Polémica en Mendoza por un caso de alquiler de vientre

MENDOZA.- Un nuevo caso de alquiler de vientre volvió a encender la polémica en Mendoza cuando, a comienzos de este mes, las autoridades detuvieron en el aeropuerto El Plumerillo a una pareja de ciudadanos chilenos que intentaba tomar un vuelo rumbo a Santiago con su beba en brazos. El caso renovó la discusión en torno a un procedimiento detrás del cual suele haber formidables intereses económicos y un negocio espurio. La gestación por sustitución -como se designa técnicamente el llamado alquiler de vientre- no fue incorporada al reciente Código Civil durante su modificación, pese a que un anteproyecto lo incluía.

Se trata de una práctica por la cual una mujer, de común acuerdo con un individuo o una pareja, acepta que se le transfiera a su útero el embrión previamente engendrado mediante técnicas de fertilización asistida con el propósito de quedar embarazada, llevar a término ese embarazo y no reclamar la filiación tras dar a luz.

En medio de una ola de fuertes críticas, las autoridades de la agencia Argentina Maternity, sospechada de estar involucrada en el episodio, decidieron cerrar las puertas del establecimiento y publicar un extenso descargo en su página web, en el que señalan que no desean que Juan Pablo Rojas Pascual, abogado y titular de la empresa, se convierta en "un Favaloro de la maternidad subrogada". El episodio mereció que se abriese una causa de oficio en la Fiscalía Especial.

Un proyecto de ley

El tema de fondo es el vacío legal en torno a la gestación por sustitución. Laura Montero, senadora nacional por la UCR y vicegobernadora electa de la provincia, presentó un proyecto de ley para regular esta práctica y evitar así que continúe siendo una actividad lucrativa. La iniciativa prevé una pena de hasta seis años de cárcel para los intermediarios, que puede duplicarse en los casos en que se detecten fines comerciales o frecuencia en la práctica.

Hace un tiempo, Mendoza había sido escenario de un fuerte debate cuando llegó a la Justicia el caso de un bebe nacido como fruto de un alquiler de vientre en el Hospital Español. El juez de Familia Carlos Neirotti autorizó que se hubiese llevado a cabo el procedimiento y que sus padres biológicos lo inscribiesen con el apellido familiar.

Montero, quien espera que su proyecto obtenga estado parlamentario en los próximos días, se mostró sorprendida por la aparición de nuevos casos. "Nada de jurisprudencia en favor del negocio -señaló en diálogo con LA NACION-. Queremos que haya una tutela jurídica en todo el proceso. Ante esta nueva realidad, la mejor solución, la más garantista, no es cerrar los ojos ni prohibir, sino regular. Y más aún en tiempos en que existe tanta preocupación por el avance de la trata de personas."

En la elaboración del proyecto trabajó Eleonora Lam, abogada e investigadora del Conicet, quien participó en la reforma del Código Civil, junto con la reconocida jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. La nueva iniciativa prevé un procedimiento con mayor seguridad jurídica y durante el cual se respeten los derechos del niño y los de la gestante. Con ese fin propone la creación en la órbita del Poder Judicial de un registro de gestantes, así como la de un equipo multidisciplinario que evalúe la aptitud psicofísica de la mujer antes de concederle la autorización legal para avanzar en el tratamiento, siempre y cuando ya haya sido madre. De acuerdo con el proyecto, la mujer podrá participar del proceso hasta en dos oportunidades; recibirá cobertura de una obra social y una compensación económica.

Para quienes intervengan en esta clase de prácticas sin la habilitación judicial, así como para los profesionales o las empresas que hagan de intermediarias, se recomiendan penas de entre tres y seis años de prisión, que se duplicarán cuando estos hechos se hayan cometido con frecuencia o con un fin lucrativo.

Especialistas y colegas de Neirotti esperan que se actúe rápidamente para tener una normativa integral que "ponga freno a las especulaciones económicas" y evite "que se juegue con las necesidades de la gente".

La salida del país

La pareja chilena detenida en El Plumerillo está integrada por un reconocido médico neurólogo de 62 años y su novio psicólogo. Estaban a punto de embarcar rumbo a Santiago, con la beba en brazos, cuando agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) los interceptaron y prohibieron que abordaran el vuelo. Tenían los papeles en regla, incluida la autorización de la gestante para que la beba saliera del país, aunque el pasaje no registraba fecha de regreso. Lo que llamó la atención de la policía para interceptarlos fue ver a una pareja de hombres con una beba en brazos.

La pareja contactó a su abogado, Juan Pablo Rojas Pascual, titular de Argentina Maternity, que se ofrecía hasta ahora como intermediadora del servicio de gestación por sustitución; es decir, contaba con mujeres dispuestas a ser madres mediante el método de fecundación in vitro. La agencia había quedado en la mira de los especialistas cuando en enero pasado se conoció el primer caso de alquiler de vientre.

La madre gestante -una mujer de 32 años y escasos recursos económicos, actualmente en pareja y oriunda del departamento de Godoy Cruz- explicó a la Justicia que tras dar a luz no mantuvo contacto con el bebe y se limitó a firmar la autorización para que abandonase el país. Por su parte, Rojas Pascual se negó en un primer momento a confirmar el patrocinio del caso, aunque terminó aceptándolo.

El médico de la pareja trasandina -quien había manifestado en principio que mantenía un romance con la gestante, ardid desbaratado por la confesión de la mujer ante la Justicia- permanece en la provincia a la espera de los análisis de ADN que confirmen su paternidad y de una nueva resolución judicial que le permita regresar a su país con la beba.

Los especialistas aguardan, en cambio, una solución de fondo. "Lo más importante es poner un freno a este turismo gestacional. Estamos frente a una economía del delito que ni siquiera está penada", señaló Montero.

Por Pablo Mannino

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