Llamativo: los turistas que grafitearon piedras en Mendoza pagaron una multa menor al monto gastado en limpiarlas
Abonaron $2,1 millones contra los $2,31 que invirtió el Estado en remover las pintadas
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MENDOZA.– Ya se lavaron las rocas pintadas con aerosol en el Dique Potrerillos. También, se “limpiaron” los nombres de los turistas vándalos, ya que finalmente pagaron la multa que les fue impuesta, además de que pidieron perdón. Sin embargo, surgen datos llamativos en el fallo de la justicia contravencional de Mendoza, al que tuvo acceso LA NACION.
De acuerdo con la sentencia, los visitantes grafiteros bonaerenses pagaron menos que el costo que demandó borrar las pintadas: abonaron 2,1 millones de pesos, la sanción mínima en la escala para este tipo de faltas, mientras que el operativo de limpieza, que estuvo a cargo del Estado mendocino, superó los 2,3 millones de pesos.
Los datos surgen del documento oficial, donde se explican los argumentos de la jueza Constanza Marina Domínguez para aplicar la multa, que podría haber sido de hasta 21 millones de pesos. De hecho, a tono con las resoluciones judiciales de este tipo, se preveía que la sanción final iba a ser cercana a las dos terceras partes del máximo posible, es decir, 13 millones de pesos. Finalmente, el acta de infracción que tuvieron que abonar los visitantes fue por el menor monto estipulado por la normativa, lo que se contrapone con el desembolso oficial para dejar todo en condiciones naturales.

El artículo 138 quarter del Código Contravencional de la provincia de Mendoza contempla sanciones a quien “produjere una degradación ambiental no autorizada sobre el piedemonte”. Así, para este tipo de hechos se prevé una multa de 5000 a 50.000 unidades fiscales (UF), cada una con un valor de $420, lo que representa en montos reales una suma que va de $2.100.000 a $21.000.000; también habilita hasta diez días de arresto.
Frente a esta resolución, desde el Poder Judicial indicaron a este diario que la decisión responde a la evaluación que hizo la magistrada también del contexto socioeconómico de los implicados en el hecho vandálico, identificados como Silvio Guillermo Pérez, María Mercedes Quiroga y Yolanda Graciela Quiroga, además del reiterado pedido de disculpas.

“Lo importante es que se los sancionó y pagaron la multa”, expresaron las fuentes consultadas, al tiempo que dejaron abierta la posibilidad para que se inicie una demanda en el fuero civil. “En todo caso, si el Ministerio [de Energía y Ambiente, a cargo de las tareas] quiere demandar por el dinero que gastó, puede hacerlo”, indicaron. “Si bien hay una doctrina que dice que no se puede juzgar dos veces el mismo hecho, se puede presentar una demanda, por ejemplo, al no estar conforme con la multa por los daños económicos a las arcas públicas que exigió la limpieza”, graficaron.
Fundamentos
“A los fines de evaluar la multa a aplicar, y teniendo en cuenta el principio de sana crítica racional, las pruebas adjuntas a la causa respecto de los montos implicados para la restauración del medio ambiente afectado y situaciones personales de los imputados, considero razonable imponerles en conjunto el pago de la suma de $2.100.000 correspondientes a 5000 UT”, señaló la jueza en los fundamentos del fallo, a los que accedió LA NACION.
Asimismo, como medida de obligación de conducta, conforme lo dispuesto sobre el fin de las sanciones del Código Contravencional, que es “la adaptación del individuo a las condiciones de la vida en comunidad jurídicamente organizada y para que el contraventor tome conciencia de la responsabilidad social que le incumbe como partícipe de la comunidad democrática”, se decidió la realización de trabajos de limpieza en su lugar de residencia. Se trata de trabajos de limpieza de lugares públicos, por 20 horas cada uno, debiendo dejarse constancia de las horas realizadas en estas tareas y el informe posterior respectivo a la justicia mendocina por parte de la Municipalidad de Carlos Casares, donde viven los turistas grafiteros.

De acuerdo con el fallo, actuaron en la resolución del caso distintas dependencias públicas, las cuales realizaron una minuciosa investigación de cotejo de imágenes y datos con los registros oficiales que permitió dar con el paradero de los acusados, domiciliados en ese partido bonaerense. Finalmente, se los logró citar, a través del fuero de paz de Pehuajó, por lo que mediante audiencias virtuales en la plataforma virtual Teams se los imputó y luego informó de la decisión judicial.
Durante el proceso, se ordenó al Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza que informe las tareas que se realizaron en relación a la limpieza de las piedras objeto de pintadas y el costo real o aproximado de las mismas, además de si existe un programa o curso sobre el cuidado del medio ambiente. En este sentido, la factura de la Fundación Pro Montaña da cuenta de la suma abonada por la provincia, a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, por los servicios de limpieza, hidroarenado y químico por la suma de $865.000. En tanto, se detalla una estimación de los costos asumidos por la Subsecretaría de Ambiente, con un total aproximado de $2.310.000.
Desde esa cartera presentaron a la Justicia, además de los costos de la limpieza, un informe donde analizan desde el punto de vista ambiental el impacto negativo que producen las pintadas o grafitis sobre rocas o piedras, especialmente el efecto contaminante de los aerosoles y pinturas con compuestos orgánicos volátiles, como tolueno, xileno y metales pesados como plomo y cromo, que pueden volatilizarse y contaminar el aire, el agua y el suelo, y contribuir a la formación de ozono troposférico, todo lo que representa un riesgo para la fauna silvestre y la salud humana.
Para la limpieza, en base a una recomendación técnica de la Municipalidad de Luján de Cuyo, se utilizaron disolventes de base natural, biodegradables no invasivos, con remoción mecánica a presión mediante microproyección de arena y métodos de abrasión suave como lijado manual o cepillado técnico.
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