“Nadie está exento”: crece la preocupación en el sistema de salud por la sustracción de drogas controladas y el consumo interno
Escándalos recientes expusieron prácticas clandestinas y vacíos de control que autoridades y asociaciones médicas admiten en voz baja
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El silencio en el sistema de salud frente a la sustracción de fármacos para consumo fuera de las instituciones es proporcional al crecimiento de la preocupación entre directivos y autoridades. “Nadie está exento” es, por estos días, la respuesta más habitual en ese ámbito. En paralelo, profesionales coinciden en que el abuso de drogas utilizadas para anestesia, sedación o analgesia habría aumentado en los últimos años entre el personal con acceso a esos medicamentos, cada vez más exigido y a edades más tempranas. Sin embargo, de eso no se habla ni se releva de manera sistemática, según pudo comprobar LA NACION.
“En la última década, los consumos se han generalizado en la población general y un buen ejemplo es el uso de la marihuana. Más allá de eso, se asocia que personal de quirófano y otras especialidades de áreas críticas en salud (terapia intensiva, emergentología o psiquiatría) tienen parámetros específicos de síndromes de burnout que predisponen a diferentes afectaciones de la salud mental, entre ellas los consumos. No es que anestesiología tiene un mayor rango de frecuencia de consumo, sino que es la única asociación médica que se ocupa de ello”, respondieron, por escrito, referentes de la especialidad con la condición de resguardar sus nombres por una investigación judicial en curso.
Ante la consulta, siguieron: “Cabe señalar que es una preocupación especial el consumo en el plantel no médico de quirófano”.
La semana pasada, a poco más de un mes de que interviniera la Justicia, se viralizaron audios a través de las redes sociales sobre encuentros organizados entre médicos que consumían propofol y fentanilo, entre otros fármacos sustraídos de los hospitales o centros privados de la Ciudad donde trabajan.
En esos audios, en los que se mencionaba la muerte de Alejandro Zalazar, un médico de 31 años que había concluido la residencia en anestesiología el año pasado en el Hospital Rivadavia, también se hablaba de esos encuentros como fiestas para el consumo de fármacos comercializados solo para uso hospitalario.
En 2024, Zalazar había dado negativo en las pruebas aleatorias que la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba) hace a los residentes para detectar el consumo de sustancias psicoactivas. Esos testeos no se hacen en el lugar de trabajo, sino durante las clases teóricas de la residencia en la sede de la entidad. Se encarga el área de Bienestar Profesional creada hace unos cinco años y que también incorporó a la carrera de Médico Especialista en Anestesiología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Aaarba una clase sobre burnout o el riesgo y los efectos del consumo de las drogas con potencial adictivo que manipulan a diario.
La asociación tiene unos 2800 miembros, aunque solo tiene “potestad” para hacer esos controles a los médicos en formación del sistema público porteño y bonaerense hasta el segundo cordón del conurbano que, al ingresar a la residencia, se inscriben en la Aaarba y firman un consentimiento informado de autorización. En cambio, con el resto de los miembros, eso sucede ante denuncias de instituciones o colegas.
Si un residente da positivo, se informa al hospital donde trabaja para que defina cómo avanzar en cada caso. Si un anestesiólogo consume, se abre un sumario y se lo cita a una entrevista en la Secretaría de Acción Institucional en la que participa un psiquiatra. Según sea el caso, se lo puede apartar de la práctica durante un tratamiento o se lo puede expulsar si, por ejemplo, se niega a hacerlo o si existió un delito. “Hay anestesiólogos que fueron expulsados y, aun así, siguen ejerciendo”, criticó una de esas voces referentes que accedió a hablar con este medio. Lo más común es que se dediquen a otras áreas de la medicina, incluida la estética.
Hace instantes, la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a prestadores y financiadores del sistema privado, emitió un comunicado en el que respaldó al personal de especialidades críticas y de alta complejidad que trabajan “en contextos de elevado estrés, exigencias permanentes y una intensa carga emocional” que potencia cualquier vulnerabilidad.
La punta del iceberg
“Muchas veces, estos casos que se conocen son apenas la punta del iceberg”, dijo Christian Höcht, profesor titular de la Cátedra de Farmacología e investigador del Instituto de Tecnología Farmacéutica y Biofarmacia (InTecFyB) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. “Lo que está faltando en las instituciones es trazabilidad a partir de la preparación y disposición de las dosis que se administran a los pacientes”, agregó y se centró en el propofol.
“No tiene uso por fuera del ámbito hospitalario, donde es amplísimo para la sedación en la unidad de cuidados intensivos o en combinación con fentanilo durante la anestesia intravenosa total en procedimientos quirúrgicos con un efecto sinérgico que permite reducir la dosificación de ambos medicamentos”, puntualizó Höcht. También, se lo utiliza en intervenciones breves por estudios como endoscopías o colonoscopías por su rápida acción y corta duración.
“Su cantidad de usos hace que la disponibilidad y el acceso al propofol en las instituciones sea muy amplio. Combinado esto con que no sea una sustancia controlada y que en muchos centros no haya un buen protocolo [de trazabilidad] de dispensa y descarte, todo lleva a que pueda darse la sustracción o robo”, planteó el investigador.
Por fuera del uso médico, describió que el efecto es “típico” de una droga de abuso sobre el sistema dopaminérgico del sistema nervioso central (SNC) asociado con la recompensa y la adicción. “Es, en definitiva, lo que lleva a la búsqueda de euforia, la sensación de bienestar y un despertar renovado, con unos pocos reportes de alucinaciones sexuales”, resumió Höcht. “El abuso de propofol es solo en el personal de salud porque requiere un conocimiento técnico en cuanto al seguimiento de su efecto debido al margen acotado de manejo terapéutico y seguridad del medicamento”, afirmó.
