Quién es Delfina Lanusse, la residente de anestesiología investigada en la causa por el faltante de anestésicos

La investigación judicial que se abrió tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar y una posterior denuncia por faltante de anestésicos en el Hospital Italiano de Buenos Aires tiene, entre sus principales ejes, a una joven médica que hasta hace semanas se desempeñaba dentro del sistema hospitalario: Delfina Lanusse.

Su nombre aparece en el expediente junto al de otros profesionales del área de Anestesiología, en una causa que busca determinar cómo fármacos de uso estrictamente hospitalario, como el propofol y el fentanilo, habrían salido del circuito interno y terminado en ámbitos privados para uso recreativo. En ese marco, Lanusse fue indagada por el fiscal de la causa y quedó imputada, por el momento, por el delito de administración fraudulenta.

Lanusse se desempeñaba como residente de tercer año de Anestesiología en el Hospital Italiano desde septiembre de 2023, en el marco de una jornada completa. Según su recorrido profesional, se había formado en Medicina en la Universidad Austral, donde además de cursar la carrera participó de instancias prácticas vinculadas con procedimientos anestésicos.

Durante su paso por esa institución, realizó una rotación clínica en anestesiología entre marzo de 2021 y septiembre de 2023, con alrededor de 500 horas de observación y participación en procedimientos quirúrgicos junto a anestesiólogos. En paralelo, también se desempeñó como tutora académica en materias como Fisiopatología, entre marzo y diciembre de 2021, y previamente en Inmunología.

Ese recorrido académico es también el punto de contacto con uno de los nombres que aparece de forma indirecta en la trama del caso. Durante su formación en la Universidad Austral, Lanusse coincidió con Chantal Leclercq, médica y amiga suya. Leclercq continuó luego su carrera como residente de Anestesiología en el Hospital Rivadavia, donde conoció a Alejandro Zalazar, el anestesista que luego fue hallado muerto en su departamento de Palermo.

La causa judicial, sin embargo, no se centra en esos vínculos personales sino en el recorrido de los medicamentos. El expediente se inició el 23 de febrero, cuando el Hospital Italiano radicó una denuncia por faltante de anestésicos. Para ese momento, la muerte de Zalazar ya había encendido alertas: en su domicilio se encontraron fármacos y elementos inyectables, y la investigación posterior determinó que parte de ese material pertenecía al circuito interno del hospital.

A partir de allí, la pesquisa avanzó con distintas medidas, entre ellas allanamientos realizados el 12 de marzo por la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad. Según consta en la causa, los procedimientos dieron resultado positivo y permitieron reforzar la hipótesis de que los medicamentos habían sido sustraídos del ámbito hospitalario.

En ese contexto, Lanusse fue identificada como una de las personas bajo investigación. Durante su indagatoria, realizó un descargo verbal y adelantó que lo ampliaría por escrito. Según fuentes judiciales, en esa exposición hizo referencia a cuestiones personales y buscó presentarse como víctima, aunque sin aportar elementos sustanciales vinculados al eje central del expediente.

En paralelo, la causa tomó visibilidad pública por la circulación de un audio de WhatsApp en el que se mencionaban supuestas reuniones denominadas “Propo fest”, en las que un grupo reducido de profesionales habría utilizado anestésicos con fines recreativos. Ese material no forma parte del expediente judicial, aunque la fiscalía analiza una línea vinculada a lo que allí se describe como “viajes controlados”: experiencias en las que, a cambio de dinero, se ofrecería a terceros la posibilidad de alcanzar un estado de relajación mediante la administración de estos fármacos bajo supervisión.

Por el momento, esa hipótesis no fue formalmente incorporada como imputación, pero integra las líneas de investigación abiertas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el foco principal de la causa continúa puesto en la presunta sustracción de medicamentos del ámbito hospitalario. Al tratarse de drogas legales pero de uso restringido, los hechos no encuadran en figuras vinculadas al narcotráfico, sino que podrían ser considerados como hurto o, con mayor probabilidad, como administración fraudulenta, delito que prevé penas de hasta seis años de prisión.

Mientras tanto, la situación de Lanusse permanece bajo análisis judicial, en una investigación que busca reconstruir el circuito de acceso, retiro y eventual uso de anestésicos fuera de los protocolos médicos, en un contexto que combina el funcionamiento interno del sistema de salud con prácticas que, de confirmarse, implicarían un desvío de insumos críticos.

LA NACION

• Salud

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