Pérez Volpin: la familia denunció al juez en el Consejo de la Magistratura

La familia de Débora Pérez Volpin presentó esta mañana una denuncia ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación para solicitar que se revise el accionar del juez de la causa, Javier Anzoátegui, quien dirige el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal.

La denuncia se basa en ciertas ofensas que la familia cree que el Magistrado realizó. "Lo hemos leído en sus resoluciones, (..) pero sobre todo lo hemos percibido a través de cada una de sus advertencias, de sus amenazas, de sus ´dobles sentidos´, de sus insultos hacia la profesión de periodista que con tanto amor y dedicación ejerció nuestra querida Débora durante casi 30 anos de su existencia", dice la denuncia, realizada por la madre, el hermano, los hijos y la pareja de la periodista y legisladora.

El escrito también lleva las firmas de numerosos diputados de distintos partidos, como Martín Lousteau, Myriam Bergman, Agustin Rossi, Mario Raúl Negri, Gabriel Solano y Nicolas Massot, entre muchos otros. También, de conocidos periodistas, muchos de ellos colegas de Pérez Volpin.

Malestar

Parte del malestar de la familia con el juez se relaciona con lo que consideran retrasos innecesarios en la realización del juicio oral y público, cosa que el juez ha negado en sus resoluciones. En particular, la realización de una Junta Médica, que fue pedida por las defensas de los acusados y prolongó el período de instrucción (para la familia, innecesariamente). Y luego, la postergación del juicio apenas dos días antes de que comenzara, que se debió al pedido de probation que el endoscopista llevó hasta la Corte Suprema. Para la querella, esta suspensión del juicio no estaba justificada, sino que fue una "extraña adaptación normativa que, de manera antojadiza, realizó el Magistrado".

"Aquella inédita suspensión -incomprensible jurídica y racionalmente-, (..), resultó la confirmación de aquella pasividad con la que el Magistrado se venía comportando en los días previos a la realización de un debate oral, cuya fecha de inicio (10 de junio de 2019) había sido establecida tres meses antes -el 20 de marzo del corriente año-". Según denuncia la familia, a tan solo dos días de que comenzara el juicio oral no se había notificado a ninguno de los 58 testigos que deben declarar en la causa.

La presentación también reclama que el magistrado tiene una enemistad manifiesta con uno de los abogados que la representan, Diego Pirota, a quién el juez le inició un expediente por ciertas declaraciones periodísticas.

El Consejo de la Magistratura debe analizar ahora si hace lugar o no a la denuncia.