¿Cuáles son las especialidades más afectadas por consumo de sustancias? En general, los países donde eso se releva incluyen a anestesiología, medicina de emergencias, terapia intensiva, psiquiatría, cirugía y enfermería. En el país, también se lo asocia con el estado de situación del sistema de salud.
“La realidad no es una percepción subjetiva, sino una crisis sanitaria documentada”, dijo Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP). Citó el estudio sobre una muestra federal de casi 3000 profesionales hecho por el Foro de Sociedades Médicas de 21 especialidades: el 64,5% de los médicos padecía burnout. “Casi dos de cada tres colegas tienen síntomas de agotamiento emocional, tristeza, problemas de sueño y ansiedad”, insistió sobre un desgaste que consideró “aún más dramático” en el grupo de entre 25 y 34 años, en el que escala al 78,7%, y en las especialidades críticas, como terapia intensiva (80%) o pediatría (75%).
“Cuando un profesional está sometido al multiempleo y a niveles de estrés crónico, como es común a lo largo del país, el riesgo de desarrollar conductas desadaptativas aumenta exponencialmente. Por otro lado –continuó Corral–, el acceso a sustancias psicotrópicas y el conocimiento técnico son una combinación de alto riesgo. El uso de fármacos fuera del contexto clínico no debe leerse solo como una falta ética, sino frecuentemente como el síntoma de un padecimiento subyacente que no encontró un cauce de tratamiento adecuado en un sistema que exige perfección constante.”
Alejandro Ayala es licenciado en kinesiología y fisiatría. También es familiar de una de las víctimas del fentanilo contaminado que dos laboratorios comercializaron al sistema sanitario el año pasado. “El uso creciente e irregular de fármacos de uso estrictamente hospitalario, como el propofol, el fentanilo, la codeína o la hidrocodona, para consumo recreativo constituye un problema de extrema gravedad que requiere una respuesta urgente del sistema sanitario”, señaló a LA NACION.
“A diferencia de lo que ocurría tradicionalmente con drogas como la cocaína o la marihuana -continuó-, hoy los circuitos de abuso están cada vez más vinculados a medicamentos hospitalarios y no hospitalarios de alta potencia, diseñados solo para uso médico y con riesgos significativamente mayores. La muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, vinculada a ese circuito, expone una falla que no es nueva. Es la misma que ya había quedado al descubierto en la tragedia del fentanilo contaminado.”
Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb) coincidieron en que el hecho expone “las debilidades del sistema de control de medicamentos” de la Argentina que deberían estar “bajo estricta supervisión” farmacéutica.
“Hoy, son sustraídos por personal de salud o simulan que usan más cantidad para sacarlos de las instituciones y abastecer un mercado negro de adicciones, fiestas o bandas que ya no operan solo con cocaína y marihuana”, expresó Marcelo Peretta, titular del Safyb. “Urgen explicaciones”, reclamó a las autoridades sanitarias y regulatorias sobre “qué está sucediendo con el control de medicamentos y qué van a hacer para evitar la adicción en el personal de la salud y el robo hormiga en las instituciones. El sindicato hace más de una década que viene advirtiendo sobre estas irregularidades y nunca tuvo respuestas”.
En evidencia
Ayala recordó que ya la causa del fentanilo contaminado durante 2025 “dejó en evidencia” la falta de seguimiento de estos fármacos a lo largo de “todas las etapas: desde la producción hasta su aplicación en la cama del paciente”, como definió.
En septiembre pasado, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Anmat, terminó por incluir al propofol y el fentanilo entre las drogas bajo trazabilidad. Ayala apuntó que la disposición no regula “de manera efectiva” lo que pasa dentro de los hospitales ni la administración a los pacientes. “El sistema sigue sin poder asegurar quién recibió cada ampolla, en qué condiciones y qué ocurrió con ella –dijo–. Es en ese vacío donde se habilitan el desvío, el uso indebido y la circulación por fuera de los circuitos sanitarios formales.”
Para Corral, la prevención temprana tiene que ser un eje central del cuidado del recurso humano en salud para seguridad de los pacientes. “Un médico u otro integrante del equipo de salud que sufre necesita ayuda, no silenciamiento ni condena social ciega”, sostuvo el psiquiatra.
También consideró “importante” redefinir los esquemas de trabajo, reforzar las redes de contención y los departamentos de asistencia al profesional y utilizar herramientas de monitoreo de salud mental. “Cuidarlos en la comunidad médica no es solo un acto de justicia hacia el profesional. Es la única forma de garantizar la seguridad del paciente –definió–. Un sistema de salud que descansa sobre una fuerza laboral agotada y silenciada es un sistema frágil. Es momento de accionar sobre esta situación con políticas de estado y como sociedad en su conjunto.”
La UAS, en su comunicado, se pronunció por “un abordaje integral” en el sistema de salud que incluya lo que evidentemente falta: protocolos estrictos de trazabilidad y resguardo de medicamentos controlados, programas de apoyo, contención y tratamiento para el personal, formación continua sobre los riesgos relacionados con el uso de sustancias críticas o controladas y revisión interinstitucional de prácticas médicas que permitan de manera uniforme garantizar la seguridad de los pacientes.
“En un escenario donde estos medicamentos comienzan a reproducir patrones de abuso similares a los observados en Estados Unidos, Canadá y Europa, la falta de trazabilidad efectiva en hospitales deja de ser una falencia técnica para convertirse en un riesgo sanitario concreto”, finalizó Ayala.
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