
"Pagamos coimas porque es la única manera de sobrevivir"
Aceptan regular por ley su actividad
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Admite el cohecho, pero intenta minimizarlo bajo el maquillaje de la necesidad y la supervivencia. También promete cambios y una actitud de policías de sí mismos, como para convencer a los escépticos.
Oscar Roberto Silva, secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), afirma que el oficio hoy ilegal que ejercen los afiliados del gremio que comanda cambiará radicalmente si se lo reglamenta, proyecto que cuenta con la decisión política del jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra.
"Con esa norma, la Ciudad recibirá una cifra millonaria en impuestos, se acabarán la corrupción y el contrabando en el rubro, nosotros nos ocuparemos de que no haya más ilegalidad y, además, los vendedores podrán tener un plan de vida. Accederán a una jubilación y a créditos, por ejemplo. Y todo lo harán en blanco, con boletas", enumeró Silva.
-¿Por qué los vecinos, que en buena parte se oponen a la reglamentación, tienen que confiar en que se acabará esta realidad de corrupción y desorden?
-Porque el gremio se comprometió ante las autoridades a que lo va a controlar. Ya hablamos con Ibarra y con el secretario de Justicia y Seguridad, Facundo Suárez Lastra.
-¿Y ellos lo aceptaron?
-Sí. Acordamos que nosotros distribuiríamos los puestos según la antigüedad y los derechos adquiridos de los vendedores ambulantes. Y ya lo hicimos. Organizamos asambleas en las que los delegados de cada zona y los vendedores se reunieron y decidieron quién iba a trabajar en cada puesto. Se armaron discusiones fuertes, porque todos querían las mejores zonas, pero finalmente nos pusimos de acuerdo.
-El plan prevé la instalación de 1000 puestos, pero ustedes declaran la existencia de 4000 vendedores ¿No es demasiado riesgoso que queden 3000 vendedores sin trabajo?
-En principio, para los 1000 puestos previstos habrá unos 2500 trabajos, porque cada vendedor tendrá al menos un ayudante. Y después, Ibarra nos aseguró que iba a organizar ferias o paseos de compras para los 1500 restantes. Ahí irían los indocumentados y los más nuevos.
-Usted dice que el gremio va a controlar que no haya ilegalidad, ¿por qué, entonces, no lo controla ahora?
-Porque ahora no hay marco legal. Los vendedores tienen que convivir con algo que no quieren. Yo no puedo denunciar algo porque no tengo las pruebas y los que sí las tienen, que son los vendedores, no se animan porque necesitan conservar su lugar. Ellos vienen y nos dicen que les piden coimas y que si no las pagan les caen inspecciones. Y eligen pagar. Es la única manera de sobrevivir.
-¿Pagan 60 pesos por día?
-No sé. Depende de la zona. De ganancia les quedarán sólo 30 pesos, en promedio. De ganancia...
-¿A quién le pagan?
-A policías y a inspectores corruptos.
-¿Por qué se prestan?
-Es un juego que los compañeros no quieren jugar, pero están en zona de riesgo. Se vende poco, se gana poco y, en el medio, hay extorsión. Si no la aceptan, les confiscan la mercadería y volver a comprarla cuesta mucho.
-¿La mercadería no la aporta un dueño?
-No siempre. Hay algunos que tienen 10 o 20 puestos y ponen a trabajar indocumentados a cambio de dos monedas. Las mafias están dispersas, no son organizaciones tan grandes como la gente cree. Igual, a todos ésos los vamos a denunciar cuando haya marco legal. No va a haber más corrupción en esta actividad.
-Pero hoy ustedes ni controlan que los choriceros vendan comida sana.
-Eso es un peligro hoy. Sólo por una casualidad no se murió nadie todavía. No hay controles bromatológicos, algunos refrescan la mercadería en el Río de la Plata... Con la reglamentación, va a haber 32 puestos con heladeras, gas y todo lo que haya que tener. Hoy no lo pueden tener porque es complicado salir corriendo con una heladera cada vez que caen las inspecciones.
Qué es el Sivara
- El Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), fundado en 1973, posee 11.600 afiliados en todo el país; de ellos, 6200 pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, que pagan una cuota mensual de 20 pesos, aunque Silva reveló que sólo abona "el 50 por ciento". Sivara brinda asistencia médica "y pone un cuerpo de abogados a disposición de los compañeros cuando los detienen por trabajar en la calle", dijo.
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