1
Para evitar el vandalismo: nueva polémica por el enrejado para proteger un monumento histórico en la Patagonia
El Instituto Rocaniano instaló un cerramiento en torno a la estatua escuestre de Roca en el Centro Cívico de Bariloche; reclamos de la oposición política al municipio
7 minutos de lectura'
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La colocación de rejas en el monumento a Julio Argentino Roca en el Centro Cívico de esta ciudad reaviva una grieta histórica y política. En una medida motorizada por el Instituto Rocaniano con aportes privados y el aval de la intendencia local, la estatua ecuestre de Roca amaneció hace unos días rodeada por un cerramiento permanente de hierro. La intervención desencadenó la respuesta inmediata del Concejo Deliberante, donde la oposición exige saber si se cumplieron los permisos patrimoniales y presupuestarios.
El espacio central de la plaza seca del Centro Cívico de Bariloche registró el pasado miércoles 3 de noviembre una transformación de impacto visual cuando operarios y maquinaria pesada comenzaron la colocación de un cerramiento definitivo de barras de hierro macizo alrededor del monumento a Roca. La obra incluye no solo el cerramiento perimetral sino también un plan integral de restauración de la emblemática escultura de bronce de más de 5.000 kilogramos.
De acuerdo con lo informado por los ejecutores de las tareas, los trabajos de restauración están supervisados por el artista plástico local Daniel De Gaetano y contemplan el sellado y soldadura de los cortes en las patas del caballo –efectuados con sierra hace aproximadamente dos décadas–, la limpieza profunda del metal para remover capas de pintura y la reposición de la rienda de la figura ecuestre.
La ejecución técnica de la estructura estuvo a cargo de la firma metalúrgica Hery Carp, con un costo presupuestado de $20.000.000 en mano de obra metalúrgica y $1.000.000 correspondiente al honorario del restaurador. Sin embargo, al contemplar el conjunto de materiales e insumos, la inversión total supera los $50.000.000.
Martiniano Duarte, impulsor y presidente del Instituto Rocaniano, indicó a LA NACION que todo el financiamiento fue reunido a través de donaciones de particulares, empresas y asociaciones de diversos puntos del país: “No pedimos un peso al Estado”. Las estructuras de hierro utilizadas para el vallado fueron donadas por una capilla de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Duarte sumó que el proyecto empezó hace 4 años. “Logramos la personería jurídica, hicimos el proyecto de restauración y protección, y logramos que lo apruebe la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos; esto lo iniciamos con el gobierno de Alberto Fernández, tuvimos todo en contra. Luego reunimos el dinero y los materiales, encargamos el trabajo, obtuvimos la autorización de la municipalidad y la oportunidad para iniciar los trabajos”, resumió el coronel retirado.
Según las declaraciones de Duarte, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, no solo manifestó su respaldo explícito al cercado, sino que además aceptó incluir su firma en el pedido de autorización remitido al organismo patrimonial nacional. El titular del Instituto Rocaniano justificó la medida al señalar que la escultura constituye una obra de arte dedicada a un dos veces presidente de la Nación y sostuvo que la colocación de protecciones busca resguardar el patrimonio ante lo que calificó como actos reiterados de vandalismo motivados por sectores ideológicos.
Por su parte, el subsecretario de Cultura del municipio, Martín Iriarte, confirmó que la comuna otorgó las autorizaciones administrativas y el aval para el desarrollo de la obra. Iriarte precisó que el rol de la municipalidad se limitó a la verificación de la documentación técnica y a la supervisión de la instalación en el espacio público, aclarando de forma taxativa que la comuna no aportó fondos presupuestarios para la compra de materiales ni para el pago de la mano de obra.
La aparición del cerramiento en la plaza pública provocó una inmediata reacción política en el Concejo Deliberante de Bariloche. La concejal Roxana Ferreyra, perteneciente al bloque Nos Une Río Negro, presentó un pedido de informes formal dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal, cuestionando la falta de debate previo y la ausencia de notificaciones a las comisiones del cuerpo legislativo.
