Nuevas denuncias por malos tratos en hogares de menores

El abuso de poder, las amenazas y las irregularidades administrativas parecen ser cosa de todos los días en la Fundación Homahi, uno de los hogares que están siendo investigados por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, de acuerdo con el relato de una joven madre que vivió allí con su hijo durante dos años.

Alejandra, de 24 años, pasó por tres de las cinco casas de la Fundación Homahi. Su testimonio no hizo más que ratificar los dichos de las tres chicas que dos meses atrás le contaron a La Nación cómo era la vida en las cuestionadas Organizaciones no Gubernamentales contratadas por el Consejo Nacional del Menor y la Familia (CNMyF).

Y si bien no se conocen entre ellas, los relatos parecen calcados: otra vez las amenazas de quitarles a sus hijos; otra vez la manipulación de misteriosos informes cuyo contenido escapa a la realidad; otra vez la presión psicológica. Y una larga serie de hechos de esta naturaleza.

Alejandra no es el verdadero nombre de esta joven. Ella prefirió ocultar su identidad por una razón que, a la luz de su relato, resulta comprensible: "Cada vez que abrí la boca me tildaron de loca y escribieron que yo tenía problemas psicológicos en los informes que le presentaban al juez de menores. Ya no estoy más en Homahi, pero no quiero volver a pasar por lo mismo".

Durante cuatro meses, esta joven vivió en carne propia una de las irregularidades descubiertas por la Auditoría General de la Nación: la medicación innecesaria y excesiva de los menores.

En ese lapso, Alejandra recibió dos pastillas de un conocido sedante por día, indicado, según sus coordinadoras, por el médico. El caso era que la chica tenía dolores de cabeza.

La herramienta preferida por las coordinadoras del hogar y por su directora, Claudia Vigil, parece ser la constante amenaza de separar a las madres de sus hijos, tal el relato de Alejandra.

"En cuanto me quejaba porque no me daban plata para tomar un colectivo o comprar algún libro para el colegio, me empezaban a decir que yo le pegaba a mi hijo y que me lo iban a sacar." Las intimidaciones, según Alejandra, se extienden a los informes que los encargados de los hogares deben presentar ante los juzgados a cargo de los menores. "Como yo no me quedaba callada, optaron por escribir que lo que yo decía no era cierto porque estaba loca".

Desórdenes administrativos

En más de una ocasión, contó la joven madre, los coordinadores hicieron que las chicas firmaran recibos en blanco con el argumento de que más tarde les dirían el porqué de esta medida. Pero la dichosa explicación nunca llegó. Mucho menos, la plata que, se supone, habían recibido.

"Además, yo trabajaba para ellas durante ocho horas diarias en una guardería, por lo que me pagaban 200 pesos -afirmó-. Pero unas veces no recibía mi sueldo y otras, sólo la mitad".

De acuerdo con Alejandra, las visitas de las asistentes sociales que el titular del CNMyF, Atilio Alvarez, dice que envía semanalmente a los hogares para certificar que las chicas se encuentren bien no se realizan con la frecuencia alegada por el funcionario.

"En realidad, venían una vez por mes. Lo sé perfectamente, porque la casa tenía que estar perfecta y nadie podía ir a trabajar o a la escuela hasta que no quedara reluciente", aseguró.

Y agregó con la única sonrisa que mostró durante la charla: "La parte buena era que, por lo menos, ese día comíamos bien".

Prueban anomalías

El hallazgo de al menos dos comprobantes firmados en blanco por menores e incapaces se convirtió ayer en la primera evidencia de irregularidades en hogares dependientes de las fundaciones Homahi y Prever.

La justicia federal investiga al Consejo del Menor y la Familia y a esos institutos para determinar a partir de qué criterios reciben subsidios y en qué gastan ese dinero.

De acuerdo con lo denunciado, se investiga si las prestaciones liquidadas son las que efectivamente se realizan o si existe algun tipo de malversación de caudales.

La primera de esas anomalías salió a la luz cuando una periodista entregó al titular del Consejo del Menor y la Familia dos recibos de la Fundación Prever firmados en blanco por un menor incapaz. Esto de por sí constituye un delito que fue denunciado sólo ayer por Atilio Alvarez ante el juzgado de Luis Zelaya.

Pero el expediente madre en que se investiga al propio Consejo del Menor y la Familia está radicado en el juzgado federal de Servini de Cubría, quien anteayer allanó siete hogares privados, que reciben subvención del Estado.

Por ese motivo, Atilio Alvarez se presentó ayer espontáneamente ante la magistrada para entregarle 12 anexos de documentación en los que constan las características de los programas de becas, el listado del personal y de las supervisoras.

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