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Los institutos de menores, donde late la delincuencia
Ocho de cada diez presos adultos pasaron por ellos
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Juan, un chico de 17 años, desapareció un día de su casa. La policía lo encontró después de que sus padres hicieron la denuncia y un juez lo encerró en una comunidad terapéutica para drogadependientes, donde comparte el techo con acusados de homicidios y robos. El no mató ni robó. Pero hoy, en que sólo pisa la calle cuando sale a sacar la basura, nadie asegura que no terminará engrosando una estadística temible: ocho de cada diez presos adultos pasaron por un instituto de menores.
Las fuentes consultadas señalan otro dato todavía más preocupante: mientras que cuatro de cada diez chicos son encerrados por causas penales, el resto ingresa en este sistema por necesidades asistenciales, porque su familia no puede hacerse cargo de ellos o porque son víctimas de la violencia.
“La peor de las familias, con un buen acompañamiento, siempre es mejor que el mejor de los institutos”, sentencia la jueza de menores Marta Pascual.
Se estima que el Estado destina entre 1500 y 2000 pesos mensuales por cada internado en un instituto de menores. Las cifras se duplican cuando se trata de instituciones penales de mediana o de máxima seguridad. “Hay superpoblación, lo cual conlleva al hacinamiento y a la promiscuidad. La falta de profesionales idóneos, de personal de seguridad y de condiciones de higiene y salubridad son algunas de las características comunes a todos estos lugares", denunció el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, en una recomendación que elevó a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en marzo último.
El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tiene dentro de su órbita el destino de cerca de 7000 chicos. No todos están encerrados: sólo 450 están alojados en institutos penales, mientras un centenar vive en residencias abiertas y el resto se encuentra con familias sustitutas o en otros programas. Aunque el 70% de estos chicos provienen del conurbano, viven en alguno de los siete institutos de menores que el Consejo del Menor posee en el territorio porteño.
El titular de la Dirección Nacional de Derechos y Programas para la Niñez, la Adolescencia y la Familia, Gabriel Lerner, reconoció que el índice de restricción de la libertad es muy alto. "Creo que el tratamiento con larga privación de la libertad no logra buenos resultados en materia de reinserción, pero al mismo tiempo hay una demanda social muy fuerte hacia una mayor «prisionización» de estos chicos", opinó.
En el ámbito bonaerense existen 27 institutos oficiales penales y 32 asistenciales, con 600 y 863 niños y adolescentes alojados, respectivamente. Así como hay 4452 chicos becados en organizaciones no gubernamentales, 1945 en centros de día y 469 en hogares con convenios. Y 907 plazas más en comunidades terapéuticas, clínicas psiquiátricas y hogares para discapacitados.
Nadie quiere hablar de presupuesto. En la subsecretaría bonaerense se excusaron de informar sobre el costo de estas prácticas porque -dijeron- "llevaría mucho tiempo calcularlas". En tanto, en el consejo la evasiva fue similar.
"No tiene ninguna proporción el costo respecto del tratamiento, no se relaciona lo que se pone en el chico con lo que recibe", se quejó el defensor general de los tribunales de Lomas de Zamora, Germán Bauché. "De cada diez presos adultos, ocho pasaron por el sistema de menores. La mayor parte del presupuesto se va en burocracia más que en corrupción", aseguró la jueza de menores Marta Pascual.
"El tránsito por estos institutos es vivido como un castigo -explicó la presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, María Elena Naddeo-. No se ha logrado modificar un sistema muy antiguo, de lugares cerrados, con pocas actividades de inserción y de recreación... Ni siquiera los equipos de contención psicológica sirven porque el encierro profundiza la problemática inicial."
La subsecretaria de Minoridad bonaerense, Cristina Tabolaro, quiere fortalecer a los actores locales para hacer más fácil el egreso de estos chicos. "Queda mucho por hacer -concedió-. Las familias pobres ven disminuida su posibilidad de ejercer la patria potestad. Hay que fortalecer a la familia en sus vínculos." "Estamos fortaleciendo los programas de asistencia para sugerir a los jueces caminos diferentes al de la privación de la libertad", aseguró Lerner.
"En el fondo, todos queremos lo mismo... Los chicos me piden una familia", contó Pascual. Una posible solución, a su criterio, sería que la sociedad se movilizara por estos chicos, comprometiéndose a visitarlos o a apadrinarlos.
Víctimas y victimarios
Aunque nuestro país suscribió la Convención de los Derechos del Niño en 1990 y la incorporó a la Constitución cuatro años después, el tema se sigue rigiendo por la vetusta ley de patronato, de 1919, que brinda a los jueces la posibilidad de internar a los chicos de menos de 18 años si consideran que están en riesgo "físico o moral". Este dispositivo judicial, desafortunadamente, no discrimina entre quienes cometieron un delito y quienes son víctimas de él.
La diputada rionegrina Cinthya Hernández (UCR) participó de la redacción del proyecto de la ley de protección integral de la niñez, que busca derogar la figura del patronato. El Senado aprobó esta ley el miércoles 1° y la giró a Diputados para su segunda revisión, aún pendiente. "Los jueces sacan a los chicos del ámbito familiar y los llevan a un instituto, pero la mayoría está allí por causas asistenciales. En los institutos se vulneran todos los derechos y no se generan herramientas para que los chicos salgan", dijo Hernández.
Pascual es uno de los seis jueces de menores de la candente Lomas de Zamora y en sus manos hay 27.000 causas en trámite. Y una ley de fuego: no internar a nadie salvo que sea el último recurso posible. Apuesta a sostener lo poco que encuentra en cada caso: se aferra a una tía, a una abuela o los asiste en las carencias materiales. Todo para que el chico permanezca en su grupo.
Muchos son internados porque su familia no los puede mantener. Pero la falta de rehabilitación hace que la mayoría termine con el mismo final. "Así empieza la carrera penal. Empiezan con un robo y el mismo sistema los lleva al delito", lamentó Pascual.
Con la colaboración de:
Fundación Diario LA NACION
