todas estas zonas y prohíbe las actividades industriales sobre ellas. Se consideran todos los tipos de cuerpos de hielo y las zonas en las que se encuentran. Pero con las reformas que el Ejecutivo baraja haría más chica el área protegida. Varios expertos ven esto con preocupación, en especial porque sospechan que, en su balance, el Ejecutivo está excluyendo la visión de la comunidad científica para modificar la ley.
Desde el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) afirmaron que no han recibido ninguna notificación del Ejecutivo. “Nosotros somos los encargados de elaborar el Inventario Nacional de Glaciares y no nos han consultado nada. Nos enteramos de la noticia como todos y no entendemos cuál es el criterio científico para proponer los cambios”, detalló Laura Zalazar, coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares del Ianigla.
Un anhelo histórico
El Ejecutivo no confirmó cuáles son los artículos que se modificarían, pero desde el sector ambientalista, sospechan que será una copia de lo que se planteó en el primer borrador de la Ley Bases. “Es un anhelo que tienen las grandes corporaciones mineras desde hace mucho tiempo. Es exactamente la misma modificación que se quiso hacer en 2016. Que hicimos un escándalo y filtramos el borrador que había. Pasó después con la Ley Bases. Hace mucho que están buscando la oportunidad y ahora lo vuelven a intentar”, ponderó Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Tanto esa como otras organizaciones consultadas plantearon que el objetivo principal de la reforma sería debilitar la protección al modificar dos artículos que determinan qué tipo de masa de hielo es apta para ser protegida.
“Lo que provocarían estos cambios es reducir el área a proteger. No solo elimina una parte del ambiente periglacial, sino que deja a criterio de las provincias lo que se puede proteger y lo que no”, explicó Lucas Ruíz, geólogo e investigador independiente del Ianigla.
Por su parte, Agostina Rossi Serra, especialista en Biodiversidad de Greenpeace Argentina, advirtió también que la posible decisión del Ejecutivo “ignoraría y vulneraría gravemente los compromisos internacionales asumidos por la Argentina para enfrentar la crisis climática, así como el principio fundamental que impide retroceder en los niveles de protección ambiental ya alcanzados”.
Un recurso en disputa
Ruíz participó de la autoría del sexto reporte síntesis del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y destacó que el cambio climático ha acelerado el derretimiento de los glaciares.
En la Argentina hay unos 16.000 a lo largo de toda la cordillera. La mayoría se encuentra en las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y Chubut. Los datos del Inventario Nacional de Glaciares muestran que en 1990 empezaron a retroceder sostenidamente y cada vez lo hacen más rápido. Esto también significa que el agua que estos gigantes aporta será cada vez más escasa.
Desde Ianigla explicaron que los glaciares retroceden a pasos agigantados por el aumento de temperaturas y de las sequías. Según calcula el instituto, cada año se pierde una cantidad de hielo que equivale al agua necesaria para abastecer a toda la población argentina por un año y medio.
“Estos sitios son grandes reservorios de agua que nutren a los ríos más o menos dependiendo del año. Cuando hay muchas lluvias y nevadas, un glaciar puede aportar solo un 10% del agua de un río, pero cuando hay sequías, esa cifra puede elevarse hasta un 60%. Así que dependiendo del año, la importancia hídrica puede cambiar, pero también el tamaño de los hielos y la extensión”, añadió Ruíz.
Los cambios en la Ley Bases
Dentro de los requisitos propuestos en aquel borrador de la Ley Bases, se estipulaba que debían estar incluidos aquellos glaciares que por más de dos años se mantengan en estado sólido, que midan una hectárea o más y que tengan una “función hídrica importante”. Esto sería evaluado y ponderado por las provincias y sus leyes. De considerar que no cumplen estos requisitos, la provincia sería libre de abrir la puerta a diferentes industrias.
En particular, para las organizaciones ambientalistas, estas modificaciones dan respuesta a un reclamo histórico de la industria minera, que desde la sanción de la ley de glaciares, hace casi 14 años, ha presionado en busca de mayores permisos.
Durante los últimos días, varios activistas y organizaciones ambientalistas han denunciado que el decreto que el Ejecutivo prepara, es un atentado directo contra los glaciares y la gente que depende de ellos.
“Si uno intenta ser proactivo con el desarrollo minero, la medida que se pretende implementar tampoco es funcional. En ningún lugar del mundo se flexibilizan los controles ambientales”, opinó Ruíz, que además explicó que más que modificar la ley establecida, es necesario trabajar en la reglamentación y la operatividad de su aplicación.
“En Chile no hay una ley de glaciares, pero sí han avanzado mucho en la normativa para regular la actividad. Las empresas saben qué tienen que hacer para desarrollar sus proyectos. Tienen un organismo de control centralizado y eficiente. Y yo veo que son estrictos. Esto no ha frenado para nada al sector”, añadió Ruíz.
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