Los comerciantes se enfrentaron con el gobierno por la venta callejera

El proyecto de ley que el gobierno porteño envió a la Legislatura para regular la venta callejera en la ciudad no convenció a nadie, durante la primera reunión de trabajo realizada ayer entre diputados de distintos bloques, comerciantes y vecinos. El descontento tomó la forma de gritos, acusaciones, desmentidas y frases irónicas, pese a los intentos por poner orden de Ana María Suppa (Frente para la Victoria), titular de la Comisión de Desarrollo Económico, que convocó el encuentro.

Durante el mitin, los delegados del Poder Ejecutivo ampliaron poco y nada la información contenida en el documento, varios legisladores propusieron cambios a la iniciativa, los representantes de los empresarios sostuvieron que la ley resulta innecesaria y los vecinos la rechazaron por completo.

Tal como informó ayer LA NACION, el gobierno de la ciudad pretende legalizar la instalación y el funcionamiento de 790 puestos feriales y de venta informal de artículos de distintos rubros, en veredas de por lo menos 20 barrios y en una docena de espacios verdes porteños. El Ejecutivo considera que los vendedores ambulantes forman parte de una realidad innegable y que conviene regularla antes que negarla.

"Es un problema que afecta a Buenos Aires, como a otras ciudades del mundo. Buscamos alternativas intermedias a las posiciones extremas de erradicar los puestos o de dejarlos proliferar sin intervenir", explicó Gustavo Svarzman, subsecretario de Producción de la Capital. Su siguiente declaración dejó boquiabierto a más de uno. "El punto inicial sería realizar un relevamiento para precisar el campo de acción, porque hoy no sabemos quiénes y cuántos son los vendedores callejeros ni dónde están", dijo.

"¿Y entonces cómo definieron el número de puestos y los lugares de emplazamiento? Veo que mi barrio no está nombrado, y les agradezco, pero quisiera conocer los criterios empleados", repreguntó la diputada Fernanda Ferrero (Recrear), presidenta de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público. Luego, opinó que sería mejor reformular el proyecto, de manera de no abarcar tres actividades diferentes (ferias, venta en la vía pública con motivo de fiestas y venta callejera habitual) y sólo dirigirlo a la venta ambulante.

Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires), presidente de la Comisión de Seguridad, adhirió a los dichos de Ferrero y criticó que el Ejecutivo quisiera "transformar en legal lo ilegal" y sus fracasos a la hora de controlar actividades ilegítimas. "¿Quién asegura que con la regulación de estos 790 puestos se cierra el conflicto?", se preguntó.

Fuentes legítimas de trabajo

Los vecinos pidieron participar, aunque no habían sido citados formalmente, y Suppa les dio la palabra. Juan Carlos Maugeri, presidente de la Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo, encendió la mecha y luego estalló el fuego cruzado. "Los puesteros pretenden colgarse de 35 años de trabajo. ¿Por qué el gobierno no aceptó la propuesta de CAME [la Cámara Argentina de la Mediana Empresa] de generar fuentes de trabajo genuino para estas 790 personas? Terminen de hacer política con este tema", espetó.

Svarzman respondió que la CAME no había firmado un compromiso claro de ofrecer puestos efectivos para reincorporar a la venta legal a los ambulantes, tras una capacitación que brindarían los sindicatos de empleados de Comercio, de Industria Textil y de Indumentaria por cuatro meses, período durante el que la Ciudad subsidiaría con 300 pesos a esos trabajadores.

Los directivos de la CAME, Vicente Lourenzo y Humberto Giordano, mostraron los dientes: "¿Cómo que no existió una propuesta firme? Como cámara no podemos emplear a nadie, y menos dejar un compromiso por escrito en ese sentido, pero sí ofrecimos crear una bolsa de trabajo. Y tenemos la palabra de los comerciantes de que contratarán a esta gente".

Giordano duplicó al apuesta: "Si con la absorción de estos 790 puesteros se soluciona el problema, si ésa es la condición, mañana mismo lo dejamos por escrito. Y no perdamos más tiempo en discutir una ley innecesaria". También ofreció su firma Manuel Pérez Amigo, presidente de la Asociación de Amigos de la Avenida de Mayo.

Los legisladores se miraron entre ellos. Ningún funcionario respondió. La CAME fue citada para participar de una nueva reunión el lunes próximo.

Luego hablaron el director general de Ordenamiento del Espacio Público, Eduardo Torres, y el director de Defensa del Consumidor, Miguel Fortuna, que aceptaron la posibilidad de perfeccionar la iniciativa.

Por Ángeles Castro

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