Así será la marcha universitaria de mañana, que medirá la fuerza del reclamo de financiamiento frente a la negativa del Gobierno
La convocatoria es a las 17 y abrirá un nuevo capítulo en un conflicto que, lejos de desactivarse, escaló hasta la Corte Suprema
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LA NACIONEvangelina Himitian
La calle fue el escenario que puso en dimensión el descontento social: aquel 23 de abril de 2024, a poco más de cuatro meses de haber asumido el actual gobierno, unas 430.000 personas participaron de la primera marcha federal universitaria. Muchos interpretaron que esa multitud no solo salió a manifestar su disconformidad por los recortes en Educación, sino también para ratificar la idea de la universidad pública como ese puente fantástico que transforma al hijo de cualquier vecino en un profesional. El concepto está imbricado en la propia identidad nacional, en la idea de ascenso social. Concepto que, desde hace algún tiempo, también entró en crisis.
En aquella oportunidad, lo masivo de la marcha obligó al gobierno nacional, a pesar de sostener su discurso de intransigencia, a sentarse y negociar partidas. La gran pregunta que se hacen por estas horas tanto en el Gobierno como en el ecosistema universitario es si la movilización convocada para mañana, la cuarta de este tipo, tendrá el impacto de aquella primera o si, por el contrario, se disolverá en medio de otros reclamos sociales que agitan las aguas por estos días.
Mañana por la tarde, otra vez, las columnas universitarias volverán a ocupar las calles del centro porteño. Como ocurrió en las tres marchas universitarias anteriores, docentes, estudiantes, rectores y trabajadores no docentes se manifestarán desde distintos puntos de la ciudad hasta Plaza de Mayo para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas. La convocatoria es a las 17 y abrirá un nuevo capítulo en un conflicto que, lejos de desactivarse, escaló hasta la Corte Suprema.
“Esto trasciende lo económico. Se pretende destruir el Estado argentino en su parte fundacional, que es afectar la educación y la ciencia. Es hipotecar el futuro”, dijo el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi. La Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, convocó “a la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad” a movilizarse en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración será en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Esperan un acto multitudinario, con números similares a la primera marcha universitaria contra el Gobierno de Javier Milei.
El miércoles último, los rectores de las universidades nacionales, junto con gremios docentes, no docentes y representantes estudiantiles, ratificaron la marcha de mañana. Lo hicieron a partir de una conferencia de prensa donde pidieron acompañamiento y hubo duros cuestionamientos a la postura de la gestión de Milei. “Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto”, dijo el rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci. Las universidades públicas, a través del CIN, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), exigen que se ejecute de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y de recomposición del salario frente a la inflación.
Durante los últimos dos años y medio, las escenas cotidianas en el ambiente universitario dan cuenta del tamaño de la crisis: carteles escritos a mano en los halls de las facultades, clases públicas en las veredas, hospitales universitarios con atención reducida y mensajes de denuncia y reclamos en redes sociales. El termómetro social marca un sistema universitario en estado crítico. Durante este cuatrimestre, se sumó otro condimento: el apoyo a los reclamos y los paros docentes y no docentes obligó a miles de estudiantes a perder horas de clase, a tener que recuperar las clases de forma virtual o con materiales de lectura, con grandes incógnitas a la hora de rendir los exámenes.
El gran descontento tiene que ver con el desgaste generado por la falta de actualización de los salarios universitarios, que ya llevó a miles de profesores a abandonar la tarea docente. Reclaman que se cree un mecanismo de actualización salarial mensual ajustado a la inflación y que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, votada por el Congreso y rechazada por el Gobierno, que presentó un recurso federal extraordinario para evitar acatarla.
Del otro lado, el Ministerio de Capital Humano insiste en la narrativa opuesta: habla de una politización del reclamo e insiste en cuestionar la falta de auditorías. También denuncia que detrás de las protestas hay sectores que buscan desgastar a la administración de Milei.
En la primera marcha multitudinaria, en abril de 2024, el eje del reclamo se centraba en la actualización para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, que representan cerca del 10% de las partidas que reciben las universidades cada mes. Cerca de un 90% se destina al pago de salarios, que se renegocian a través de paritarias. Esto obligó al Gobierno nacional a sentarse a dialogar y a conceder finalmente el aumento del 270% para estos gastos que reclamaba el sistema universitario.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025, insta al Gobierno libertario a reforzar fondos de las universidades públicas y contempla una recomposición salarial desde 2023. Pero su aplicación quedó suspendida por el Ejecutivo hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado dejaron sin efecto este veto, pero sigue sin aplicarse.
Los salarios actuales de los docentes universitarios son los más bajos en los últimos 23 años, con casi un 34% de pérdida de poder adquisitivo en poco más de dos años. Justamente, mañana por la tarde, el eje del reclamo girará alrededor de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada el año pasado por el Congreso, que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar mensualmente las partidas destinadas a las casas de altos estudios según la inflación. La norma también contempla la recomposición de salarios y becas estudiantiles, uno de los puntos más sensibles del conflicto.
Pero el Gobierno ya dejó en claro que no está dispuesto a cumplirla sin dar batalla. Tras la presentación de los rectores universitarios, la Justicia había dictado una medida cautelar que ordenaba actualizar salarios y becas. Esa resolución fue ratificada en dos oportunidades. Sin embargo, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que fue aceptado y, con ello, la cautelar quedó suspendida hasta que el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo.
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