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Muerte digna: un debate que se vuelve a abrir
Distintos comités de bioética se pronunciaron sobre Camila, la niña de dos años en estado vegetativo permanente; mientras algunos afirman que su situación es irreversible, otros sostienen que clínicamente sigue viva
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LA NACIONValeria Vera
El caso de Camila, la niña de dos años que permanece desde su nacimiento en estado vegetativo permanente, es complejo por sí sólo. Y el pedido de su familia de "dejarla ir" no hace más que recrudecer la difícil situación.
Los médicos del Centro Gallego de Buenos Aires , donde se encuentra internada la pequeña, rechazaron quitarle el respirador artificial amparándose en el vacío legal que impera sobre la temática. Argumentaron que hacerlo implicaría cometer un homicidio y exigieron judicializar los procedimientos.
Esa decisión significó para Selva Herbón, su mamá, un freno al deseo de aliviar a su hija y liberar a su familia de tanto dolor. También, la necesidad de permitir que su intimidad saliera a la luz en busca de ayuda.
Un problema instalado, sin solución
Los vaivenes del caso evidenciaron que hablar de lo que se conoce como muerte digna en la Argentina aún representa estar en medio de un callejón sin salida. Los criterios acerca de cómo actuar en estas situaciones se multiplican en el seno de distintos comités de bioética, aunque también sobresalen algunas coincidencias.
Quienes abrazan una postura más conservadora se inclinan, principalmente, en recordar que el enfermo es un ser humano y que como tal merece respeto y cuidado. Además, señalan que el compromiso médico lleva a tener que cuidar del paciente hasta que se produzca su muerte espontánea, sin inducirla o forzarla.
"Se trata de la muerte que todos deberíamos tener, por eso no creo que haya que forzar ninguna situación. Esperar una muerte espontánea es la más digna de todas las muertes", aseguró a LA NACION Rafael Pineda, director del departamento de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital Universitario Austral .
Para Pineda los profesionales de la salud deberían desempeñarse bajo la premisa de que fueron formados "para velar por la vida y no para producir la muerte".
Los distintos especialistas consultados, que abrazan esta posición, destacaron que en el caso de Camila existe una realidad que no se puede obviar: la beba no está muerta, aunque su pronóstico sea poco alentador. Se requiere entonces que el profesional la atienda, acompañe y sostenga hasta su muerte natural.
"El cuidado, la hidratación, y la compañía deben tener lugar hasta último momento porque como médicos no podemos interrumpir la vida", advirtió la doctora Julia Elbaba, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de FASTA.
En ese sentido, agregó, que se debe procurar rodear a la persona enferma con todo lo que ella demande, sin utilizar medios desproporcionados cuando se sabe que ya no queda nada por hacer: "Aceptar la muerte significa reconocer los límites que tiene la ciencia médica".
Así lo declaró también el presbítero Rubén Revello del Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) : "La Iglesia considera que debe buscarse siempre el bien de la persona y el respeto de su dignidad, por eso en cuanto a la intención nunca debe perseguirse causar la muerte del paciente como fin. En este delicado equilibrio debe evitarse el encarnizamiento terapéutico (una prolongación de la vida artificial –respecto de las expectativas médicas- y extraordinaria –para el paciente y su entorno-), permitiendo que la muerte siga su curso natural".
El consenso, una decisión conjunta
Distinta es la opinión de Beatriz Firmenich, filósofa y coordinadora del Comité de Bioética del Incucai, otra de las organizaciones que se expidió concretamente sobre Camila al recomendar la limitación del esfuerzo terapéutico. En otras palabras, este comité propuso que el hospital "hiciera o dejara de proceder en función de las respuestas subjetivas de la paciente"; un criterio médico aplicable siempre que medie el acuerdo con la familia del enfermo.
Para clarificar los alcances de la medida, Firmenich sostuvo, por ejemplo, que si Camila sufriera un paro cardíaco, los médicos no se verían obligados a practicar maniobras de reanimación o que, en caso de contraer una infección, no habría necesidad de tratarla.
Por otro lado, la experta en bioética reflexionó que en esta situación puntual la complejidad está dada no sólo por el estado de la niña (que no posee conciencia de su existencia), sino también por el temor de los médicos a sufrir futuras demandas por mala praxis. "Esto debiera resolverse en la estricta confidencialidad de la relación médico-paciente. Está dentro de los atributos bajar el nivel de intervención por la gravedad o falta de respuesta del paciente", precisó.
En este último punto coincidió Carlos Gherardi, presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), para quien se vuelve imprescindible que estas situaciones sean absorbidas en la intimidad y se intente llegar a un consenso entre los médicos y las familias, sobre todo, cuando la capacidad cognitiva del enfermo no le permite decidir ni comunicarse.
Procedimientos burocráticos
Bajo esta postura también se pronunció Juan Carlos Tealdi, asesor en bioética de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación .
En diálogo con LA NACION, el especialista se lamentó de que en la actualidad la toma de decisiones involucre a tantos actores al entender que la burocracia entorpece los procesos. "El caso de Camila es un claro ejemplo de cómo las instituciones de salud toman o dan opiniones que terminan condicionando", disparó.
Y añadió: "En situaciones así los médicos tienen que ceñirse a lo que los mejores y más avanzados conocimientos sobre la materia y los consensos internacionales indican. Esa es la buena praxis. Se dice que cuando se está frente a una persona en estado vegetativo permanente, con todos los medios y sin ninguna evidencia de modificación en su estado, no hay obligación de seguir con el tratamiento pasado el año".
En otro orden de cosas, Gherardi se refirió, además, a la necesidad de disponer pronto de una ley a nivel nacional que garantice la manera adecuada de proceder en cuanto al manejo del soporte vital de los pacientes con deterioro cognitivo severo. "En este sentido, la ley 4264 de Río Negro, promulgada en 2007, es un texto a imitar", concluyó.
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