Ferreyra expresó su preocupación por el procedimiento utilizado para autorizar la intervención en el conjunto del Centro Cívico, remarcando tres ejes de requerimiento institucional. En primer lugar, advirtió que como el Centro Cívico de Bariloche cuenta con la declaración de Monumento Histórico Nacional, cualquier alteración física o de impacto visual en la plaza seca requiere de la autorización formal y fehaciente expedida por la autoridad patrimonial nacional.
En segundo lugar, la concejal recordó la vigencia de la Ordenanza Municipal 2.148-CM-2011, que establece la intervención obligatoria del Ente Municipal de Patrimonio Histórico y Urbanístico. Este organismo multidisciplinario –integrado por representantes del Ejecutivo, el Legislativo, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue y los colegios profesionales de Arquitectos y Turismo– debe emitir un dictamen técnico previo que evalúe el impacto ambiental, visual y arquitectónico antes del inicio de los trabajos.
Finalmente y en materia presupuestaria, Ferreyra subrayó que, según lo estipulado por la Carta Orgánica Municipal, todo ingreso de recursos económicos por donaciones de particulares o convenios con entes privados para la ejecución de obras en el espacio público debe ser remitido al Concejo Deliberante para su aprobación mediante ordenanza o adecuación presupuestaria.
Interculturalidad
Asimismo, Ferreyra sostuvo que Bariloche se define normativamente como un municipio intercultural, por lo que las decisiones referidas a símbolos de alta sensibilidad comunitaria deben gestionarse a través del consenso e información transparente.
A su vez, contrapuso la celeridad en la colocación de las rejas frente al estado general de deterioro de la plaza del Centro Cívico: “Hay mucha más preocupación por cercar el monumento, no importa el personaje, y la verdad es que si uno da la vuelta alrededor del Centro Cívico, va a ver que las lajas están pintadas, la madera del Centro Cívico está toda desvencijada, faltan las ventanas, las baldosas de la plaza están flojas. Falta un mantenimiento en toda la plaza del Centro Cívico, pero están más preocupados por las rejas. En democracia hay que buscar los consensos necesarios e informar para evitar el famoso ‘ir al choque’”.
La disputa por el vallado no representa un hecho aislado, sino un capítulo más en la extensa historia de rispideces en torno del monumento emplazado en 1941. En julio de 2023, durante la gestión del entonces intendente Gustavo Gennuso, el municipio anunció un proyecto de refuncionalización de la plaza seca que contemplaba la reubicación de la estatua ecuestre de Roca hacia las barrancas que lindan con el lago Nahuel Huapi, junto al busto de Juan Manuel de Rosas.
A pesar de contar en su momento con el aval inicial de la Comisión Nacional de Monumentos, la iniciativa despertó una fuerte polémica política e historiográfica a nivel provincial y nacional. La controversia derivó en la intervención de la Justicia de Río Negro, que en agosto de 2023 dictó una medida cautelar ordenando al municipio abstenerse de concretar cualquier mudanza o alteración del emplazamiento original, restringiendo las acciones autorizadas a tareas exclusivas de conservación y mantenimiento.
La discusión de fondo involucra además la concepción urbanística del Centro Cívico. El diseño proyectado a fines de los años 30 por el arquitecto Ernesto de Estrada preveía una plaza seca sin esculturas centrales, destinada a ser un espacio libre de obstáculos para las expresiones comunitarias. La posterior instalación de la estatua por disposición de la Dirección de Parques Nacionales introdujo una centralidad que con el paso de las décadas convirtió al monumento en blanco frecuente de protestas sociales, pintadas y reclamos de agrupaciones nativas y ambientalistas, generando enfrentamientos directos entre manifestantes y las autoridades locales.
Con la instalación de la reja definitiva, el debate sobre el uso del espacio público, la preservación patrimonial y el cumplimiento de los procedimientos institucionales vuelve a ubicarse en el centro de la escena política de Bariloche.
