Piden perpetua por el caso Regis

La fiscalía de San Isidro pidió que los dos asaltantes acusados de asesinar al ingeniero Carlos Regis durante un robo en su casa de Béccar, en 2008, sean condenados a prisión perpetua.

Durante sus alegatos, los fiscales Patricio Ferrari, Diego Callegari y Eduardo Rodríguez, solicitaron que Julio Omar López, de 29 años, y Sebastián Ernesto Bordón, de 33, sean condenados a prisión perpetua por considerarlos responsables del homicidio del ingeniero, ocurrido en julio de 2008.

Los jueces Lino Mirabelli, Clarisa Moris y Mario Alberto Kohan, que integran el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, de San Isidro, darán a conocer su veredicto el miércoles próximo.

Durante el debate los acusados, fueron identificados por al menos tres testigos como las sospechosos que irrumpieron en la casa del ingeniero químico, tomaron a su familia como rehén y luego, al encontrarse cercados por la policía, intentaron escapar usando a Regis y a su hija como escudos.

Los imputados fueron reconocidos por la esposa y dos de los hijos de la víctima, que al momento del asesinato se encontraba al frente de una empresa dedicada a la producción de aditivos para la industria cerámica y a la fabricación de esmaltes.

El asesinato de Regis ocurrió el 17 de julio de 2008 en su casa situada en Rodó 1810, de la ciudad de Béccar. Allí ingresaron tres delincuentes armados y exigieron al ingeniero químico que entregara el dinero y los objetos de valor que tenía en la vivienda.

Según declararon los testigos, uno de los ladrones disparó quemarropa contra Regis y otro de los asaltantes baleó a la hija del ingeniero y la hirió en la cara. Regis falleció en el hospital, mientras lo operaban. Era muy apreciado en el barrio. Allí el matrimonio vivía con sus cuatro hijos.

La investigación del homicidio recayó en el fiscal de San Isidro Diego Callegari. Luego de una serie de procedimientos judiciales y policiales, el fiscal logró localizar a los imputados, que fueron apresados el 24 de julio del 2008 .

Los sospechosos fueron apresados durante una serie de allanamientos realizados en Pablo Nogués, en San Fernando y en Tigre, donde la policía también secuestró un arma y un automóvil.

Magistrados cuestionados

Antes de la tragedia de la familia Regis, uno de los dos acusados había sido beneficiado con una excarcelación que le dictó el juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari.

Según lo había denunciado el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, el magistrado habría excarcelado al imputado, a pesar que había sido procesado por tenencia ilegal de arma de guerra, un delito que el Código Procesal Penal no permite la aplicación de dicho beneficio.

A partir de esta presunta irregularidad, el magistrado fue denunciado por la Asociación Civil Madres del Dolor. El proceso que comenzó con dicha presentación derivó en un juicio político, que actualmente está en la etapa de presentación de pruebas.

En la misma situación está el juez Esteban Rosignoli, el otro juez de Garantías de San Isidro, quien también es investigado por las supuestas irregularidades registradas en el otorgamiento de la excarcelación al segundo imputado en el homicidio de Regis.

A principios de marzo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se reunió en el Senado bonaerense y, luego de revisar las denuncias contra los jueces, concluyó que existían elementos para comenzar a analizar si había méritos para juzgar a Sal Lari y a Rosignoli por presunto mal desempeño en sus funciones. Además del caso Regis, Sal Lari fue cuestionado por su actuación en la investigación del millonario asalto contra la sucursal Acassuso del ex Banco Río.

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