Marcha. Escuelas de educación especial reclaman por falta de financiamiento estatal

Con pancartas y carteles, directivos de instituciones que educan o tratan a personas con discapacidad marcharon esta mañana al Obelisco junto a profesores, alumnos y padres para denunciar el congelamiento del presupuesto nacional para estos establecimientos, que se mantiene, según indicaron, casi intacto desde octubre de 2019. Debido a la falta de fondos, esta semana una escuela de este tipo cerró sus puertas de manera definitiva y otras evalúan hacer lo mismo.

Consultado por LA NACION, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, confirmó estar al tanto de las manifestaciones que se desarrollaron esta mañana en varias ciudades del país y destacó que su equipo está trabajando para intentar encontrar una solución a la problemática económica que afrontan las instituciones especiales. “Hemos llegado a una situación crítica de desfinanciamiento. Hoy el sistema no cuenta con los recursos para afrontar la magnitud del problema”, afirmó Galarraga, y agregó que el Ministerio de Economía está evaluando la posibilidad de colaborar con el financiamiento de las prestaciones. La Andis depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

“La situación es muy delicada -manifestó Pablo Miranda, representante legal del Instituto Armonía, una escuela de educación especial donde estudian 220 alumnos con distintas discapacidades-. El año pasado, tomamos tres créditos para poder pagar los sueldos. Ahora, en marzo, vienen los nuevos aumentos de los salarios docentes, pero si el gobierno nacional no aumenta el nomenclador, no los vamos a poder pagar”.

El nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad es el dinero que reciben las instituciones por parte del Gobierno por cada persona con certificado de discapacidad que educan o tratan. Durante 2020, esta prestación se mantuvo congelada, mientras la inflación anual trepó al 36%. El último aumento se consignó en febrero pasado y fue del 10% retroactivo a diciembre, pero según las escuelas especiales consultadas por LA NACION este incremento es meramente simbólico.

Esta semana, el hogar especial Fundación Basso, que tenía tres sedes en la ciudad, decidió cerrar definitivamente. La noticia volvió a despertar el reclamo del sector, que ya se había manifestado en febrero para denunciar la falta de financiamiento estatal. Al igual que en la anterior, el principal reclamo de la manifestación que se desarrolló esta mañana en el Obelisco fue un aumento del 30% del nomenclador. La movilización tuvo réplicas en Mendoza, Rosario y Paraná.

Según destaca Carlos Muñoz, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa), la mayoría de los establecimientos -escuelas, hogares o centros terapéuticos- viven exclusivamente del nomenclador, que llega a las organizaciones por medio de las obras sociales y las prepagas de sus alumnos o pacientes, o a través del programa federal Incluir Salud, en caso de que la persona tratada no tenga cobertura médica. Unas pocas instituciones especiales, las que son organizaciones sin fines de lucro, reciben también donaciones, pero según Muñoz, los aportes privados son cada vez más pequeños y no son suficientes para compensar el congelamiento del presupuesto estatal en materia de discapacidad.

“La situación es preocupante. Ya cerró una escuela por esta razón y otras están por fundirse”, expresó Amalia Cavanah, madre de una adolescente de 17 años con discapacidad motriz, retraso madurativo e hipoacusia. En marzo, los directivos de la institución especial donde estudia su hija le comunicaron a los padres que están analizando cerrar la escuela.

El sacerdote Pablo Molero, actual coordinador del Foro de Discapacidad, que nuclea instituciones especiales a nivel nacional, dialogó con el gobierno nacional en reiteradas ocasiones durante 2020 para exigir un aumento del arancel, pero no logró conseguirlo. El mes pasado, la Agencia Nacional de Discapacidad anunció finalmente un aumento, pero del 10% y no del 30%, como había pedido el Foro.

“Hace un mes hablamos nuevamente con el Gobierno para exigir un nuevo aumento y nos respondieron que entendían nuestra situación, que lo iban a evaluar. El tema es que mientras lo evalúan, la inflación y los sueldos siguen subiendo y las instituciones tienen que pagar”, explica Molero. Por otra parte, agregó, el aumento del 10%, que se anunció en febrero y que es retroactivo a diciembre todavía no se ha cobrado.

“Las escuelas especiales son muy importantes para nuestros hijos. Les dan mucha contención y los ayudan a valerse por sí solos. En los últimos tres años, tienen talleres donde les enseñan a incorporarse al mundo laboral”, cuenta Gabriela Clerc, madre de dos adolescentes de 16 y 18 años con retraso madurativo que estudian en un instituto especial, en Núñez. “Cuando los adopté, el mayor tenía seis años y no sabía hablar. Probamos en dos escuelas primarias normales, pero era muy difícil. Había que bajarlos de grado y eso era frustrante para ellos”, agrega.

Por María Nöllmann

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